La Constitución vigente, desde su promulgación en 1917, establece la división de poderes como pilar fundacional de la República mexicana. El constituyente de aquel año, inspirado en los ideales de la Ilustración francesa y del liberalismo del siglo XIX, consideró que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial debían estar constituidos por separado y servir de contrapeso uno frente a los otros.
Mientras el Ejecutivo y el Legislativo responden a la voluntad popular, las prerrogativas del Judicial se ciñen a la interpretación y aplicación de un marco legal cuyo propósito es la convivencia democrática y evitar el abuso autoritario por parte de alguno de los otros poderes, dentro de un código de normas y leyes que rigen la vida de la nación.
La instalación del nuevo Poder Judicial el pasado 1 de septiembre ha supuesto la erosión de la independencia judicial. Si bien el discurso obradorista repite incansablemente que la reforma derivó de la voluntad del pueblo, no se trata más que de una grosera estratagema propagandística dirigida a pintar una realidad lejana.
El expresidente AMLO, la presidenta Sheinbaum y el grupo morenista no han buscado en ningún momento reformar el estado de la justicia en México. De allí que no se hayan tomado acciones con miras a realizar un diagnóstico sobre lo que sucede cada día en los ministerios públicos ni en los cuerpos de las policías, mismos que sirven como primer contacto en la cadena de la persecución de los delitos.
Pedro Salazar, investigador de la facultad de Derecho de la UNAM, recuerda, en su más reciente artículo publicado en la revista Nexos, cómo la Suprema Corte devino, a partir de la reforma de 1994, en un tribunal cuya responsabilidad fundacional sería la interpretación de la norma constitucional, dejando atrás años de servilismo hacia el presidente en turno y prácticas metaconstitucionales (Jorge Carpizo) ejercidas por los gobiernos priistas.
Lo que Sheinbaum y Morena han inaugurado es un resurgimiento de las prácticas más autoritarias y el fin de la transición democrática, al tiempo que han pavimentado el camino hacia un eventual ejercicio despótico del poder.
Si bien las formas continuarán existiendo en la Carta Magna, en la práctica el Poder Judicial no será más que la materialización del apoderamiento de la ley por parte del régimen gobernante, en detrimento de las libertades individuales, de la democracia y del porvenir del Estado mexicano.