El Presupuesto de Egresos 2026 asciende a 10.19 billones de pesos, con reasignaciones clave que fortalecen el gasto social, la infraestructura ferroviaria y subsidios energéticos, mientras que reduce recursos a órganos autónomos, particularmente, al Poder Judicial. El mensaje político es claro: centralización del ejercicio gubernamental y fortalecimiento del Ejecutivo a costa de contrapesos institucionales.
Recortes relevantes afectan al Poder Judicial (-15.8 mmdp), al INE y otros órganos reguladores. Esto ocurre justo cuando México enfrenta la revisión del T-MEC en 2026, donde se evaluará el acuerdo bajo nuevos criterios impulsados por Estados Unidos. La debilidad institucional tiene efectos directos en riesgo-país, certeza regulatoria y arbitrajes internacionales.
Por otro lado, se prioriza la inversión pública en trenes: el Tren Maya recibe 30 mil mdp, el Corredor Interoceánico, 25 mil mdp, y los nuevos trenes de pasajeros emblemáticos de Sheinbaum alcanzarían más de 100 mil mdp. Estos proyectos buscan construir una narrativa de modernización territorial, pero aún sin métricas claras de costo-beneficio ni marco robusto de mantenimiento y derechos de vía.
Pemex recibirá 263.5 mil mdp adicionales en 2026, consolidando su papel como receptor neto de recursos fiscales. CFE mantiene subsidios por alrededor de 87.8 mil mdp. El proyecto de Dos Bocas continúa demandando recursos sin resultados operativos proporcionales. La Compañía Exportadora de Sal se mantiene como pieza menor de las decisiones de la administración anterior, mientras que la llamada megafarmacia ha dejado de reportar datos públicos, lo que agrava la percepción de opacidad en el sector salud y el uso de recursos públicos.
En paralelo, la miscelánea fiscal apunta a reforzar la recaudación del SAT, con énfasis en auditorías, cancelación preventiva de sellos y mayor control digital de contribuyentes. Se estima una recaudación adicional equivalente al 0.7% del PIB, sujeto a condiciones de cumplimiento real en una economía donde más del 55% de la fuerza laboral permanece en la informalidad. Por lo que la base formal es quien más acoso fiscal y enfoque recaudatario tendrá de las autoridades para cumplir con el presupuesto aprobado por el grupo político que controla las cámaras.
El contexto internacional añade tensión. Con Trump en la presidencia de Estados Unidos, la revisión del T-MEC se perfila como un ejercicio de presión comercial. Trump ya mostró señales en el sector aeronáutico al retirar rutas a aerolíneas mexicanas y sus amenazas constantes en aranceles generan incertidumbre comercial y la política migratoria que ya afecta el envío de remesas. En 2026, el examen se extenderá a reglas de origen, energía y mercados agroindustriales. México debe llegar a estas negociaciones con cohesión regulatoria y solidez institucional, algo que se ve comprometido por los recortes al Poder Judicial. Este último ya cuestionado por el sector empresarial norteamericano y que piden sea parte de la revisión del T-MEC al igual que el sector energético.
La narrativa política interna vive una transición. A pesar de la popularidad alta en encuestas de la presidenta Sheinbaum, la clase media urbana muestra creciente rechazo a discursos divisivos. La inseguridad en zonas clave por su aporte a la economía nacional como Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas y Sinaloa influyen negativamente, así como los frecuentes bloqueos y robos en las autopistas México-Puebla, Puebla Veracruz, México Queretaro y México Pachuca.
Todo ello, incrementa costos logísticos y genera incertidumbre operativa para inversionistas. La realidad es que la inversión pública y privada en conjunto no constituyen más allá del 20% del PIB, en tanto las economías como la china, coreana e india superan el 35% en promedio. Lo cual refleja que no hay entusiasmo y seguridad en inversión privada pese al anunciado y promocionado Plan México.
El sector financiero también debe ya considerar que las deudas mayores a 30 mil udis (240 mil pesos) requieren de determinación de incobrabilidad para su deducibilidad. Esto generará más prudencia en el otorgamiento de crédito pues el nuevo poder judicial no cuenta hasta ahora con gran credibilidad y confianza por las diversas fallas que se han exhibido y con menos presupuesto el riesgo es mayor.
En síntesis, el Presupuesto 2026 no es solo un ejercicio contable: es la definición de la estrategia de poder para los próximos cinco años. La apuesta del gobierno es sostenida por obra pública, subsidios y control institucional. Pero el rendimiento económico dependerá de tres factores críticos:
1) Eficiencia en ejecución de obra e infraestructura ferroviaria.2) Transparencia y responsabilidad presupuestaria en Pemex y el sector salud.3) Capacidad negociadora en la revisión del T-MEC frente a un Estados Unidos más agresivo.
Si estos factores no se sostienen, el país enfrentará un 2026 de bajo crecimiento, inversión privada en pausa y una mayor vulnerabilidad frente a choques externos.
Mario Sandoval
CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.