La figura jurídica de la revocación de mandato en México, contenida en el artículo 35 constitucional, fue una ocurrencia de AMLO. Sin embargo, el expresidente no descubrió el Mediterráneo ni inventó el agua tibia, sino que ha sido un artilugio del populismo latinoamericano para vender la imagen de los regímenes como democráticos cuando en realidad no son algo más que un disfraz costoso.

En días recientes, el diputado morenista Ramírez Cúellar anunció que había presentado un dictamen de reforma constitucional para que este “ejercicio participativo” tuviese lugar el mismo día de las elecciones intermedias en 2027. Según dijo el legislador, el objetivo sería reducir los costos. Resulte como sea, el resultado será el mismo: la presidenta Sheinbaum continuará su periodo presidencial hasta el 1 de octubre de 2030.

La posibilidad de que el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum sea revocado es inexistente, y por tanto, la convocatoria a las urnas, inútil. En primer lugar, este ejercicio representará un costo adicional sobre las arcas públicas. ¿No resultaría más pertinente y justo dirigir esos millones de pesos a los cientos de asignaturas de la agenda pública mexicana que exigen recursos, tales como seguridad, educación o salud?

En segundo, la revocación de mandato solo servirá para promocionar la figura presidencial. No contentos con la presencia de la mandataria en cada mañanera, se busca que su nombre esté presente en promocionales de campaña. Y en tercer lugar, no puede omitirse –de nuevo- la participación de agentes ajenos, tales como el crimen organizado, en la venta y compra de favores políticos a cambio de movilización electoral.

Finalmente, en caso de un remoto resultado adverso en el ejercicio de revocación de mandato, y si la presidenta Sheinbaum fuese obligada a dimitir (lo que resulta a todas luces altamente improbable e irrisorio) resultaría inimaginable el nivel de inestabilidad política que el país debería afrontar ante el cese de funciones de la jefa del Estado.

En suma, la revocación de mandato resultará – al igual que con AMLO- absurda, costosa y estéril. Como he señalado, no representa un signo de salud democrática, sino una estrategia perversa propia del populismo de la región para ocultar el retroceso de la democracia liberal detrás de una cortina de un supuesto “ejercicio de democracia participativa”.