El comportamiento de los grupos criminales en sus estrategias de desaparición de personas evoluciona y se diversifica, mientras que la estrategia fallida –o inexistente—permite que las estadísticas se incrementen, al igual que el dolor y sufrimiento de miles de familias mexicanas.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, entre enero y marzo del presente año desaparecieron 2,095 personas, --1,329 hombres, 63.44% del total y 766 mujeres, 36.56%-, según los Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO), 20.54% más que el mismo periodo del año anterior en el que se registraron 1,738 casos.

El Estado de México fue la entidad con más casos de desapariciones en el periodo comprendido con 787 en total, 406 hombres y 381 mujeres, concentrando así un 37.56% del total; seguido de Michoacán con 256 desapariciones (12.21% del total) y la Ciudad de México con 229 (10.93%), de acuerdo con los registros públicos de este año del RNPDNO.

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Con el hallazgo de por lo menos 17 cuerpos congelados en Poza Rica, Veracruz, y la privación ilegal de la libertad de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, -asesinados posteriormente y el crimen grabado en video-, el delito de desaparición cometida por particulares se pone nuevamente en el ojo del huracán, con vientos que arrecian con el “no oigo” emitido desde Palacio Nacional.

La presión y acción social no ha logrado el eco que les permita a los grupos de buscadores contar con la colaboración eficaz y efectiva de la autoridad para localizar a sus familiares. Son las víctimas indirectas, padres, madres, hijos o hermanos, quienes realizan la búsqueda y localización de osamentas tras la examinación de grandes extensiones de predios para lograrlo, poniendo en riesgo su propia vida, incluso con casos donde han sido acribillados.

Así como los grupos criminales reajustan su forma de operar, las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno habrán de hacer lo propio si buscan combatir de forma eficaz este flagelo, porque las personas no “desaparecen”, son víctimas privadas de la libertad por grupos dedicados al narcotráfico, trata de blancas, adopciones ilegales o pornografía infantil.

* La autora es periodista, criminóloga y estratega en comunicación social