En medio de la polémica en torno a la iniciativa de AMLO de reformar el sistema electoral, y con ello, el posible desmantelamiento del INE y del Tribunal, sí que vale la pena hacer mención de algunos rasgos que son perfectibles.

Uno de ellos es que el INE, con el respaldo del Tribunal, sea capaz de superar obstáculos políticos para que sus decisiones tengan repercusiones reales. En este tenor, como resultado de las innumerables violaciones a la ley electoral por parte de los partidos políticos, el INE debe contar con “dientes” para eliminar el registro de todos los partidos políticos que reiteradamente han contravenido las disposiciones en materia electoral.

Si así hubiese sido años atrás, impresentables partidos como el Partido Verde habrían perdido el registro. Resulta inaceptable, pues, que estos delincuentes electorales vivan en las sombras, actúen a sus anchas, realicen actos anticipados de campaña, mantengan en la oscuridad sus operaciones financieras, y en suma, que no tengan el menor miramiento hacia las leyes y normas que rigen la vida electoral en México.

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De nada han servido las multas, pues estos partidos, en una estrategia perversa y corrupta, optan por pagarlas, sabedores de que los resultados obtenidos con sus trampas resultan superiores a las penalizaciones impuestas.

Antes lo fue el Verde, ahora es Morena. Las medidas cautelares impuestas por el INE a Claudia Sheinbaum no es más que la punta del iceberg. Morena, al igual que el Verde y otros delincuentes electorales, han recurrido reiteradamente en violaciones al marco constitucional y al derecho vigente en la materia. Allí sigue los partidos, viviendo de dinero público sin cumplir en absoluto con lo que exige la ley.

¿Se imagina el lector si el INE, respaldado por el Tribunal Electoral, decretase la eliminación del registro de Morena? Esta situación se antoja como una situación inverosímil pues el INE, a pesar de ser la institución constituida como autoridad electoral, no goza del poder político para implementar en los hechos las competencias que le fueron conferidas en la Ley. Por el contrario, está amenazada por un poderoso jefe del Ejecutivo que lejos de buscar su fortalecimiento público, quiere su desaparición para que no haya alguien que ose alzar la mano para castigar las irregularidades de su partido.

En otras palabras, la democracia mexicana no necesita el debilitamiento del INE, y mucho menos, su desaparición, sino por el contrario, el fortalecimiento de la autoridad electoral, con el propósito de que tenga “dientes” para hacer aplicar la ley, y con ello, cumplir cabalmente con sus obligaciones constitucionales. Sin embargo, en la coyuntura actual, difícilmente lo veremos hecho una realidad.