El golpe al CJNG no solo movió el tablero del crimen. También puso nerviosos a varios despachos municipales.
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas llevan años señalados como paraísos donde el dinero sucio se mezcla con el turismo de lujo. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían.
Hoy, con el abatimiento del líder del cártel, el silencio político empieza a agrietarse.
En Bahía, al alcalde Héctor Santana García le retiraron la visa. No es un trámite cualquiera. Washington no actúa sin papeles sobre la mesa. Hay investigaciones abiertas por lavado, por vínculos financieros con operadores del grupo. Las mismas redes que crecieron cuando la política local prefería mirar a otro lado.
En Vallarta, el alcalde Luis Munguía también carga con su propia tormenta. En los informes de inteligencia su nombre aparece junto a concesiones, negocios turísticos y esquemas que el cártel aprovechó sin mayor resistencia. La red de fraudes de tiempos compartidos, que dejó cientos de millones perdidos en Estados Unidos, no se levantó sola.
Reportes de inteligencia apuntan a que operadores financieros del grupo criminal mantenían presencia activa en la zona de la bahía, particularmente en sectores como bienes raíces, turismo y empresas fachada. Además, resurgen referencias a vínculos políticos del pasado con el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien fue procesado en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico.
El problema no es nuevo. Lo nuevo es que la presión viene de fuera. Que agencias estadounidenses ya tienen la lupa sobre los gobiernos locales, y que en el discurso oficial nadie quiere reconocer la profundidad del daño.
Recientemente, la OFAC y el FBI dieron a conocer una red de fraudes financieros desde un resort en la zona de la bahía, mediante esquemas de tiempos compartidos dirigidos a víctimas en Estados Unidos, con pérdidas que rondarían los 300 millones de dólares. Estas operaciones, según reportes oficiales, formaban parte de mecanismos de lavado de dinero que conectaban con estructuras del CJNG.
El CJNG no solo fue una organización criminal. Fue un modelo económico paralelo, infiltrado en sectores legales: turismo, bienes raíces, combustible, comercio. Un sistema que sobrevivirá mientras las autoridades sigan fingiendo que no lo ven.
Vallarta y Bahía viven de la confianza. Pero cuando la política se mezcla con el dinero del crimen, ni el mar alcanza para limpiar la mancha.
Y si hoy los alcaldes callan, no es por prudencia. Es porque saben que el golpe no terminó. Apenas empezó a tocar la puerta correcta.
X: @Alberto_Rubio