En Oaxaca el talento natural acredita su nivel cuando se presentan ventanas de oportunidad.
Así se hizo notar en la reciente Audiencia Pública para la reforma electoral, realizada en el Parque Primavera en el municipio de Xoxo, promovida por la Comisión Presidencial encabezada por Pablo Gómez, en esta ocasión representada por Arturo Zaldívar con el apoyo del gobierno del estado de Oaxaca, a cargo del gobernador Salomón Jara y a través de su Consejero Jurídico, Geovany Vásquez Sagrero.
Lo sostengo en esos términos dada la pertinencia de las propuestas y argumentación que presentaron las y los ponentes.
Entre otras cosas, se planteó el ajuste a la modalidad de elección de las diputaciones y senadurías por representación proporcional; mantener y reforzar la autonomía y consistencia de los organismos electorales locales, sobre todo en casos como Oaxaca o Guerrero, dada la fuerte presencia indígena o de personas afrodescendientes en sus territorios, o bien, valorar que el 80% de las resoluciones de tribunales locales no se imagina en instancias federales, por lo que su papel de gestores o filtros de conflictos es relevante; así como apuntalar a las fiscalías electorales.
Asimismo, se propuso redirigir los recursos producto de multas hacia la política de género; facilitar requisitos y trámites para registrar partidos nacionales y locales (permitir a estos la doble afiliación, nacional y local); incentivar candidaturas independientes de auténticos liderazgos civiles, lo mismo que preservar y profundizar la política de interculturalidad y el pluralismo jurídico, igualdad de género e inclusión de grupos vulnerables, tales como personas de la diversidad sexogenérica, discapciidad, adultos mayores o juventudes de manera auténtica y con máxima integridad para evitar fraudes a la ley.
Llamó en particular mi atención la propuesta de que los representantes populares, especialmente las y los legisladores, realicen audiencias públicas en forma periódica, obligatorias y con efectos vinculantes en términos de rendición de cuentas y posible revocación de mandato.
Al respecto, en otro lugar he propuesto que las promesas de campaña deberían ser clasificadas como de alta, media y baja prioridad; deberían ser monitoreadas por el pueblo y su incumplimiento o cumplimiento tendría que ser sancionado o recompensado oportuna y efectivamente, honrando a los servidores públicos ejemplares, que los hay y muchos.
Otras propuestas estuvieron relacionadas con la precisión de que la revocación también equivale a la opción de ratificación del mandato; se amplíe al máximo posible con seguridad y eficacia el uso de modalidades electrónicas de votación o se terminen de unificar los calendarios electorales pendientes, además de reestructurar el modelo de fiscalización con medidas preventivas y sanciones que limiten las malas prácticas.
El mensaje de la Comisión Presidencial es claro: hay un bosquejo general de los posibles contenidos de la reforma pero no líneas verticales y mucho menos unilaterales. Por el contrario, la iniciativa presidencial se conformará con los planteos que está haciendo el pueblo y no las cúpulas o corporaciones de élite.
Con base en lo que testifiqué esta semana, me parece que hay suficiente espacio público, presencial y digital para este ejercicio inédito de participación ciudadana.
Es claro que hay varios otros temas que analizar, proponer y debatir, pero es visible que vamos hacia el fortalecimiento y enriquecimiento del derecho político fundamental a la participación en las decisiones públicas del Estado mexicano, lo que constituye el núcleo esencial del derecho electoral y sus distintas modalidades y garantías.
La democracia mexicana no muere, más bien se revitaliza, crecerá e incidirá en la capacidad de ser más conscientes, iguales, libres, cooperativos, productivos y con más bienestar social porque la haremos más nuestra y menos o nada expuesta, tutelada o capturada por intereses corporativos, lícitos o ilícitos.