La Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelve a enfrentar cuestionamientos por adjudicaciones poco claras. Esta vez, por entregar contratos millonarios a “Industrias Haber’s”, firma que carece de infraestructura adecuada para operar monederos electrónicos dirigidos a los trabajadores, según ha informado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su último reporte.
Bajo la gestión de Emilia Esther Calleja Alor, la CFE habría asignado más de 200 millones de pesos a esa empresa, sin que ésta cumpliera con requisitos técnicos básicos como ofrecer ropa para dama o calzado funcional.
Además de limitar la oferta de este beneficio a tiendas como Mens Factory y Robert’s, que sólo venden ropa para caballero, la empresa entregó productos defectuosos, con precios inflados y sin garantías.
Las tarjetas entregadas no incluyeron sistema de seguridad (chip), ni plataformas digitales para consultar saldos. No operan con respaldo de redes como Visa, MasterCard o Carnet, reconocidas internacionalmente; además, no existe una aplicación móvil funcional para reportes o movimientos, evidenció la instancia pública.
Tales irregularidades ameritan la intervención de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, especialmente, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez, quien deberá abrir una investigación inmediata e identificar a los funcionarios públicos responsables de estas anomalías.
Más grave aún: instancias como el SAT, la CNBV, la Conducef y la UIF ya analizan si la marca “Industrias Haber’s” está facultada legalmente para emitir monederos electrónicos o si simula operaciones financieras.
En este contexto, durante el último año auditado, la CFE destinó más de 510 millones de pesos a esta prestación laboral. La ASF revisó 90.5% de ese monto, correspondiente a 33 mil 834 monederos con valores entre 13 mil y 17 mil pesos.
La práctica no es nueva. De 2019 a 2024, la empresa —entonces bajo la dirección de Manuel Bartlett Díaz— firmó 93 contratos con la firma Liverpool, por más de mil 70 millones de pesos.
La mayoría de esos contratos se otorgaron por adjudicación directa o convocatorias cerradas. Aunque legales, estos esquemas alimentaron la percepción de favoritismos y opacidad administrativa.
El problema no es sólo técnico, sino estructural. Excluir a una parte del personal, limitar el acceso a productos útiles y fallar en la supervisión financiera vulnera la legalidad. Por si fuera poco, representantes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) han exigido transparencia.
El caso llega en un momento decisivo. La intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será fundamental para garantizar que los recursos públicos se ejerzan con legalidad y transparencia. La secretaria Raquel Buenrostro Sánchez cuenta con herramientas legales y fiscales para auditar estos contratos y, si es el caso, fincar responsabilidades.
Se debe impedir que las prestaciones laborales favorezcan a empresas sin controles ni licencias. La CFE, como empresa del Estado, tiene la responsabilidad de asegurar licitaciones abiertas, funcionales y vigiladas; qué necesidad de usar monederos electrónicos de esta calidad.
X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017