Como se ha informado, el pleno de la Suprema Corte de Justicia votó hace unos días en favor de la constitucionalidad de una reforma hecha a la Ley de Instituciones de Crédito que prevé que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuente con las competencias para bloquear cuentas bancarias sin exigencia de resolución judicial.
Esta decisión conlleva serios cuestionamientos. En primer lugar, se recordará que una de las razones por las que la UIF, desde su creación en 2004, está adscrita a la Secretaría de Hacienda, y no a la Fiscalía General de la República, es porque su función originaria no es de persecución de sospechosos, sino simplemente de detectar irregularidades en transacciones. Una vez identificadas, su responsabilidad es informar a la FGR para que ésta, por su lado, inicie las investigaciones, y en su caso, presente una denuncia que debería, si procede, ser judicializada.
La UIF, como he señalado, no es de carácter persecutorio, en razón de su propia existencia y de los motivos para colocarla dentro del organigrama de Hacienda.
Ahora bien, la reciente decisión no solo atentará contra la propia naturaleza de la UIF, sino que se entromete con las responsabilidades propias del Poder Judicial. A partir de ahora, Hacienda, mediante la UIF, podrá asumir competencias que son facultades de los jueces, cargándose a su paso cualquier principio de presunción de inocencia, en abierta violación de los derechos humanos.
En adición, se estima que este nuevo panorama pueda conducir a una utilización política de la unidad con el objetivo de amenazar, amedrentar o chantajear voces que incomoden a la clase política. No será más necesario que una decisión de esta magnitud pase por un órgano jurisdiccional, sino que una agencia (o unidad) adscrita al Poder Ejecutivo podrá, si así conviene a su titular, al secretario de Hacienda, al presidente en turno o a un miembro poderoso de la clase dirigente, congelar los fondos bancarios de un individuo que no ha sido declarado culpable.
Los defensores de esta medida aducirán que se trata de una decisión motivada por el imperativo del gobierno de combatir la delincuencia y el crimen organizado. ¡Sí que debe combatirse! Sin embargo, en un Estado de Derecho cada poder tiene sus roles, y cada institución, sus debidas responsabilidades. Ha sido una decisión peligrosa en términos de libertades individuales.