Hay países donde la política se parece a un ajedrez de largo aliento y otros donde es más bien una ruleta: se apuesta, se gira y se reza. El Perú, hoy por hoy, juega a lo segundo. La destitución de José Jerí, apenas cuatro meses después de haber asumido la presidencia, no es una anomalía: es la confirmación de una costumbre peligrosa, casi adictiva, de resolverlo todo a golpes de Congreso.

Jerí llegó al poder como se llega a una sala de urgencias: sin ceremonia, con prisas y con un diagnóstico impreciso. Sucedió a Dina Boluarte, también destituida, también rebasada, también víctima de un sistema que devora a quien se sienta en la silla presidencial con la misma rapidez con la que lo coloca ahí. Cambian los nombres, cambian los rostros, pero el guion se repite con una puntualidad que asusta.

La censura contra Jerí prosperó con una facilidad que habla menos de su habilidad para gobernar y más del clima de sospecha permanente que reina en Lima. Siete mociones sobre la mesa, una sola necesaria para hacerlo caer. Bastó. El abogado de 39 años de edad, joven para la política tradicional pero viejo para la ingenuidad, quedó atrapado en la narrativa perfecta: reuniones clandestinas, empresarios chinos de reputación nebulosa, silencios mal explicados y un país que ya no concede el beneficio de la duda.

No es que las acusaciones sean menores. En un contexto de inseguridad desbordada, de barrios tomados por el miedo y de una economía que camina con muletas, cualquier sombra de corrupción se vuelve intolerable. El problema es que la intolerancia se ha convertido en método. No hay proceso largo, no hay construcción de consensos, no hay apuesta por la estabilidad. Hay, eso sí, una facilidad pasmosa para prender la hoguera.

El Congreso peruano actúa como juez, jurado y verdugo. En teoría, es un contrapeso; en la práctica, es un campo minado donde cada paso responde más a cálculos de corto plazo que a una visión de país. La destitución de Jerí no se explica sin esa lógica: la del quítate tú para ponerme yo, aunque el yo dure apenas unos meses.

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Y mientras tanto, la calle. Siempre la calle. El ciudadano común, el que paga impuestos, el que cierra su negocio antes de que anochezca por miedo a un asalto, observa con una mezcla de hastío y resignación. Cambian presidentes como se cambian focos fundidos, pero la oscuridad sigue ahí. La crisis de seguridad, el argumento central para tumbar a Boluarte y luego a Jerí, permanece intacta, como una herida abierta que nadie se atreve a suturar.

Hay algo profundamente contradictorio en exigir resultados inmediatos a gobiernos que nacen con fecha de caducidad. Cuatro meses no alcanzan para desmontar redes criminales, reformar policías o recomponer la confianza institucional. Pero en el Perú actual, el tiempo político se mide en semanas, no en años. La paciencia es un lujo que ni los congresistas ni la ciudadanía parecen dispuestos a conceder.

El próximo miércoles se nombrará a un nuevo presidente, una figura de transición que gobernará hasta el 28 de julio. Un interinato más. Un parche más. La cuenta regresiva ya empezó y, con ella, la tentación de no hacer nada profundo porque total, ya viene el siguiente. Es el síndrome del administrador temporal: cuidar el escritorio, no mover archivos incómodos y esperar que el reloj avance.

Las elecciones de abril asoman como una promesa y una amenaza. Promesa de cambio, amenaza de repetir errores. Porque si algo ha demostrado la política peruana reciente es su capacidad para tropezar con la misma piedra, pero con distinto calzado. El problema no es solo quién gana en las urnas, sino qué margen real tendrá para gobernar sin que el Congreso le ponga la soga al cuello desde el primer día.

En el fondo, la caída de José Jerí es menos una historia personal y más un síntoma. El síntoma de un sistema que confunde fiscalización con demolición, que cree que la estabilidad se construye a base de destituciones y que ha normalizado el Estado de excepción política. Un sistema donde la presidencia se ha vuelto un cargo de alto riesgo y baja duración.

No se trata de defender a Jerí ni de absolverlo en el tribunal de la opinión pública. Se trata de preguntarnos, aunque duela, si este ciclo interminable de caídas no está erosionando algo más profundo: la idea misma de gobierno. Cuando todo presidente es provisional, cuando toda decisión es sospechosa y cuando toda crisis se resuelve con un voto de censura, el país entero entra en modo supervivencia.

Perú merece algo mejor que esta ruleta institucional. Merece debates de fondo, acuerdos incómodos, reformas que tarden pero que duren. Merece, sobre todo, dejar de vivir en campaña permanente. Porque mientras la política juega a las sillas musicales, la delincuencia no espera, la pobreza no da tregua y la democracia se desgasta, un poco más, con cada destitución exprés.

La historia juzgará a José Jerí por lo que hizo y por lo que no alcanzó a hacer. Pero el juicio más severo será para un sistema que, una vez más, prefirió el atajo al camino largo. Y esos atajos, ya lo sabemos, suelen terminar en el mismo lugar: el precipicio.

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