Los fragmentos de frases y peleas entre ministras adornados de expresiones erráticas se han vuelto habituales. Lenia Batres, con urgencia por ser presidenta de la Corte y acumular títulos, pero sin guardar la prudencia ni la sapiencia básica de un jurista, sin tesis ni publicaciones que suelen preceder el grado de doctora. María Elena Ríos, indignada porque sus compañeras y compañeros ejercen sus respectivos criterios al rechazar proyectos que atentan contra la Constitución, convencida de que los derechos humanos y sus principios no son más que una “moda”, aunque estén presentes en artículos de la propia Carta Magna. Un presidente que no logra imponer orden, al que interrumpen constantemente y que, con todo y lista de oradores, pareciera más moderador de un aula universitaria que máxima figura de un tribunal constitucional. Dos ministros, Irving Espino y Arístides Guerrero, que necesitan explicar conceptos básicos en cada intervención y resistir desplantes y acusaciones personales mientras intentan respetar los criterios previos en sus proyectos y posicionamientos. Una ministra que hace dos años era referencia de lo que no debe hacerse en contextos universitarios, con acusaciones de plagio, y que ahora es nuestra figura ejemplar de sensatez por el bajo nivel en que han caído sus pares. Y otra ministra que lleva experiencias personales para resolver asuntos sobre discapacidad, aun cuando la máxima labor del juzgador consiste en apartarse de lo personalísimo para adoptar la neutralidad ciega de la justicia.

Lejos de tratarse de simples anécdotas, las sesiones de la Corte van documentando la caída de la justicia constitucional en México, son pieza ilustrativa de la decadencia progresiva. La Suprema Corte ha dejado de ser un espacio en el que se fijan criterios para proteger a la ciudadanía e interpretar el derecho de manera efectiva, para convertirse en un nido de tensiones, chismes, ataques y desplantes.

En el fondo, los justiciables se han quedado sin un lugar donde les hagan justicia constitucional. Gran parte de los asuntos que acumula esa instancia son devueltos para que los mismos jueces que violentaron derechos humanos resuelvan disputas constitucionales. Los estudiantes de Derecho perdieron referentes. Los litigantes perdieron la motivación y la oportunidad de coadyuvar en la construcción de la jurisprudencia mediante asuntos de alto nivel. Dicen que la cabeza de una institución da cuenta de cómo funcionan los demás órganos y que, si la cima de la pirámide está contagiada, puede esperarse que el resto también.

Conviene preguntarnos en las consecuencias de que uno de los tres poderes que son pilares del funcionamiento federalista del Estado caiga en picada a la velocidad que lo hace. ¿Sigue siendo “democracia” un régimen que carece de un poder judicial capaz de limitar al poder? La teoría constitucional de Montesquieu a nuestros días, ha sido consistente en responder que no. En El espíritu de las leyes, la libertad política solo existe donde el poder frena al poder, y no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la legislativa y de la ejecutiva. El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 lo dejó escrito con la advertencia de que una sociedad en la que no está asegurada la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de Constitución.

Más cerca en el tiempo, Hans Kelsen defendió que la democracia constitucional necesita un tribunal que proteja a las minorías frente a las mayorías ocasionales; Ronald Dworkin sostuvo que la democracia no es el simple gobierno de la mayoría, sino aquel que trata a todos con igual consideración y respeto, y para eso los derechos deben operar como cartas de triunfo frente a las decisiones mayoritarias; y Luigi Ferrajoli ha insistido en que la democracia sustancial consiste precisamente en límites y vínculos al poder, incluido el de las mayorías, cuya garantía recae en jueces independientes. Si a esto se suman los criterios que distinguen a una democracia liberal de una mera autocracia electoral, la conclusión es la misma: elecciones sin contrapesos son solo un procedimiento para legitimar el poder, no una garantía de que este se ejerza dentro de la ley. No hay quien frene al poder porque la Corte está peleándose por dentro y sus ministras y ministros diario se acusan por disputas personales. Dicen que los criterios constitucionales en realidad, son ataques contra su persona. Creen que la corrección política de espacios como el legislativo debe aplicar en la Corte también, sin contrastes, y que por la misma corrección política interpretada como “respeto” se les debe aprobar todo tipo de criterios y sentencias, aunque sean violatorias de los mismos principios constitucionales establecidos previamente.

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Si el voto es el origen de la legitimidad, la independencia judicial es la condición de su ejercicio limitado. Un tribunal que responde a quien lo promovió, que teme contrariar a la mayoría que lo eligió o que confunde la fidelidad política con la interpretación constitucional deja de ser contrapeso y se vuelve ornamento. Queda la toga, queda el recinto, queda la transmisión en vivo, pero falta lo esencial que es alguien capaz de decirle que no al poder. Una democracia sin ese alguien puede conservar urnas, campañas y resultados, pero habrá perdido aquello que la distingue de la simple aritmética del más fuerte.

No es casualidad la caída en el Estado de derecho. La solución tampoco puede ser que las sesiones dejen de ser públicas y transmitidas para que entonces, las y los ministros dejen de exhibirse. Sería lo más sencillo… apagar el termómetro para que no se vea la fiebre como si eso fuera a curar la enfermedad. Pero la transparencia no es el síntoma, es el termómetro. Que hoy marque lo que marca no es motivo para romperlo.

Los primeros auxilios, por modestos que parezcan, empiezan por lo elemental. Reglas de deliberación que se cumplan y una presidencia que las haga cumplir, quien preside no es un moderador de buenas intenciones que debe quedar bien, es el garante del orden del debate.

Proyectos y votos que se argumenten con razones jurídicas y no con ocurrencias, filias o fobias, porque una sentencia es, ante todo, un ejercicio de motivación. Respeto al precedente, o al menos la honestidad intelectual de explicar por qué se abandona. Una cultura de la discrepancia donde disentir no equivalga a traicionar, ni votar en contra a ofender.

La Corte no se salva sola. Corresponde a las barras y colegios de abogados, a las facultades de Derecho, a la academia y a los litigantes seguir exigiendo estándares, seguir citando, criticando y documentando, aunque el tribunal haga como si no escuchara. Corresponde a la prensa no normalizar lo que no es normal, el día en que una ministra confunda una moda con un principio y nadie levante la ceja será el día en que la enfermedad se haya vuelto costumbre.

La justicia constitucional convalece. Con ella, la democracia misma.