La figura de revocación de mandato en México lleva implícito, además del enorme costo económico que pega al presupuesto de egresos, el riesgo de inestabilidad política, esto debido a que trae consigo el riesgo que ciertos grupos de interés piensen (y actúen) en desestabilizar la vida política valiéndose de nuestra principal institución política que es la presidencia de la República. Ya Ricardo Monreal mencionó en un discurso, veladamente, la figura en cuestión –al referirse a los participantes en la marcha contra la violenciapor la crisis en Michoacán–, que “mejor se esperen al 2027 para llevar a cabo dicho ejercicio electoral”. Puso a la presidenta Sheinbaum ¿de forma no intencional?, pues con la etiqueta de que “no acabará el sexenio”, puede haber un potencial “fuego amigo” en el seno del “movimiento” en el poder (partido MORENA).

Eventualmente, dicho instrumento podría convertirse en un incentivo perverso para intentar “tumbar a la mala”, en este caso a una presidenta que ya fue elegida para un periodo constitucional de seis años.

La administración Sheinbaum dio, acertadamente, reversa a las reelecciones de legisladores y presidentes municipales; ahora tocaría eliminar la revocación de mandato, que repito, puede aterrizar en forma de una guerra sucia interna en cuanto a que grupos de poder podrían lanzar campañas envenenadas en uno u otro sentido, y ni hablar de la batalla de los miles de millones de pesos, también por concepto de “movilización” (acarreo de votantes y compra del voto), por ejemplo.

Las elecciones intermedias en el 2027 también suponen un derecho universal para ejercer ya sea un voto depremio o castigo, resultando la revocación de mandato, en una redundancia; en un derecho, en cierta forma, duplicado. ¿Que hay molestia e indignación en muchos mexicanos?, sí, pero eso sucede en todos los países, en menor o mayor medida. Es decir, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se tiene que ir, pero hasta el año 2030, para el periodo en que los mexicanos la elegimos y no antes, con el riesgo de una crisis institucional (que si no es en este sexenio sería en otro). Ojalá la presidenta considere mejor la naturaleza del FUERO, figura jurídica clave en cualquier democracia.

Uno de los retos, y también quizá el principal señalamiento hacia su administración, es el evidente pacto de impunidad entre la élite política; todos los “enemigos y adversarios” que repite en las mañaneras, son seres execrables, pero todos a la vez gozan de una cínica y obscena impunidad; ojalá tenga el margen para vencer fuertes inercias y la voluntad política para comenzar a cambiar ese fenómeno, que en la historia de México no había sido tan escandaloso como hoy en día. Rumores los hay, en cuanto a la posible eliminación de esa figura constitucional o de que se realice a la par de las elecciones intermedias; ya se verá.