Los presidentes nacionales del PRI, Alejandro Moreno; del PAN, Marko Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, fueron a la OEA a denunciar, de acuerdo al comunicado panista, cuatro cosas:

* Primera, la intromisión del crimen organizado en el pasado proceso electoral.

* Segunda, el uso faccioso, doloso de las instituciones para perseguir y amedrentar a los opositores.

Las columnas más leídas de hoy

* Tercera, el hostigamiento permanente del gobierno federal en contra del INE y el Tribunal Electoral.

* Cuarta, la persecución a los medios de comunicación y a líderes de opinión que se han atrevido a disentir de lo que está ocurriendo con el gobierno.

De las cuatro denuncias, revísese la primera, en otro momento comentaremos las restantes.

Resulta relevante que tres partidos políticos nacionales acudan a este organismo a denunciar una supuesta intromisión del narco en las elecciones del pasado 6 de junio. Es un tema que no puede ni minimizarse, ni magnificarse.

También puedes leer

Hechos. En las elecciones pasadas hubo violencia. Previo a la elección, alrededor de una treintena de candidatas y candidatos fueron asesinados y se registraron diversos hechos de violencia, muchos pero no todos pueden atribuirse al narco. En la víspera y en la jornada electoral, medios de comunicación, primero locales y después nacionales, denunciaron que grupos de hombres armados ligados con narcos desactivaron la operación electoral del PRI en municipios de Sinaloa. Horas después, declaraciones e información similar surgió en Michoacán, San Luis Potosí y en prácticamente todos los lugares en donde perdieron el PRI y el PAN. Se dice que nadie denunció ante el INE, el Tribunal Electoral o las fiscalías por temor a represalias del crimen organizado.

Los partidos de oposición tienen todo el derecho, diría la obligación, de acudir a los organismos nacionales e internacionales a expresar sus demandas; lo que sería irresponsable es que lo hicieran simplemente con el objetivo de dañar internacionalmente la imagen del gobierno mexicano. Las acusaciones lanzadas por los presidentes son fuertes. Ojalá los documentos entregados a la OEA se sustenten en datos, declaraciones y pruebas, no sólo en suposiciones y adjetivos.

Los presidentes del PRI, PAN y PRD hablan de omisión. ¿Cortos de memoria? ¿Amnesia selectiva? La incidencia del narco en la política no inició el 6 de junio.

Por ejemplo, los panistas fueron omisos y complacientes ante la relación de Genaro García Luna con El Chapo Guzmán en el gobierno de Felipe Calderón. Los gobernadores priistas, panistas y el perredista, fueron complacientes, no hicieron nada para evitar la intromisión que denuncian, sólo cuando sus candidatos perdieron se quejaron de los hechos. La dirección nacional del PRD fue la que, en 2018, protegió, hizo diputado y después coordinador de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados al gobernador electo que ahoraseñalan.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no debe echar en saco roto lo sucedido en Sinaloa y otros lugares del país. No es una asunto electoral, sino de seguridad nacional. El Jefe de Estado debe tener certeza de la incidencia o no del narco en las elecciones del pasado 6 de junio, pero el Presidente no es adivino. La Secretaría de Gobernación, la Agencia Nacional de Inteligencia, la SEDENA o la MARINA deben saber si el narco operó a favor de Morena o no y actuar en consecuencia; es decir, impedirlo. Si los órganos de inteligencia son incapaces de dar información confiable y oportuna, no le sirven ni al Presidente, ni al país.

Impedir que el narco incida en la política es una función de Estado. En este tema el gobierno y la oposición deben actuar de manera conjunta. Con visión, no sólo considerando sus intereses partidarios o de gobierno.

Eso pienso yo, ¿usted qué opina?

Mi Twitter: @onelortiz