He decidido dedicar estas línea a un asunto que ha sido relevante desde las elecciones federales pasadas; un tema que ha sido ampliamente discutido y debatido a lo largo del último año, pero que, sin embargo, continúa siendo de actualidad.
Morena, PT y Verde ganaron alrededor del 54% del total de los votos en la Cámara de Diputados, es decir, apenas un poco más de la mitad de los sufragios. A la luz del artículo 54 de la Constitución, la asignación de sus diputados plurinominales debía estar limitada al 8% de la totalidad de los votos sufragados por cada uno.
El INE y el Tribunal, mediante una lectura amañada del citado artículo, decidieron interpretar la palabra “partido” en su sentido literal. Sin embargo, lo hicieron únicamente en la lectura de uno de los numerales. En otras palabras, una interpretación integral del 54 que hiciese honor al espíritu del Constituyente de 1996 habría significado que el tope del 8% hubiera aplicado a la coalición, y no así a cada partido integrante.
En adición, la coalición gobernante alcanzó la mayoría calificada en la cámara baja a pesar de la reserva constitucional que blindaba a la carta magna estableciendo un límite de 300 diputados por partido, fuese de mayoría o de representación proporcional. Las autoridades electorales, de nuevo, traicionaron la letra y el espíritu de la ley fundamental.
Los propagandistas del régimen, a veces disfrazados de “especialistas en derecho constitucional” contestan el argumento de la sobre representación ilégitima con el hecho de que Morena y sus aliados ganaron el 85% de los distritos. Sin embargo, lo que omiten señalar es que la propia carta magna no considera el número de distritos obtenidos como referencia para la asignación de los plurinominales, sino la votación total.
Sumado a lo anterior, la cooptación de un puñado de senadores en la cámara alta como el apóstata Yunes supuso el control absoluto de la totalidad del poder legislativo. Esta sobrerrepresentación inconstitucional e ilegítima ha sido la raíz del desmantelamiento de los organismos autónomos, de la captura del poder judicial y de lo que se viene: la reforma electoral.
Esta realidad no debe ser echada a un lado, mucho menos olvidarse ni extraviarse en la conversación pública. Es cuanto.