Bien lo ha esbozado la presidenta Claudia Sheinbaum: bajar el costo de la política electoral (voto, partidos, organismos electorales) y apretar la rendición de cuentas, reducir la representación plurinominal y modificar su fórmula electiva, racionalizar el número de regidurías en ayuntamientos, aumentar consultas públicas y la participación ciudadana directa, afinar el voto y representación migrante y condicionar el fuero legislativo, en el entendido de que las autoridades electorales preserven y ejerzan de manera responsable su autonomía, son piezas clave de la iniciativa que se prepara en tan sensible materia.
No se trataría de una reforma electoral regresiva o autoritaria, salvo en la mente de quienes la contrastan con parámetros generales, abstractos y no contextuales o no funcionales a sus preferencias o intereses personales o de grupo. Una especie de fetichización de la democracia electoral.
Advierto, más bien, una reforma atenta al concepto y la institución de modalidades de democracia representativa, participativa, de género, deliberativa y comunitaria en su contexto, es decir, conforme con los objetivos, agendas y circunstancias específicas del sistema político-electoral mexicano y los sistemas y entornos con los que interactúa, como en los hechos ocurrió en mayor o menor grado en reformas previas y recomienda la experiencia comparada.
Así, cuando entre nosotros concepto, institución y contexto correspondieron a la transición del hiperpresidencialismo al hipopresidencialismo, del partido hegemónico al pluralismo moderado tutelado, o bien, de autoridades electorales dependientes a independientes, y de ciudadanía clientelar a otra de mediana independencia e intensidad, los actores centrales acordaron una y otra vez la gradualidad de esas reformas y transacciones.
Esa mecánica les produjo dividendos cruzados en un ambiente internacional pro-librecambista, que también absorbió la ilicitud. Todos ganaban algo y calculaban el siguiente paso, pero bajo el pacto no explícito de no dejar pasar a la izquierda a Los Pinos, en particular al lopezobradorismo.
Al cambiar el contexto internacional de librecambista a neoproteccionista selectivo con sus reflejos nacionales y regionales, aumentar las carencias en países centrales y periféricos, crecer desesperadas las demandas populares, en síntesis: al agudizarse las contradicciones del neoliberalismo económico y sus graves impactos sociopolíticos, jurídicos y culturales, la transición democrática mexicana cumplió su ciclo.
Aun contando pifias históricas como la del Partido de la Sociedad Nacionalista que apareció y desapareció con 100 millones de pesos del financiamiento público, su éxito fue notable: todos los partidos centrales accedieron a la representación política, de la presidencia hacia abajo. A la vez, esa transición se agotó abriendo la puerta, dadas sus limitaciones y errores, a la opción de la transformación a tono con las nuevas circunstancias.
Como buen país semiperiférico (80% dependiente del mercado estadounidense, codependiente en agenda bilateral y bajo su sombra estratégica militar), el Estado mexicano tiene que sincronizarse con un contexto alterado, externo e interno.
Así que es sabio seguir observando y midiendo con cuidado la incierta y volátil dinámica externa, en particular las acciones posibles de la administración Trump, cuyos motivos pragmáticos son transparentes y su abanico de opciones muy amplio: artes digitales y marciales, mensajería instantánea, aranceles, visas, requisitos, sanciones cruzadas y hasta incursiones directas.
Al mismo tiempo, hay que continuar sondeando las condiciones nacionales: símbolos profundos, recursos insuficientes, territorios capturados, presión criminal, demandas políticas y mediáticas, debilidades organizacionales, infidencias, divisiones y corruptelas, entre otras.
En semejante contexto, la reforma electoral debería procesar los objetivos ya mencionados: costo, legitimidad, pluralismo, inclusión y rendición de cuentas, hasta donde esto es posible desde el acuerdo y el diseño, pues bien sabemos que la realidad contextual incierta y las buenas y malas prácticas operarán y la deformarán en la luz o en la oscuridad.
No obstante, la pretensión central es pertinente. Pienso que sería útil construir algo parecido a lo que se hizo durante la transición democrática, ojalá que sin las malas prácticas que dejaron reproducir y endogenizar la ilicitud y la macrocriminalidad: un esquema deliberativo, participativo y gobernable que propicie la competencia, el pluralismo y la diversidad, a la vez que asegure la conducción en un tiempo aciago para los intereses soberanos aunque interdependientes de México.
Todos los actores sacrificarían y podrían seguir ganando algo entre los miles de cargos y opciones en juego, más la ciudadanía y el pueblo cobrarían mayor incidencia en las decisiones públicas.
Así, por ejemplo, se anticipa y ensaya mediante la consulta revocatoria de la gubernatura oaxaqueña del próximo 25 de enero o se muestra con la emergente y rebelde demanda tapatía de referéndum a tarifas de transporte público.
En tales circunstancias, nadie puede aherrojar el acceso al poder para siempre, salvo que adore el suicidio.
Todos vamos a continuar la brega hacia 2027, 2030 y más allá, y desde luego sin caer en la tentación de desenterrar los espejos venezolano o boliviano que en la mayor parte de sus superficies lucen oxidados.
Nuestro contexto es otro y en esta otredad habitan los factores dinámicos a valorar con sensibilidad e inteligencia.