“Los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos. Las mujeres tienen miedo de que los hombres las asesinen”.
Margaret Atwood
Hablemos de derechos fundamentales que deberían ser innegociables para todas las personas en todo el mundo: vivir sin discriminación de género, gozar del derecho a la vida y a la integridad física, tener acceso a la salud, estar a salvo de torturas o tratos crueles, además de proteger los derechos de niñas y niños.
Y en este contexto, la mutilación genital femenina (MGF) es una práctica que atenta contra todos ellos.
Esta aberración, –imposible llamarla de otra manera– deja un daño irreparable en el cuerpo físico, pero sobre todo a nivel emocional.
Puede parecernos muy lejano el tema, pero hoy en día, más de 230 millones de niñas y mujeres en el mundo han sufrido esta práctica, y se estima que 23 millones de niñas más correrán riesgo en los próximos cuatro años. Solo en este 2026, alrededor de cuatro millones podrían ser víctimas.
El pasado viernes 6 de febrero, con motivo del Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina, el lema fue “Hacia 2030: No se puede poner fin a la mutilación genital femenina sin un compromiso y una inversión sostenidos”, exhortando a los países a elaborar campañas para erradicar esta práctica a nivel mundial.
Falta poco tiempo para lograrlo, pero falta mucho por hacer.
La historia de Olivia Albert
Olivia Albert nació en una comunidad del África occidental, donde la mutilación genital femenina era considerada una tradición arraigada, ligada a creencias sobre la pureza, el estatus social y la preparación para la vida adulta. A los catorce años, sin entender completamente lo que pasaba, fue sometida a la práctica en condiciones insalubres, sin anestesia ni atención médica posterior. Los efectos físicos fueron inmediatos: dolor intenso, infecciones y complicaciones que afectaron su salud durante años.
Psicológicamente, la experiencia dejó una huella profunda. Olivia recuerda sentirse confundida, avergonzada y con miedo de hablar de lo sucedido. Durante su adolescencia y edad reproductiva, enfrentó más complicaciones: dificultades en el embarazo, dolor durante el parto y problemas de salud a largo plazo que limitaron sus posibilidades de estudiar y trabajar de manera estable, generando impactos económicos tanto para ella como para su familia.
A los 25 años de edad, Olivia tuvo la oportunidad de participar en un taller comunitario sobre derechos de las mujeres, donde conoció a otras sobrevivientes y profesionales que le ayudaron a entender que no era responsable de lo que le había pasado, y que la MGF no formaba parte de su cultura en su esencia, sino de una práctica que podía ser transformada.
Decidió romper el silencio. Comenzó por hablar con mujeres y niñas de su comunidad, compartiendo su historia y la información sobre los riesgos de la MGF. Junto con otras activistas, fundó una organización local que trabaja en la prevención de la práctica, brinda apoyo médico y psicológico a las afectadas, y promueve diálogos con líderes comunitarios para construir cambios sostenibles.
Los logros de Olivia son invaluables: varias aldeas de su región han asumido compromisos formales para abandonar la MGF. Además, ha participado en foros nacionales e internacionales, abogando por políticas que protejan a las niñas y por mayor inversión en programas de prevención y apoyo. Su trabajo ha demostrado que cuando las voces de las sobrevivientes están al centro de los esfuerzos, es posible generar una transformación real. La lucha por acabar con esta práctica requiere no solo inversión económica, sino también escuchar, apoyar y valorar las experiencias de quienes han vivido directamente sus consecuencias.
Es urgente que en breve no tengamos que hablar de este problema y celebrar que se haya erradicado.
Toda mujer, en cada rincón del planeta, merece respeto y sobre todo merece ser feliz.