No hay beneficio alguno de los episodios violentos que siembran miedo en efecto sucesivo comenzando desde Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y hasta Baja California, pasando un poco por Michoacán -en donde ya es costumbre que haya narcobloqueos y la nota fue la captura de 167 elementos del Cártel Pueblos Unidos-.

Pareciera que el anuncio del decreto presidencial para incorporar la Guardia Nacional a la Sedena fue interpretado como una declaración de guerra para los grupos criminales, que a pesar de guardar alianzas gubernamentales muy íntimas evocando a García Luna ante el Cártel de Sinaloa, no dejan de ser organizaciones criminales con comportamientos cada vez más corporativistas. Les interesa pactar, negociar, invertir en candidatos y colocar uno que otro con cualquier partido o fuerza que puedan o requieran. Al igual que su trato con comerciantes, transportistas y empresarios, si no es por la buena, lo hacen por la suya.

Es por ello que entender los narco episodios terribles que se sufrieron como un acto de golpe blando benéfico para la oposición o peor aún, como una prueba contundente de la necesidad inmediata de cumplir -sin trámites ni proceso democrático - con los designios presidenciales, son errores. El primero porque son los opositores quienes peores cuentas han entregado en materia de seguridad. Guanajuato es la entidad más violenta, el peor sitio para ser joven pues encabezan la estadística de homicidios dolosos y el silencio cómplice que cargan mantienen a un Secretario de Seguridad con mayor capacidad para reprimir mujeres que para contener criminales. Probablemente Acción Nacional se sabe triunfador -por puro prejuicio- pero en los negocios, qué es lo que les interesa, los niveles de inseguridad golpean duramente en inversiones y estabilidad financiera. Celaya se había convertido en un importante punto para la industria automotriz y entre el Cartel de Santa Rosa contra el CJNG, ni los caminos de Guanajuato ni sus ciudades son ya idóneas para invertir.

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Jalisco acumula omisiones y de su gobernador podría esperarse cualquier cosa, después de todo, si el fiscal a su cargo es capaz de señalar a víctimas cómo Luz Raquel Padilla de quemarse solas, por supuesto que será capaz de cualquier cosa. Lo interesante es que contrario a beneficiarle, el costo político del terror le ha pasado factura de manera directa a Movimiento Ciudadano pues a pesar del progresismo que exige ante López Obrador la desmilitarización de la seguridad pública, en la vía de los hechos, Enrique Alfaro es un feligrés de las policías abusivas y torturadoras con tácticas del ejército, que si fuese por él, sus policías serían militares totalmente y no ciudadanas. La contradicción de su gobernador cobra factura a la progresía de aquel partido en crecimiento que tiene a sus filas “feministas” “antimilitaristas” teniendo que salir a defender el abuso policiaco, la incapacidad para brindar seguridad, las omisiones machistas de sus Fiscalías y hasta la ligereza para señalar que los ataques fueron provocados por el propio presidente para legitimar el decretazo.

Baja California podrá haber logrado la alternancia con la gobernadora Marina del Pilar, pero el Cártel de los Arellano Félix sigue tan dominante como siempre. ¿El senador Jaime Bonilla no estará contento por haber regresado a Reforma e Insurgentes? ¿Fuego “amigo”?

Nada beneficioso que en plena frontera, cerca de las garitas y más cerca aún de los ojos norteamericanos, los 5 municipios del estado norteño se llenaran de descontrol. Una declaración que reconociera a los grupos de narcotraficantes como “terroristas” bastaría para justificar intromisiones en seguridad y hasta una invasión o sanciones al Tratado de Libre Comercio y pausas en las actividades comerciales, como sucedió con el aguacate en Michoacán poco antes del Super Bowl.

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Y de todas las teorías absurdas que la polarización ha construido, la peor es la que asegura que al presidente es a quien más le beneficia el caos por acercarnos a un “estado de excepción” que le permita constitucionalmente tomar decisiones de emergencia sin la confrontación cotidiana, ese régimen que contempla la suspensión o restricción de varios derechos fundamentales consagrados en la Constitución y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo sobre sus gobernados.

La negación para reconocer que los grupos criminales han sobrepasado a todos los poderes va llegando a un extremo surrealista en el que, por cierto, los civiles y los extorsionados parecen quedar en segundo plano. La alcaldesa de Tijuana lo justifica, los locales lo han normalizado y las familias se congelan en el hartazgo y el hastío de la promesa por algo distinto que nadie dijo fuese a ser sencillo o inmediato.

Por cierto, lo verdaderamente miserable es que ambos bandos sean capaces de observar a las personas como peones de ajedrez que caen y se eliminan, contándolos en afectación a un lado o al otro. Fueron cerca de 200 personas afectadas en manos de criminales que no pudieron ser contenidos, seres humanos y familias, tantita dignidad.

Sin embargo, por sí el lector lo duda, ni siquiera ante un cuarto de país en llamas se justifica una violación constitucional del tamaño de un decreto aplastante que neutralice al legislativo. Ni siquiera si lo pidieran los propios estados afectados. Si el presidente quería una oportunidad más para demostrar que no son iguales, la tiene enfrente ahora mismo, de nuevo.