Ya habíamos apuntado en entregas anteriores que José Ramón López Beltrán y sus hermanos son ricos: es decir, el hoy cuestionado personaje nació en una familia que ha acumulado a lo largo de varias generaciones un patrimonio muy superior al de la inmensa mayoría de los mexicanos.
En este sentido, el asunto de la ‘Mansión del Bienestar’ debería ser más o menos sencillo de explicar, por más que a algunos no les quepa en la cabeza que un mexicano rico pueda vivir con los lujos razonablemente comunes de la sociedad estadounidense.
¿Cómo hizo un hombre de 40 años para pagar renta de una casa en el Houston suburbano y luego comprar otra, valuada en unos siete millones de pesos? Sencillo: tiene propiedades con valor de millones de pesos en México, herencia de abuelos y padres, además de participación en al menos una empresa próspera. Lo anterior, sin contar que la pareja del cuestionado es una profesional de clase media con ingresos propios.
Lo ofensivo no es la casa, es el privilegio
Sin embargo, la explicación oficial deja un muy amargo sabor de boca, no ya por la estirada relación entre la casa rentada y una empresa contratista de Pemex, sino por el recién descubierto empleo de José Ramón López Beltrán en KEI Partners.
No nos detengamos, como han hecho muchos medios y opinólogos, en detalles tontos como la fecha de la página web, o la duda sobre si López Beltrán puede ejercer la abogacía en Estados Unidos, cuando el hombre es un asesor y no un litigante.
Lo condenable en todo este affaire es que López Beltrán trabaja en una firma relacionada a Grupo Vidanta, cuyo fundador, a su vez, está relacionado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
No se podrá castigar al hijo de AMLO o la empresa, pues resulta casi imposible ver la contratación como un pago de favores. Me explico: Daniel Chávez Morán se retiró hace muchos años de Vidanta, lo que pone tierra entre su papel como asesor del Gobierno Federal -especialmente en el Tren Maya- y KEI Partners, empresa que, en todo caso, no es de él sino de sus hijos.
Siendo amables e incrédulos, digamos nomás que el hijo presidencial consiguió trabajo como asesor legal en Houston por recomendación, y no por nepotismo. De todos modos, sigue siendo lamentable que el tipo use todo su privilegio y el apellido de su padre para conseguir lo que quiere.
Las cosas como son: no hay -o al menos no parece haber- nada ilegal en la constitución de la empresa Chocolates Rocío. Pero José Ramón y sus hermanos aprovechan el Obrador de su acta de nacimiento para hacerla crecer. Más de uno compra sus productos como souvenir o por simpatías políticas. Y ahora, resulta que José Ramón también tiene un muy buen empleo en Estados Unidos colgándose del apellido.
Se trata de comportamientos muy comunes entre las clases media y alta de México pero que, por desgracia, pegan al presidente en lo más hondo de su orgullo.
Acá no se trata de la presunta hipocresía de querer una administración pública austera y tener hijos que viven de manera holgada. Lo que hiere es ver que los esfuerzos de la autodenominada ‘cuarta transformación’ por garantizar la movilidad social se opacan ante la confirmación de que en México vale más el apellido y condición social que la preparación, porque, aceptémoslo, nadie contrataría a un cuarentón sin experiencia en la iniciativa privada estadounidense de no ser hijo de un “picudo”, poniéndolo en términos del mismo AMLO.