“Mañana regreso”, fue lo último que dijo a su familia Nacho Palomas, un minero muy joven que hoy tiene la vida apilada entre sesenta y cinco expedientes con varios tomos no resueltos.

Era 2006, en una noche de 18 de febrero, se despidió sin saber que nunca iba a volver. Su familia sabía que la necesidad apremiaba, que el hambre era cruda y si era necesario doblar turnos, Nacho lo haría. Tenía un recién nacido en casa que ahora es adulto.

En la mina, fue un nombre más. Igual que otros 64 mineros que laboraban el turno nocturno en Pasta de Conchos.

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Comenzó con una explosión que hizo sonar las sirenas de alerta en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.

La explosión generó varios derrumbes y los 65 mineros quedaron atrapados. En algún momento hubo una luz de esperanza pues Humberto Moreira, que era gobernador en aquel entonces, dijo que los extractores seguían llevando oxígeno.

La esperanza terminó con el anuncio de que los trabajadores ya no recibían aire.

Grupo México era el titán empresarial encargado y beneficiado de esta mina. El mismo grupo empresarial que logró unificar la empatía de los más fríos ante la amenaza de expropiación de un tramo ferroviario concesionado en favor de Ferrosur por 50 años desde 1998.

Los esfuerzos de búsqueda duraron tan solo un par de días y habían grandes concentraciones de gas natural.

“No había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano”, dijeron.

Los cuerpos nunca fueron recuperados, la mina se mantiene cerrada al día de hoy.

Pero el dolor en las familias que perdieron a sus padres se mantiene en las 65 cruces de madera que rodean la zona. Curiosa falta de memoria: Napoléon Gómez Urrutia era líder sindical de los mineros y abandonó a las familias afectadas, razón por la que vivió en Canadá desde 2006 pero 12 años después volvió como candidato plurinominal de Morena al Senado y ahora encabeza la Reforma Minera con el “movimiento obrero democrático”. Los exmineros de Cananea, integrados en el Grupo de los 719, siguen luchando ante el poder judicial en un Tribunal federal pidiendo que Napoleón Gómez Urrutia pague 55 millones de dólares por un fideicomiso minero. Pero ahora todo es distinto. El tribunal federal ya es una “institución de defensa neoliberal” y los deudos de las víctimas así como sus compañeros se han ido convirtiendo en “opositores reaccionarios”. Apenas el 19 de mayo hubo sesión en materia laboral por parte de tribunales federales para determinar la responsabilidad del senador y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana.

El fideicomiso quedó en el limbo tras la reforma impulsada por el presidente que desaparecía todas las estructuras de su forma. Pero los mineros son ahora los explotados de los explotados, pues varios examinemos han acusado que la justicia simplemente no llega. Son sus hijos los que ahora la piden. El senador santificado es acusado de haberse apoderado de recursos sindicales y de obstruir la justicia durante 18 años. A pocos les importa pues la impunidad tiene precio y ahora también parece tener legitimidad.