En la entrega anterior planteamos nuestro concepto sobre una Revolución del Bienestar que incluye tres pilares más: la seguridad y protección ciudadana que supera el viejo concepto de la seguridad pública; el desarrollo y crecimiento económico que integra los esfuerzos de la inversión y gasto público con inversión privada, nacional y transnacional, para el empleo, la productividad, el salario y el acceso a bienes y servicios públicos, más la lucha frontal contra la corrupción estructural desbordada en las instituciones del Estado, para devolverles su carácter social y de utilidad pública para el desarrollo. No se trata solo de una concepción del bienestar basado en los programas sociales universalistas que son un gran avance (frente a los programas de “focalización contra la pobreza” impulsados por el Banco Mundial) sino que los trasciende y se inserta en una visión de la seguridad como parte del bienestar y el crecimiento económico con sentido social.

Son las bases elementales de un nuevo paradigma del que habló desde hace cuatro años la 4T-4R, la mejor base estructural de políticas públicas convergentes para enfrentar al crimen transnacional organizado con todas las secuelas e impactos habidos por su presencia extendida en la sociedad y las instituciones del Estado, abandonando así la estéril política de represión armada como recurso fundamental del Estado ante la poderosa presencia de la criminalidad harto empoderada.

En el debate del día 20 pasado las candidatas no se emplearon a fondo, guardaron claramente algunas de sus armas para el segundo y último debate. Alejandra del Moral muy previsible en sus ataques a la maestra Delfina con las cantaletas desgastadas sobre los descuentos por nómina a empleados en Texcoco para apoyar a Morena y el tema de los recursos de la SEP, ambos suficientemente aclarados. Delfina Gómez serena hablaba y leía y repetía que “el cambio está cerca y no debe dejarse pasar esta oportunidad”. ¿Alejandra del Moral hablando de corrupción? cuando el Estado de México es ícono de corrupción desbordada (ella ha sido parte en las últimas administraciones del PRI, no puede ser ajena a ello), El Estado de México “es el más corrupto” en la percepción social, recuerda la moderadora, que cuando pudo ayudó a la candidata del PRI-PAN, abandonando la ortodoxia de su rol en el debate. Ya es costumbre. Las moderadoras pasan al bando de la polémica contra los candidatos de izquierda, desnaturalizando su rol y mostrando su orientación política sin disfraces, su rol de sometimiento ideológico a la derecha nacional, a la reacción y la corrupción.

Las políticas orientadas al bienestar en México han sido accidentadas, erráticas e inconsistentes y luego abandonadas para imponer el “enfoque Banco Mundial” de la “focalización”. Los “gobiernos de la revolución” desarrollaron una política social de amplia cobertura mediante las instituciones de protección social (IMSS, ISSSTE, INPI, SEP, Secretaría de Salud) escolaridad gratuita hasta la universidad (UNAM e IPN), sistema de pensiones solidario, y otras instituciones, que se fueron atrofiando gradualmente porque estaban enmarcadas en el corporativismo sindical-laboral, la entronización de funcionarios y líderes de élite y la corrupción progresiva hasta las altas esferas de la institucionalidad social. “Solidaridad” funcionó un tiempo como programa innovador y de “compensación social” (decía el presidente Salinas). Ernesto Zedillo inauguró el “enfoque de focalización” y la pobreza en ambos gobiernos creció considerablemente hasta alcanzar al 70% de los mexicanos. Peor balance no es posible. Fox y Calderón continuaron y no fueron capaces de detener esta tendencia nefasta del crecimiento de la pobreza y la pobreza extrema.

Hoy el tema fundamental es cruzar la política social para el bienestar y contra la desigualdad, la pobreza, con la política criminal, con la política de seguridad, la política de justicia, la política de crecimiento y con el combate a la corrupción. Todo ello enfocado al combate al crimen transnacional y la pacificación del país. Esta es la Revolución del Bienestar. Dirección, coordinación inter agencias, integralidad institucional, convergencia y objetivos direccionados de manera clara y precisa, mando único con concepción estratégica única, pero flexibilidad regional.

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El Estado de México posee tres problemáticas propias de estándares nacionales: el envejecimiento progresivo de su estructura demográfico-social; la informalidad económica que es mayoritaria y la inmigración poblacional inter-entidad principalmente la de Estado de México-Ciudad de México y de otras entidades hacia el Estado de México, pero posee también otras que son parte de sus particularidades estructurales, como: su débil estructura económica para el desarrollo productivo:

Es la entidad con el mayor número de habitantes en el país; concentra el 14% del total de la población. El envejecimiento demográfico está dado por el cambio de la estructura por edad, donde la población mayor de 60 años aumenta (tanto en términos absolutos como relativos) y hay un decremento de la población joven. Dos factores explican el índice de envejecimiento: la reducción de la tasa de fecundidad y el incremento de la esperanza de vida. Ambos indicadores demuestran, no obstante, un avance positivo en las políticas públicas enfocadas a la salud.

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Según CONAPO se espera que la población envejecida en el Estado de México pase de 1 millón 646 mil 721 en el año 2017 a 2 millones 354 mil 646 en el año 2025, esto es, un incremento porcentual de 42.99% de la población de 60 años y más. El índice de envejecimiento señala que en el año 2017 hubo en la entidad 24.90 adultos mayores por cada 100 niños y adolescentes menores de 15 años, que se incrementará a 49.33 adultos para el año 2030. También aquí el fenómeno es de envejecimiento moderado respecto de la media nacional.

El enfoque del desarrollo contempla como principio y guía la sostenibilidad. Esta óptica orienta los esfuerzos de los gobiernos hacia el logro de un equilibrio entre la población, el desarrollo económico y los recursos naturales. Por lo tanto, la planeación demográfica y el desarrollo sostenible tienen una relación estrecha y transversal e impacta directamente sobre la calidad de vida de la población.

La pensión universal para adultos mayores la reciben principalmente las personas concentradas en la zona metropolitana que conforman la Ciudad de México y el Estado de México, sumando el 20% del total, seguidos de Veracruz (8%) y Jalisco (7%) y Gurrero al último con el 3%.

En México el sistema de pensiones se compone de pensiones contributivas y no contributivas, son los principales ejes de gasto público en este rubro. La pensión contributiva se otorga a adultos mayores que realizaron contribuciones durante su vida laboral para acceder a una pensión. La pensión no contributiva se otorga a adultos mayores que no contribuyeron o muy poco durante su vida laboral para tener una pensión, aquí es donde la economía informal (60 por ciento PEA), nos rebotará en el mediano plazo y estamos sin estrategia para ello.

La tendencia emergente hacia el envejecimiento gradual de la población mexicana afecta la estructura productiva, la productividad, los recursos humanos de alta capacitación para los sectores tecnológicos de punta, la estructura de la educación universitaria, etc. Y va presionando mayormente el tema de los recursos financieros para pensiones, la situación de las finanzas públicas y la estructura tributaria. Se trata de desafíos descomunales de mediano plazo. El próximo gobierno en el Estado de México debe pensar y diseñar sobre ello. Si es de izquierda, mayormente.

La migración interna es uno de los principales factores de los cambios en la distribución geográfica y sociodemográfica de la población en México, hoy en la propia entidad mexiquense, reflejo de las expectativas de la población por obtener una mejor calidad de vida (acceso a servicios, mayor seguridad) y salarios que aseguren un mayor bienestar económico y social. Por lo tanto, considerar las tendencias y niveles de los flujos de migración interna es una tarea esencial para el ejercicio de prospectiva de la población, de los cambios en su composición.

En el Estado de México el 79.4% de los negocios (2020) se ubican en la informalidad económica, es decir, son 767,547 establecimientos con 3 millones 346,381 trabajadores. Es la proporción inmensamente mayoritaria de la actividad económica. El 53.3% de las empresas corresponden al sector Comercio, 36% a los Servicios, 9.9% al sector Manufactura y 0.8% al resto de actividades. La industria manufacturera es enormemente minoritaria. El comercio y los servicios dominan la estructura económica del Estado. Del total de negocios el 96.8% son de tamaño Micro, 3% son pequeñas y medianas empresas y 0.2% corresponde a grandes empresas, de acuerdo al número de empleados con que cuentan. ¿Cómo generar a partir de ello empleo formal, productividad y competitividad?

La tarea es inmensa. ¿Cómo enfrentarlos con una política social y económica de fomento activo? Recurriendo justamente al impulso de formas de producción convencionales y no convencionales, como es la economía social y solidaria, olvidada en México, que ha dado resultados en Europa y Sudamérica, también con grandes obras de infraestructura y con planes de estímulo y coinversiones de capital privado para el desarrollo productivo y el empleo formal, para que en conjunto ello absorba una parte importante de la informalidad económica hoy predominante. Un programa agresivo de manufactura compartida (maquila de 2ª generación altamente intensiva en mano de obra) puede resultar importante dentro del esquema de Zonas Económicas Preferentes (ZEP). En Asia tienen una inmensa experiencia en ello.

Los fenómenos negativos fueron agudizados y resultantes de un modelo de desarrollo catastróficamente fallido como modelo de desarrollo incluyente y distribuidor de la riqueza social, tal cual lo fue el de economía liberal y de mercados oligopólicos, exitoso solo para las más grandes empresas.

Abundaremos en nuestra próxima entrega en estos temas.