Transcurrida casi una semana de la tragedia del 5 de marzo en el Estadio La Corregidora de Querétaro, y aún sin poder dar crédito a las perturbadoras imágenes que dejó el salvajismo con que fueron golpeados aficionados del Atlas de todas las edades, principalmente jóvenes y personas de la tercera edad, resulta obligado revisar quiénes se beneficiaron de esta situación y quiénes definitivamente resultaron perdedores tanto dentro como fuera de la cancha. Las aristas sin duda apuntan a que se trató de una acción premeditada de la que bien sea política o económicamente algunos resultaron favorecidos, sin menoscabo de que en teoría alguien más habría cobrado algún tipo de venganza o mostrado su poderío en la lucha entre grupos y carteles. Lo que sí queda claro, porque las imágenes así lo muestran, es que los agresores fueron enviados con el objeto de generar disturbios y detonar un suceso mediático que obtuviera alcances internacionales tal como ocurrió.

En lo político, uno de quienes resultaron beneficiados es el Fiscal General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, pues la trifulca se genera apenas unas horas después de que en YouTube comenzaran a circular audios extremadamente comprometedores que lo hacen aparecer incurriendo en presunto abuso de poder, ejecutando una venganza personal y además involucrando al Poder Judicial de manera por demás negativa, cuando deja saber que tiene ministros a sus órdenes.

Otro favorecido en esta revuelta es el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO). ¿Por qué? Porque el acontecimiento le cae -otra vez- “como anillo al dedo” tanto para distraer la atención de los audios del Fiscal, como para mostrar ante el mundo a Querétaro, -un estado gobernado por la oposición-, como una entidad en la que no se puede garantizar la seguridad de su población mínimo en un estadio de fútbol. Gana también porque en ese contexto ha podido controlar y manejar la situación a su favor simplemente con “perdonar la vida al alcalde y al gobernador”. Es decir, siendo López Obrador un personaje que disfruta señalando los yerros de sus adversarios, en esta ocasión no optó por crucificar al gobernador panista y neoliberal cuando tenía la oportunidad de noquearlo; al contrario, salió en su defensa seguramente para apretar y comprometer a que se le deba un gran favor.

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Pero hay más suertudos; uno de ellos es el Grupo “Caliente”, propiedad del empresario y político Jorge Hank Rhon, dado que hay que recordar que este grupo empresarial es aún dueño del club siendo que lo vendió hace un par de años pero todavía no se lo terminaban de pagar y podrá recuperarlo, aunque en un plazo de un año deberá venderlo a alguien más.

Evidentemente, pierden los funcionarios menores del gobierno de Querétaro que fueron suspendidos entre ellos el director de operación policial, Leonardo Flores; el encargado de la Unidad de Campo, Agustín Martínez; el coordinador de Eventos y comisionado para el partido entre Querétaro y Atlas, Carlos Mendoza; y el responsable de la Gestión de Riesgos de Protección Civil, Carlos Toscado.

Aquí ganan de momento los funcionarios superiores no involucrados hasta ahora; el Comisionado, el director de Protección Civil, el Alcalde de la Ciudad, el Director de la compañía de seguridad, y los mandos superiores, etcétera.

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En tanto, con las sanciones acordadas por la Asamblea de Clubes de la LIGA BBVA MX y la Federación Mexicana de Fútbol, en lo futbolístico pierde el juego en la mesa el club Querétaro por 0-3.

A nivel institucional, pierden quienes fungían como dueños de la franquicia. Manuel Velarde y Gabriel Solares, así como su directiva que queda fuera de las operaciones del equipo y son expulsados del fútbol mexicano, además que pagarán una sanción económica de 1.500.000 pesos mexicanos.

Pierde la verdadera afición de los Gallos Blancos por la clausura del Estadio La Corregidora por un año, y pierden las categorías juveniles y femenina del club, las cuales podrán jugar de locales pero a puerta cerrada.

Pierde la barra del Club Querétaro llamada La Resistencia, que no podrá asistir durante los próximos tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos en calidad de visitante.

También pierde la Barra 51 del Atlas, que tiene prohibido asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses.

Y ya en este punto, solo quedará por ver si gana o pierde la justicia, y ello dependerá prácticamente de la voluntad por parte de las autoridades para sancionar a los salvajes agresores que golpearon con total saña y casi hasta matar a los aficionados atlistas.

Para los detenidos, que de acuerdo con la información de la Fiscalía General de Queretaro hasta el momento suman 12 de 26 órdenes de aprehensión que fueron giradas, se plantean dos escenarios:

En el primero, es posible que al no existir muertos o al menos no evidenciarlos, les señalen lesiones y de acuerdo al grado de las mismas se alcancen acuerdos reparatorios que irían quizá no más allá de 20 o 30 mil pesos por cada uno, toda vez que muchos de los ofendidos ya sanaron o los hicieron sanar a fuerzas dándolos de alta, quedando solo uno hospitalizado que seguramente tardará más de 15 días en recuperarse, además de que todos fueron atendidos en hospitales gubernamentales y no habría prácticamente gasto de los individuos lastimados y es muy difícil probar el daño.

Otro delito que se les podría imputar es el robo (celulares, carteras y playeras) que es de menor nivel, y que adicional a que deberá acreditarse tendría que haber denuncia por parte de los ofendidos y pareciera que es muy dudoso que alguien quiera acudir a presentarla para posteriormente regresar a ratificarla.

Un delito más que se podría configurar es daño a las cosas pero realmente no serían muy cuantioso tratándose de solo vidrios, sillas, mayas, y banderines. Quedaría todo en una ridícula sanción y sería fácil liberar a los presuntos.

Ahora bien, si el gobierno encabezado por Mauricio Kuri quisiera realmente aplicar todo el rigor de la ley como prometió hacerlo durante una rueda de prensa en la que amenazó a los criminales con encontrarlos, entonces se les debe procesar por el delito de homicidio al menos en grado de tentativa tumultuario; premeditación, alevosía y ventaja, que son delitos graves; y delincuencia organizada tanto federal como local porque había armas y porque al estado probablemente le puedan encajar que depende de una agrupación nacional que se rige por un reglamento federal de espectáculos; y podrían fincarles también algún tipo de esquema ligado a terrorismo y ahí sí fincarles responsabilidad civil, penal y administrativa.

En el caso de las autoridades municipales y los privados que fueron omisos y/o negligentes, además de las suspensiones, se les puede sancionar ahora por la vía civil y penal en el ámbito de la justicia regular.

Esos son pues los posibles escenarios y será interesante ver por cuál vía se decantan las autoridades. Existen no pocos elementos probatorios de los delitos cometidos pero todo el asunto se va a definir en cuanto a la voluntad que exista para aplicar las sanciones.

Como ya lo mencioné, cabría la posibilidad de que el tema fuera atraído por el ámbito federal pero después de ver la actitud de López Obrador en este tema, que no solo liberó de toda responsabilidad al gobernador Kuri sino que además propuso “hacer una consulta a los aficionados, a los ciudadanos y a los comentaristas deportivos para las sanciones que se deban aplicar a los criminales que golpearon a los atlistas” -como si se tratase del Coliseo Romano-, queda claro que no va a proceder en ningún sentido.