La reciente declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en una corte federal de Chicago marca un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, con profundas implicaciones para el Cártel de Sinaloa, la política bilateral entre México y Estados Unidos, así como en la estrategia internacional contra el tráfico de fentanilo.
El 1 de julio de 2025, Ovidio Guzmán aceptó declararse culpable de cinco cargos graves, entre ellos tráfico de drogas y lavado de dinero, en un acuerdo con la justicia estadounidense que podría implicar su cooperación como testigo clave. Esto representa un golpe directo a “Los Chapitos”, la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de El Chapo, que ha sido señalada por encabezar la producción y distribución de fentanilo hacia Estados Unidos.
La caída de Ovidio se suma a las detenciones de su hermano Joaquín Guzmán López y del histórico capo Ismael El Mayo Zambada, en 2024, como parte de una operación más amplia de desmantelamiento de las estructuras criminales del cártel. Su posible cooperación con las autoridades estadounidenses podría profundizar la crisis interna del cártel, que enfrenta una guerra intestina entre los Guzmán y los remanentes del grupo de Zambada.
La aparente disposición de Ovidio a colaborar con la justicia replica patrones de otros capos como Vicente Zambada Niebla y Jesús “El Rey” Zambada, quienes obtuvieron reducciones de pena a cambio de testimonios. Esto revela un cambio generacional en las estructuras del narco: la lealtad absoluta al cártel parece desvanecerse frente al instinto de supervivencia personal.
En Culiacán, bastión de los Chapitos, esta descomposición se ha traducido en violencia: más de 300 asesinatos y múltiples desapariciones han sido atribuidos a la guerra interna por el control del territorio.
La extradición de Ovidio a Estados Unidos en septiembre de 2023 fue un triunfo para la cooperación bilateral. Sin embargo, la noticia no confirmada de su liberación en julio de 2024 —posiblemente para incorporarse a un programa de protección de testigos— generó tensión diplomática, especialmente por la opacidad con la que el gobierno mexicano ha manejado el caso.
El antecedente del “Culiacanazo“ en 2019, cuando Ovidio fue liberado por fuerzas federales mexicanas tras una jornada de violencia del cártel, sigue marcando las decisiones del gobierno mexicano en torno a este caso.
La prioridad de Estados Unidos en este proceso es clara: detener el flujo de fentanilo. La DEA ha acusado directamente a los Chapitos de inundar el mercado estadounidense con esta droga sintética, que ha provocado miles de muertes por sobredosis.
El juicio de Ovidio podría proporcionar información clave sobre la red de producción, distribución y lavado de dinero que sostiene este comercio ilícito, lo que lo convierte en una pieza fundamental de la estrategia estadounidense contra la epidemia de opioides.
Aunque aún no se han revelado los términos finales del acuerdo, expertos especulan que Ovidio podría recibir una condena reducida —de entre 3 y 7 años— si proporciona inteligencia sustancial. De lo contrario, enfrentaría hasta cadena perpetua, especialmente por los cargos relacionados con crimen organizado (RICO), tráfico de drogas y armas.
El acuerdo definitivo debe ser presentado antes del 6 de julio y el juez federal Sharon Johnson Coleman celebrará la audiencia de declaración el 9 de julio. La decisión final dependerá de su nivel de cooperación y del contenido del acuerdo con la fiscalía.
Más allá del narcotráfico, el caso de Ovidio tiene lecturas políticas y diplomáticas. La relocalización en mayo de 2025 de 17 miembros de la familia Guzmán a Estados Unidos, incluida su madre, ha sido interpretada como parte de una negociación mayor, posiblemente vinculada al testimonio de Ovidio.
Esto refuerza la percepción de que México ha cedido poder en el manejo del caso y que EU continúa marcando la agenda en materia de seguridad regional, mientras el gobierno mexicano intenta equilibrar exigencias internacionales con gobernabilidad interna.
El caso de Ovidio Guzmán representa un punto de inflexión para el narcotráfico en el continente, no solo en México. Su declaración de culpabilidad no solo podría desmantelar estructuras del Cártel de Sinaloa, sino también evidenciar los vínculos entre criminalidad y política, ya sea con López Obrador, Felipe Calderón o el recién aparecido Enrique Peña. El juicio que iniciará el 9 de julio en Chicago podría ser una caja de Pandora para el crimen organizado y para el equilibrio geopolítico de la región.