No son pocas las teorías surgidas en torno al origen de la barbarie registrada el sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora de Querétaro. Las versiones van desde la más común en el sentido de que una riña entre aficionados de los dos equipos (Gallos Blancos y Atlas) propició otros enfrentamientos simultáneos en distintas partes de la tribuna que prosiguieron en la cancha, los túneles de acceso a vestidores, y la zona de estacionamiento para el equipo visitante, entre otras, así como la señalada por un diario de circulación nacional respecto a un presunto ajuste de cuentas entre un huachicolero aficionado del equipo local -que se hizo acompañar de un grupo de choque- y un miembro de la barra 51 del Atlas perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), hasta una posible venganza por la negativa del estadio a pagar “la cuota” o “derecho de piso” al crimen organizado para que se celebrara el encuentro.

Pero todas estas teorías desde la más básica hasta la más conspirativa confluyen en una muy lamentable realidad: la descomposición social. Un México donde se le resta valor a la vida porque desde la más alta esfera del gobierno no impera el orden, porque en lugar de ir contra los criminales se privilegia la estrategia de “abrazos no balazos”, porque a los narcos se les deja libre, y porque el crimen organizado se ha metido en la vida de los mexicanos. Los ríos de sangre que se han visto correr en los últimos días lo mismo en un fusilamiento a plena luz del día en Michoacán, así como la crueldad y salvajismo observado en el estadio de futbol, son un signo inequívoco de que la guerra que comenzó el expresidente Felipe Calderón está más perdida que nunca bajo la égida de Andrés Manuel López Obrador.

No podemos tener certeza de que en algún momento se llegará a la verdad de lo ocurrido, siendo que la actuación de las autoridades deportivas y de gobierno de la entidad queretana han sido negligente, omisa, insensible, y mentirosa.

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Negligente porque es evidente que se incumplieron los protocolos de seguridad y de protección civil que se deben aplicar en un evento masivo. Hay testimonios en el sentido de que prácticamente no había policía municipal ni dentro ni afuera del estadio La Corregidora y la escasa que se encontraba fue omisa y cobarde, quizá reconociendo que por el número limitado de su grupo también pondrían en peligro su vida si intentaban contener a la turba de salvajes que armados con tubos, maderas, sillas, botes, piedras, y armas punzo cortantes, entre otros objetos, atacaban a cualquier persona con un jersey del equipo visitante aún fuesen niños, mujeres, o ancianos.

Pero lo más reprochable por parte de los uniformados, es que hayan sido ellos mismos quienes abrieran las rejas para que una multitud de desadaptados tuviera el acceso libre para atacar a los aficionados del Atlas.

Negligente también porque en relación con la Seguridad Pública, se saltaron leyes que imperan en México, por ejemplo, el hecho de que cuando se pretende realizar un espectáculo público se tiene que contar con los permisos correspondientes que otorga la autoridad municipal tratándose de un lugar donde habrá público de forma masiva como sería el caso de un estadio de futbol; se debe establecer conocimiento real del edificio, de las instalaciones, los parámetros, estrategias y planes de seguridad para brindar a la población protección tanto por parte de la llamada seguridad pública como Protección Civil para evitar accidentes en cualquier orden. Además, se debe pagar una licencia con las condiciones a cumplir que son básicamente en el aspecto de seguridad la presencia de un cierto número de elementos por cada equis número de personas a asistir, no solo para mantener la vigilancia de puertas y evitar que la gente ingrese con artículos de ataque, bebidas embriagantes, personas alcoholizadas o drogadas, sino vigilar que no se desborden los ánimos, controlar alguna riña o amainarla, sacar del lugar algún rijoso y en general brindar protección a los asistentes. Asimismo se debe contratar policía privada para impedir que se distraiga a empleados uniformados del municipio quedando desprotegida la ciudad.

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En este contexto, se debe apuntar al presidente municipal de la ciudad de Querétaro como el principal responsable de lo acontecido por ser en efecto la cabeza de la policía y de protección civil, no obstante que debe haber más responsables de la policía formal, la fuerza pública, y quienes debían vigilar que asistiesen realmente los elementos contratados de forma privada y que cumpliesen con sus  tareas; es decir, de todos aquellos personajes funcionarios que hayan estado a cargo de la toma de decisiones o actuaciones y que pudieron incurrir en negligencia criminal, así como quienes solaparon esto.

Omisos porque hay imágenes que dan fe de que los pocos uniformados presentes evadieron su responsabilidad, las imágenes muestran a un policía hablando por teléfono y dando la espalda mientas los rijosos corren tras sus presas, uno más inmóvil desde el terreno de juego observando la trifulca en la gradería o los tres que únicamente miran cómo a escasos pasos de ellos un tipo con playera de gallos salta sobre el cuerpo inerte de un aficionado atlista que pareciere muerto o desmayado -en el mejor de los casos-.

Omisos igualmente los directivos de Gallos Blancos porque existían visos de una “sorpresa” que preparaban las barras locales que en días previos se comunicaban a través de redes sociales planeando la “emboscada” -para al parecer cobrar venganza de la eliminación sufrida por su equipo algunas campañas atrás a manos del conjunto rojinegro- y no hicieron nada.

Insensibles porque en el colmo de lo absurdo,  la directiva de Gallos Blancos a través de su presidente Adolfo Ríos, ofrecía disculpas por lo ocurrido -como si eso fuese suficiente-  y solicitaba que el encuentro suspendido se reanudara al día siguiente, siendo que todavía había jóvenes tirados por todo el estadio convulsionando y quizá agonizando. De hecho, fue la negativa de la directiva del Atlas y la presión social que obligó a que no solamente no se reanudara el partido al día siguiente sino que se suspendieran todos los juegos de la jornada programados para el domingo.

Mentirosas las autoridades porque después de las dantescas imágenes que fueron grabadas por los propios aficionados -las cuales han dado la vuelta al mundo-, y porque hay testigos que afirman haber visto y saber de amigos y familiares muertos en la riña, las autoridades insisten en negar que haya fallecidos.

Ahora bien, de qué sirve que se condene por parte de las autoridades de Querétaro y que se diga que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias y todo mundo va a ir a la cárcel, cuando han comenzado por ocultar los hechos.

Se deben abrir carpetas de investigación, pero de entrada corresponde separar del cargo a los responsables por acción u omisión incluido el alcalde de la Ciudad para que se pueda investigar con libertad por una autoridad distinta a la local toda vez que hay intereses políticos que pueden entorpecerlas.

En cuanto a lo futbolístico, lo que debe acontecer es que se detenga la temporada el tiempo necesario hasta que se lleve a cabo la investigación y hasta que se revisen las medidas que deben tomarse en todos los estadios de fútbol. Basta de barras. Basta de riesgos. Los clubes tienen que dejar de patrocinar ‘barras’ que además gozan de privilegios como tener sus boletos seguros, y los autobuses para acompañar al equipo, con tal de que animen a su equipo ya sea de local o de visitante.

Si bien en esas barras hay gente honorable, honesta, educada, también las integran personajes inadaptados, con adicciones, con otro tipo de mentalidad y de falta de valores que no solamente acuden a ver futbol sino también a propiciar otro tipo de situaciones.

Los aficionados al futbol, las familias, la gente que quiere acudir a un estadio portando una playera distinta a la del equipo local lo debe poder hacer con toda la tranquilidad como ocurre en partidos de beisbol o de basquetbol, con la confianza de que su seguridad y su vida no estará en riesgo por ese motivo.

Ahora bien, se debe exigir a las autoridades hablar con la verdad sobre el número de heridos, lesionados, muertos (si es que los hay). Es preciso dar a conocer una lista oficial de cuántos atlistas realizaron el viaje, cuántos regresaron, en qué condiciones, y cuántos están desaparecidos.

Es patético pero además de enojarse y protestar debemos exigir actuación inmediata.

Inclusive, si como se presume, además de la riña personal entre delincuentes huachicoleros y del crimen organizado hubo otro tipo de situaciones que habrían generado la barbarie al insertar grupos de choque o criminales dispuestos a matar -como se escucha claramente en uno de los videos que circulan profusamente en redes sociales-, la investigación no debe quedar en el ámbito municipal.

El asunto es que, no solo el futbol quedó manchado de rojo el funesto sábado 5 de marzo. La mayor tristeza es constatar que el hampa ha penetrado ya prácticamente en todos los sectores sociales y productivos, en un México en el que los delincuentes transitan con absoluta impunidad; en el que los delincuentes tienen vía libre.

Y es que, en un México, en el que todos los días se destila odio, se polariza, se propicia el ajuste de cuentas, el encono, y el resentimiento, a través de la televisión, no es desfasado que a un aficionado al fútbol lo puedan matar solo por portar un jersey del equipo rival.