Hoy es 8 de marzo y en todo el país, como cada año, las mujeres saldremos a las calles a exigir justicia por nuestras hijas, hermanas, tías, vecinas, compañeras de colegio, de universidad, por las jóvenes que salieron a divertirse y no regresaron, por las que el novio o el esposo las asesinó o las agredió.
Saldremos una vez más a pedir que el Estado nos proteja, que nuestras hijas regresen a casa todos los días sanas y salvas; que nosotras mismas estemos a salvo.
Y es que regresar a nuestro hogar en un país donde las cifras de desaparecidos y desaparecidas son escandalosas, se convierte cada día en una odisea, por ello, la polémica desatada por el llamado Kit Forense nos pone los pelos de punta. ¿A qué grado hemos llegado que de plano debemos dejar muestras de ADN y ropa en un maletín, por si un día nos secuestran o nos matan?
La idea de este kit no nació como una ocurrencia de alguien improvisado o de algún ocioso, tampoco es un chistorete. Su creadora es Becky Ríos, investigadora de la UNAM, sobreviviente de un intento de feminicidio en 2015.
Tras el ataque, la maestra Becky casi pierde la vida, además de ser víctima de violencia machista institucional porque nunca pudo denunciar debido a que el agresor era su pareja. “Al rato se reconcilian”, le dijeron.
El kit forense está en el centro del debate por la convocatoria del Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, para impartir el taller “Elabora tu kit forense en caso de desaparecer”. Tras la publicación de esta invitación, las redes sociales, activistas y periodistas mostraron su indignación, pues dijeron que se normalizaba la violencia hacia las mujeres y que en lugar de defendernos y garantizarnos justicia, se normalizaba la posibilidad de desaparecer.
Además, su creadora, Becky Ríos, acusó al ayuntamiento oaxaqueño de plagio y sostuvo que con su kit no se lucra. Y tiene razón.
Al final, el material de promoción del taller fue retirado de las redes sociales del ayuntamiento. Sin embargo, el debate continúa, centrándose no solo en la iniciativa en sí, sino en la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir las desapariciones y garantizar la seguridad de la población en la región.
Y la verdad es que la cosa no está nada bien: según organizaciones civiles, los casos de desapariciones en el estado han subido un 82% en apenas tres años, pasaron de 418 en 2022 a unos 760 en 2025.
El Istmo de Tehuantepec no se queda atrás en esta problemática. En los últimos años la región ha visto crecer la violencia, ligada a peleas entre grupos criminales y el flujo migratorio.
El tema es muy preocupante.
Por supuesto que nos aterra pensar que para salir a la calle, a la escuela o al trabajo, debemos prevenirnos ante una posible desaparición. Tenemos que estar preparadas con un maletín, como el que debemos tener listo los y las capitalinas en caso de un sismo.
La semana que apenas concluyó fue de cifras negras: feminicidios de estudiantes en Morelos, feminicidio en el Estado de México y en Oaxaca, justamente donde se desató la polémica, cada 24 horas desaparecen seis personas.
No queremos, pues, prevenir nuestra desaparición, queremos caminar por las calles libres y seguras.
Que hoy, 8 de marzo y siempre, nuestra voz sea escuchada.



