El paquete actual de iniciativas de ley que se discuten y aprueban en primer lugar en las instancias legislativas, son el paquete de mayor trascendencia que se ha presentado sobre esta compleja problemática, esta nueva estructura jurídica que resulte marcará el futuro en el mediano plazo de nuestro país, y especialmente los resultados que entregue la 4T-4R en el presente sexenio, lástima que sea tan bajo el nivel de la discusión a base de diatribas e insultos y bajezas al por mayor, en donde lo que realmente se trasluce es el precario conocimiento que los legisladores tienen sobre los problemas de la seguridad, la inteligencia y el blanqueo de capital, en México y el mundo, con muy pocas honorables excepciones. Espero que entre los senadores los términos cambien. Y la oposición tan rupestre no pasa del “militarismo” y del “narco-gobierno”, incapaz totalmente de articular una propuesta alternativa mínimamente estructura. Lo único que los unifica es la línea de ataque al gobierno.
Decimos en la provincia de México “otra vez la burra al trigo”. Desde la campaña del presidente Donald Trump atacó las relaciones económicas de México con China, en las construcciones ideológicas para atacar del grupo presidencial y de él mismo, todo lleva al tráfico del fentanilo con origen en China por las empresas que fabrican los precursores, hasta los grupos criminales que operativamente lo envían a EUA, y ahora, los intermediarios financieros mexicanos que al efectuar transacciones financieras entre ambas empresas, automáticamente caen en sospecha de que sean pagos y transferencias propias del tráfico de fentanilo.
Demasiado simple como denuncia de contenido técnico financiero, pero eficaz en los términos de una guerra sucia propagandista que mantiene la ofensiva política contra el gobierno de la doctora Claudia Sheimbaum, le da municiones a la derecha rupestre en México y nutre el discurso de la complicidad del gobierno mexicano, usando colateralmente para dicha estigmatización, las relaciones del propietario de grupo financiero Vector con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual es muy bien sabido en EUA, porque fue público y notorio. Cuanta habilidad política (sic).
El blanqueo de capital en México naturalmente es un severo problema, las estimaciones son diversas, oscila entre 10,000 a 40,000 millones de dólares anuales, podría ser más. Hay cuatro zonas fundamentales de alto riesgo: i) las transacciones financieras a través de la red de bancos y otras instituciones dada la débil estructura que representan las instancias de los Oficiales Responsables de Cumplimiento en ellas; ii) igualmente las transacciones de inversiones o compras de altísimo valor en salas de arte, desarrollos inmobiliarios, compra de grandes propiedades, y compras de joyas de muy alto valor; iii) las campañas políticas, el financiamiento paralelo desde fuentes criminales, dado que la penetración política de crimen transnacional se produce en tiempos de campañas y después “recogen lo que siembran”; y iv) las operaciones de políticos corruptos, desviación y pillaje de recursos públicos que muchas veces se conjuntan con recursos criminales y forman masas grandes de dinero ilícito que aparece por algún lado.
No olvidar tampoco que en las formas actuales del blanqueo están las “inversiones en cripto monedas” de carácter masivo, que se ha convertido en una fórmula de ocultamiento efectiva de dinero ilícito por las características de irregularidad que este mercado tiene actualmente. Ámbito de criminalidad que debe cubrirse técnica y legalmente bien, aunque no forme parte legal del mercado financiero en México.
Son importantes las reconversiones jurídicas en los ordenamientos del articulado constitucional y reglamentario (reformas), pero dentro de ello, es fundamental, reforzar de manera extraordinaria los mecanismos y medios de fiscalización, supervisión, detección y bloqueo de los procesos de blanqueo de capital ilícito. Debe tener las bases jurídicas para proceder, pero para el combate eficaz se deben afinar los procesos técnico-operativos, de otra manera, los ordenamientos legales son materia muerta. Y en ello reforzar las capacidades del SAT, la Contraloría, las auditorias de la SHCP, y ajustar el modelo de la UIF. Eso está debidamente documentado en la literatura especializada.
Debe haber un ‘Gabinete Contra el Blanqueo de Recursos Criminales’, y agregar los ajustes del modelo de la UIF que sea compatible con la normatividad y lineamientos operativos de los acuerdos internacionales al seno del GAFI, conforme a las necesidades nacionales en la materia. México debe reforzar sus instrumentos, medios, y mediante la capacitación de recursos humanos con alta especialización.
Ningún procedimiento criminal por sofisticado que pueda ser, está a salvo y no es vulnerable a la acción precisa, multifacética y jurídicamente impecable de la autoridad constituida. Ni ninguna organización criminal transnacionalizada es más capaz que el conjunto de los recursos humanos calificados ante eventos criminales, a pesar de que puedan estar coludidos con funcionarios traidores a la patria. El Estado y su gobierno nacional siempre estará en una postura de mayor fuerza sobre ellos.
El camino emprendido por México para atacar el tema de la criminalidad transnacional está claramente establecido, vamos como sociedad y gobierno por una victoria política, social y cultural, no militar. Las operaciones armadas se hacen necesarias hoy para recuperar los territorios perdidos, los espacios de la administración pública penetrados y ocupados y para destruir los negocios ilícitos que abundan por todo el territorio nacional, pero no se trata de ganar una guerra armada.
El gobierno de despotismo punitivo del Donald Trump como parte de una estrategia de amedrentamiento, hostigamiento e intimidación, rodea las relaciones con empresas chinas como si estuvieran confirmadas las relaciones criminales entre ellas, si lo fueran no actuaría con tibieza vía sanciones administrativas, y otras medidas, tendría una actuación más dura conforme al régimen actual de Trump, en realidad lo que le interesa es como lo manifestó desde su campaña y a lo largo de su gobierno en el momento que es necesario desde su estrategia de ataque, desgaste y desestabilización para el gobierno actual de México, es el temor y la incomodidad o enojo que causaría una relación económica más profunda con China por parte de México, sencillamente no es estratégicamente tolerable ni en la imaginación.
El gobierno actual de la Dra. Sheimbaum heredó desde el gobierno anterior un postulado que es inconveniente para nuestro país en el mediano y largo plazo, como es restringir las relaciones con China y Rusia manteniendo las vulnerabilidades económicas que heredaron a los gobierno de la 4T-4R desde el modelo neoliberal, que son fundamentalmente las relativas al sector externo, y el incremento de las tasas de inmigración indocumentada durante las últimas dos décadas, a pesar de los esfuerzos en contrario del gobierno anterior y del actual, y de los más de tres millones de mexicanos de deportados mexicanos entre los gobiernos de Barak Obama y Joe Biden.
La lealtad mostrada por AMLO al T-MEC y a una política mesurada y anti climática, no fue tan vapuleada como la lealtad mostrada por la presidenta de México a la estructura actual de relaciones con EUA, tal vez podía irle más mal si tomara algunas iniciativas orientadas a diversificar las relaciones con China y Rusia, que encenderían los focos de alarma en la Casa Blanca, pero tal vez es también un error de cálculo no hacerlo, tal vez también no es momento de hacerlo, porque la política y la estrategia es también un factor de tiempo. Obviamente que la gran empresa le dice que ni se le ocurra., tal vez debieran preguntar en Brasil, y demás países latinoamericanos si los negocios con China y Rusia son muy rentables o no, la existencia de la frontera norte es una determinante de mucho peso.
Veremos cómo evoluciona la historia bilateral con nuestro poderoso vecino.