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La iniciativa enviada hace unos días al Congreso legislativo por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley Minera que reduce las vigencias de las concesiones para la explotación minera de 50 a sólo 15 años con una sola renovación, además de prohibir el otorgamiento de permisos en zonas donde hay escasez de agua o en áreas naturales protegidas, podría tener un impacto negativo no sólo en las actividades extractivas, sino en la producción de electrónicos, electrodomésticos, automóviles, en la construcción y hasta en el sector farmacéutico y alimenticio, además provocar una fuga de capitales en el sector que afectaría la economía del país.

Las motivaciones del Gobierno de la Cuarta Transformación para hacer modificaciones a la legislación minera tratan de frenar décadas de abusos por parte de las empresas del sector, tanto nacionales como internacionales, el uso excesivo del agua y la contaminación del vital líquido en su proceso extractivo, además las malas condiciones laborales a que son sometidos los trabajadores de la industria.

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La actividad minera consume grandes cantidades de agua que desecha en forma de drenaje ácido. Estos residuos pueden llegar a contaminar las aguas superficiales y subterráneas de los territorios con metales tóxicos.

Las comunidades como la biodiversidad circundante se ven alterados por las constantes explosiones y ruido ligados a la extracción de metales. A la fecha, en México 576 proyectos mineros se encuentran ubicados en zonas donde los acuíferos tienen déficit hídrico.

La industria minera de México es de gran importancia para la economía ya que contribuye con el 2.4% del Producto Interno Bruto nacional (PIB) y 8.2% del PIB industrial, este sector genera más de 406 mil empleos directos y más de 2.5 millones de empleos indirectos, y la inversión anual supera los 4 mil millones de dólares.

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En la actualidad las compañías mineras no pasan por su mejor momento, en los últimos 9 años han enfrentado una serie de problemas que han mermado su crecimiento, como es la caída de los precios internacionales de los productos mineros, lo que ha ocasionado que las cotizaciones de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayeran significativamente en el último año, por lo que han bajado sus inversiones sobre todo de las empresas extranjeras.

La producción de la minería en México cayó ligeramente en 2022, afectada en parte por el debilitamiento de otras industrias como la construcción y la siderurgia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la minería de minerales metálicos y no metálicos retrocedió anualmente 0.6% entre enero y diciembre del año pasado, lo que confirma un estancamiento del sector.

El pasado mes de febrero, la Secretaría de Economía informó que la inversión extranjera directa en la minería se desplomó preliminarmente un 66.5% durante 2022 hasta mil 603 millones de dólares, aunque la cifra preliminar incluye al sector petróleo y gas.

El control de la minería en México está en manos de empresas canadienses y de tres consorcios mexicanos, cuyos intereses se extienden al sector financiero y de las telecomunicaciones. La creciente presencia de firmas extranjeras en el país se ha consolidado en la década de gobiernos panistas, aun cuando en el pasado hubo intentos por “mexicanizar” una industria que, desde la época colonial, ha sido expulsora de la riqueza del país.

México se ubica como el quinto mejor destino a nivel mundial para la inversión en la industria minera, de ahí que 93% de las 345 empresas que operan en territorio nacional sean de origen extranjero, mientras que solo 21 son mexicanas, según datos del Sistema Nacional sobre Economía Minera.

Las tres empresas mexicanas que dominan la industria son: Peñoles, fundada por Alberto Bailleres; Grupo México, de Germán Larrea, y Frisco, de Carlos Slim. Los dueños de estas empresas tienen redes y contactos políticos empresariales que les facilitan el conseguir las concesiones para la explotación de los grandes yacimientos que hay en el país.

El Grupo Bal fundado por Alberto Bailleres no solo son los dueños de Peñoles también ostenta el control de la tienda departamental Palacio de Hierro, además de ser los accionistas principales de la aseguradora GNP y Médica Móvil, y del patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater de prominentes miembros del grupo que dicto la política económica en el periodo neoliberal.

La minera Fresnillo plc del Grupo Peñoles es el primer lugar en extracción de plata, además de ser el principal productor de metales y minerales en México.

Minera Frisco, de Carlos Slim logró en 2020 ventas con valor de 13,859 millones de pesos, por la explotación de 155 mil onzas de oro, 30 mil toneladas de zinc y 121 mil toneladas de cobre, que extrae de los yacimientos de El Coronel en Zacatecas; Asientos, Aguascalientes; y Tayahua, Zacatecas.

Grupo México, dirigida por Germán Larrea, es la compañía que más cobre produce en todo el territorio nacional. Los yacimientos de Buenavista del Cobre y La Caridad, en Sonora, producen alrededor de 166 mil toneladas de este metal, además de que tiene otros dos proyectos para explotar las minas de cobre.

Las relaciones del corporativo, que preside Germán Larrea Mota Velasco son muy fuertes, ya que en su consejo de administración figuran, entre otros: Juan Gallardo Thurlow, residente de Pepsi en México, del Grupo Azucarero México y negociador hace algunos años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está también Antonio Madero Bracho, presidente de San Luis Corporación (industria automotriz) y miembro del CMHN. Asimismo, figura Claudio X. González, ex presidente del CCE, y ex asesor del ex presidente Carlos Salinas, entre otros.

Entre las empresas extranjeras que dominan la industria minera mexicana destaca la canadiense Goldcorp que es la segunda compañía minera más grande en el país. Su yacimiento más importante es Peñasquito, ubicado en Zacatecas, del cual se extraen oro, plata, zinc y plomo.

En agosto de 2014 la minera de Germán Larrea, derramo químicos tóxicos en el Rio Sonora, provocando la contaminación de las aguas y causando afectaciones a los habitantes de la zona. Lo peor del caso es que a más de 7 años del evento el río sigue contaminado.

En la conferencia mañanera del 24 de diciembre del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la administración de Felipe Calderón concesionó el mayor número de hectáreas de territorio a empresas mineras del que se tenga registro desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

El mandatario expuso que Calderón Hinojosa concesionó 35.5 millones de hectáreas, seguido de Ernesto Zedillo que entregó 34.6 millones; mientras que Vicente Fox cedió 24.9 millones, añadiendo que en su administración no ha entregado ninguna concesión a empresas mineras y que revisaría los contratos existentes para verificar que no afecten zonas naturales protegidas o a comunidades indígenas.

Expertos aseguran que de modificarse la Ley minera provocaría fuga de capitales del sector además que habría generar impactos negativos a la actividad minera nacional y poner en riesgo la subsistencia y continuidad de esta industria.

La Ley enviada al Congreso por el ejecutivo federal elimina también el carácter preferente de la actividad minera. La exploración, explotación y beneficio de minerales o sustancias no justificarán la expropiación a favor de particulares y propiedad social, debido a los beneficios que tienen los privados. Se transforma la figura de las asignaciones a favor de las entidades paraestatales.

Los cambios en la Ley minera propuestos por el ejecutivo federal en lo que se refiere a reducción del tiempo de las concesiones mineras, así como el uso del agua y la eliminación del carácter preferente de la actividad extractiva podría significar problemas en el abasto de materias primas para otros sectores industriales, lo que obligará a esas otras industrias a importar esa materia para cumplir con sus metas de producción.

Por otro lado, el Gobierno de la Cuarta Transformación busca recuperar la rectoría del Estado en la minería, frenar los abusos de las empresas y el ecocidio que provoca la industria.

Las modificaciones a la Ley minera podrían frenar la inversión en el sector, pero por otro lado detendría el ecocidio provocado por esa industria.