La modificación de la legislación electoral conforme a la óptica del partido en el gobierno, y disconforme a la perspectiva de los partidos de oposición siempre resultará polémica. Por definición, es controvertible elaborar y aprobar reglas alineadas y sujetas a la opinión e intereses del gobierno, al tiempo de excluir las propuestas de los que compiten con éste.
Así, las normas electorales se convierten en el instrumento privilegiado para favorecer a una de las fuerzas, con lo que se destierra la competencia política y la pluralidad, pues tiende a convertir a las elecciones en el medio de legitimación de quien gobierna adjudicándole la seguridad de mantener su predominio, precisamente porque la regulación de la lucha política lo beneficia de antemano.
De ahí que las reformas político-electorales hayan sido, en el caso de México, la vía más evidente y plausible para la construcción de una ruta pacífica y acordada para transitar de un régimen autoritario a otro democrático. En efecto, con el PRI y con los acuerdos alcanzados con las otras corrientes políticas fue posible la llamada transición democrática; en contraparte, dibujar una trayectoria que desestima y deshecha los puntos de vista de la pluralidad significa una regresión que apunta hacia el autoritarismo que se pretendía superado.
Vale recordar la ley electoral de 1923 impulsada por el gobierno de Mussolini, conocida como Ley Acerbo en referencia a su autor (Giacomo Acerbo), que sustituyó a la anterior que databa de 1919, y que a diferencia de aquella estableció que el partido más votado y que alcanzara cuando menos el 25% de los sufragios obtendría las dos terceras partes de los escaños de los diputados.
La aprobación de dicha ley estuvo rodeada de actos intimidatorios y de ausencias importantes, pero una vez validada fue el instrumento para la consolidación de Mussolini y del partido fascista. Pues como en alguna ocasión fuera señalado, las normas electorales son el elemento más evidente de la manipulación política, ya que a través de ellas se deciden los mecanismos y fórmulas para convertir los votos en asientos en el Congreso. En otras palabras, a través de las reglas electorales es posible prefigurar o delinear al régimen político. Tal fue la pieza clave para que el fascismo italiano pudiera tomar para sí el ejercicio del poder arropado en la formalidad democrática en su arribo a él, pero dispuesto a convertir el régimen político al autoritarismo. Se trató entonces de un camino que se asumía como una tercera vía frente al liberalismo democrático de corte parlamentario y ante el comunismo, generando muchas simpatías en diversas partes del mundo; desde luego su influjo alto en la Alemania de Hitler.
Pero lo que se busca destacar aquí es el peso y papel que tiene el acomodo de la legislación electoral hacia la voluntad e intereses del partido en el gobierno, en tanto se convierte en una pieza clave para dar paso a lo que se conoce como un sistema de partido hegemónico. En él la hegemonía no se entiende como un predominio producto de la competencia democrática por el poder, sino más bien en la existencia de condiciones que no permiten la lucha electoral en pie de igualdad y que confieren una ventaja sistémica a la fuerza política que obtiene el triunfo y que por ese medio se mantiene en el poder.
Así, la intención de construir hegemonía en el sistema de partidos a partir de una reforma electoral ad hoc a la visión del gobierno, y de su interés por permanecer en el poder en circunstancias de una apariencia democrática parece obvia, al tiempo que explica algunos de los rasgos que parecen la identificarán, Aun cuando no se presenta la iniciativa respectiva, se tiene referencia de los puntos que fueron señalados en el gobierno anterior y que han tenido cierta reiteración a través de los comentarios de la actual administración.
Entre otros, un punto relevante que parece estará en la propuesta final avalada por el gobierno, se relaciona con la eliminación de los diputados plurinominales. Al respecto cabe señalar que la larga hegemonía del PRI sólo pudo modificarse mediante la incorporación en el sistema electoral de mecanismos que abrieran oportunidades en la Cámara de Diputados a representantes de otras fuerzas políticas, en tanto el sistema de mayoría, entonces vigente, hacía prevalecer al partido en el gobierno y dejaba sin espacios a los otros partidos por no lograr ganar en algún distrito, a pesar de que tuvieran una presencia significativa.
Los diputados de partido en 1963 y, más tarde, los diputados plurinominales en 1977 recrearon el sistema electoral y brindaron espacios en la Cámara de Diputados para los partidos de oposición, lo que hizo posible la consolidación de un sistema plural de partidos, el enriquecimiento del debate a través de diversas figuras y así la promoción de cuadros políticos de los distintos partidos. La importancia de ello ha hecho que algunos ubiquen el inicio de la transición democrática de México en 1977, precisamente en referencia a la reforma electoral de ese año.
El precedente de la reforma electoral italiana de 1923 nos recuerda la distorsión que ella puede introducir, hasta llegar a ser la clave que modifique el régimen político para establecer un traslado que va de la democracia al autoritarismo. Más todavía se dibuja la pista de tal influjo cuando los métodos de la mayoría en este gobierno han sido del corte que advertía Tocqueville cuando hablaba de la dictadura de las mayorías, todo indica que es el caso.