En Nuevo León, vivimos un episodio más del conflicto por el presupuesto, así como se vivió desde que prácticamente Samuel García llegó a la gubernatura enfrenta a un PRIAN opositor, herido a todos niveles.
En este sentido, el reciente veto del gobernador Samuel García al Presupuesto 2026 no deviene de un arrebato ni de una jugada caprichosa. Fue, en términos políticos, un dique. Una medida para contener lo que en el Congreso local ya se había convertido en un intento abierto de apropiación del erario por parte de la oposición. Más allá del ruido discursivo sobre “responsabilidad financiera” que impulsaron por semanas, lo que estaba en juego no era el equilibrio de las finanzas públicas, sino el control político con rumbo a las elecciones de 2027.
Basta revisar el dictamen aprobado en comisiones para entenderlo. Mientras al Ejecutivo se le recortaban márgenes de maniobra para obras estratégicas, movilidad, infraestructura y proyectos de largo plazo, los poderes y órganos controlados por el PRIAN recibían incrementos cuantiosos y sumamente generosos. Inclusive el Congreso local decidió otorgar un aumento a su propio presupuesto; al Poder Judicial se le otorgó un alza de 20%; a la Auditoría Superior, a la Fiscalía y, de manera especialmente llamativa, a los órganos electorales que fueron premiados con incrementos de hasta 50%, a pesar de que el 2026 ni siquiera es un año electoral. Austeridad para unos, y abundancia para otros.
El discurso de la disciplina financiera se desmorona cuando se observa el destino del dinero. No se trataba de cuidar al ciudadano, ni su bienestar sino de fortalecer estructuras, burocracias y árbitros clave antes del próximo proceso electoral. Inversión anticipada, le llaman algunos. Control político, en términos más claros.
Por tanto, frente a ese escenario, el veto no fue una amenaza, sino una contención. Y la respuesta desde la Presidencia de la República fue reveladora por su tono frío, institucional, pero inequívoco. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó lo obvio, si no hay acuerdo legislativo, se aplica el presupuesto vigente. No hay posibilidad de vacío, no hay colapso, no hay parálisis automática. El estado sigue funcionando con la Ley de Egresos anterior. Sin dramatismos. Ese respaldo, aunque distante, desarma la narrativa del caos que algunos intentaron construir. Nuevo León no se queda sin recursos, ni sin operación ni sin capacidad administrativa. Se trabaja con el presupuesto 2025, el mismo con el que —según cifras oficiales— se logró una reducción significativa de delitos y se mantuvieron en marcha proyectos estratégicos.
Lo que realmente molesta al PRIAN no es el veto en sí, sino la pérdida de una oportunidad. Querían más control sobre los recursos, más margen para sus municipios aliados y mayor poder sobre órganos clave de cara a 2027. El presupuesto se volvió una herramienta electoral adelantada. Y cuando esa jugada fue frenada, vino el escándalo, la sobreactuación y la acusación de irresponsabilidad. Pero irresponsable no es vetar un presupuesto desequilibrado; irresponsable es usar el dinero público como moneda de cambio político. Irresponsable es fortalecer burocracias doradas mientras se frenan obras que impactan directamente la vida cotidiana, como el transporte, el drenaje, las carreteras, los hospitales e inclusive la seguridad. Irresponsable es simular austeridad mientras se reparte el poder.
El veto de Samuel García no resuelve todos los problemas del estado ni lo coloca automáticamente en una posición moral superior. Pero sí marca una línea. Dice que el presupuesto no es botín, que el Congreso no puede ser juez y parte sin consecuencias, y que, en definitiva, la disputa por el 2027 no puede pagarse con recursos públicos.
En un sistema donde muchas veces el chantaje presupuestal ha sido la regla, la aplicación de la ley vigente se vuelve un acto político de contención. No es un triunfo, pero sí una defensa. Y en tiempos donde el poder suele confundirse con impunidad, defender el dinero de la gente hace una gran diferencia.