Hay colonias, poblados, ciudades que demandan servicios. Pensemos en el caso de la energía eléctrica, la industria, las casas. La vida cotidiana tiene una alta demanda del servicio, por lo tanto al crecer la demanda se tiene que generar y fortalecer la estructura de generación de eléctrica año con año, lo cual implica echar mano de los diversos modelos de generación.
Si el país tiene gas en sus reservas, las plantas de ciclo combinado son una opción óptima (en Canadá hay mucho carbón, pues se usan plantas de carbón, y así cada país usa sus recursos). Pues bien, el traslado de gas implica tuberías y almacenamiento interestatales, y aquí es a donde entra el juicio de amparo; porque un grupo de 100 personas puede reclamar el paso del ducto por su colonia o ejido, o que se instale un almacén enorme de gas cercano, generando que toda una mega estructura de generación eléctrica para el país se paralice, no importa si con eso de deja de atender a millones de personas en las colinas a las que no llegará la luz o colapsará al paso de los años, se antepone el derecho humano individual.
Obviamente lo que acabo de describir es el clásico problema de colisión de derechos humanos. Sin embargo, lo que quiero destacar es que la política pública de generación de energía no se resuelve con los juicios de amparo, se ganan momentáneamente pequeñas batallas, pero se dejan huecos enormes en la problemática general del país.
Piensa esto: Hay asociaciones civiles que se oponen a seguir utilizando recursos fósiles de energía (gasolina, gas, petróleo). Obviamente invocan a las energías renovables, pero también hay otras que se oponen a los campos de energía solar (energía renovable) por el tema de las tierras colectivas. Otras asociaciones se oponen a los generadores de energía eólica (energía renovable) porque desvirtúan los derechos culturales de las tierras indígenas, incluso hay quien discute la parte estética de cómo afean el paisaje rural. Y en este cúmulo de discusiones individuales tenemos que construir una red eléctrica que soporte una sociedad que está 24 horas conectada al uso de esta energía, llevar electricidad a 124 millones de mexicanos.
Este tipo de amparo no entra al análisis de la política pública, generalmente se queda en el entramado de las formas en la aplicación de los derechos humanos; pero, además, son resueltos por jueces que no tienen la preparación en las materias, en este caso la política energética, pues recordemos que en la mayoría de los estados tenemos jueces de distrito mixtos, que lo mismo resuelven un día casos penales, otro laborales, civiles y administrativos, su visión es muy limitada, pero sus decisiones generan ecos de carácter nacional.
Vamos a plantear otro caso muy polémico, el de la cervecera que se instalaría en Mexicali, la cual tuvo una gran oposición por el uso del agua y la escasez que tiene esa ciudad. Por una parte, el país necesita empleos. Miles de jóvenes no encuentran un trabajo formal, otros tantos son cooptados por las mafias, no tienen salidas. Pero una empresa de este tipo genera 3 mil empleos directos y casi 15 mil indirectos. Entonces nos oponemos a su instalación, pero no damos salida al problema del empleo.
Pero vamos más allá, a la gran movilización que hubo en contra de la cervecera no le siguió uno que ayudara a resolver una política pública del agua en Mexicali, los problemas hídricos siguieron iguales, no se movieron un litro, es decir, en lugar de buscar mejorar todo el esquema del agua incluso para la instalación de industrias que den empleo a la población, nos quedamos con juicios de amparo que resolvieron derechos humanos que se ven muy padres impresos en la sentencia en el despacho del abogado, pero que no abonan al desarrollo del país. Seguimos allí sin agua y sin empleos.
Nada de esto es gratuito. Si algo nos dejó 70 años del PRI fue no confiar en los planes de gobierno, dislocar a la sociedad del plan nacional de desarrollo y que nadie se siente integrado en la planeación del país, en las políticas públicas, independientemente del partido que gobierne. Y en esta base conceptual se construyó un juicio de amparo que sirvió para que los particulares pusieran su interés personal, revestido de derechos humanos, para detener pequeños procesos que muchas veces forman parte de esquemas integrales nacionales y que afectan a miles o millones de personas.
La reforma a la ley de amparo que propone la presidenta Sheinbaum trata de enderezar este problema, de todas formas, el particular podrá reclamar la violación de sus derechos humanos, pero ya no podrá afectar con suspensiones provisionales ni utilizar figuras colectivas que en el fondo representan pequeños intereses, por más legítimos que pretendan ser, se debe anteponer el interés general de todo el país.
NOTA. Los empresarios y los abogados fiscalistas se oponen a gritos a la reforma a la ley de amparo porque se les cierra la llave que usaron para evadir impuestos los últimos 30 años, lo cual celebramos porque ningún país avanza si los que tienen que pagar impuestos lo hagan. Los únicos que no han sido beneficiados para evadir impuestos con amparos son los obreros y trabajadores, de México. Ellos son cautivos y tienen el descuento automático del patrón, sobre sus hombros se carga gran parte del país.
Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en derecho por la UNAM.