La crisis del Poder Judicial en México ya no puede analizarse solo desde una óptica jurídica. Hoy es, de manera clara y directa, un problema económico estructural. La falta de certeza jurídica, la dilación sistemática en la ejecución de sentencias y la impunidad generalizada impactan de forma directa la inversión, el patrimonio de las familias —en especial de adultos mayores—, la viabilidad del pequeño y mediano comercio y, cada vez con mayor claridad, la confianza en el T-MEC como motor de crecimiento.
El problema no es la ausencia de leyes. El problema es quién las aplica, cómo las aplica y con qué consecuencias.
1. Dos perfiles de jueces, un mismo resultado: la inejecución
En el sistema judicial mexicano hoy conviven dos perfiles problemáticos que, aunque opuestos en apariencia, generan el mismo daño.
a) Jueces inexpertos
Producto de integraciones aceleradas o afinidades políticas y de una carrera judicial debilitada, estos juzgadores suelen incurrir en:
– Resoluciones contradictorias.
– Formalismo excesivo para evitar el fondo.
– Delegación real del juzgado al secretario de acuerdos.
– Confusión entre prudencia y parálisis decisoria.
– El expediente se mueve, pero la sentencia no se ejecuta.
b) Jueces con muchos años, desactualizados y poco motivados
En el extremo opuesto, jueces con décadas en el cargo que operan bajo:
– Rutina y criterios rígidos.
– Resistencia a precedentes, tecnología y oralidad real.
– Normalización de la dilación como “carga de trabajo”.
– Ausencia total de incentivos o consecuencias.
No es un problema de edad, sino de falta de evaluación y responsabilidad institucional.
2. El factor silencioso: secretarios de acuerdos sempiternos
El elemento más corrosivo del sistema es el secretario de acuerdos perpetuo, que acumula poder real sin rendición de cuentas. En muchos juzgados:
– Define tiempos y prioridades.
– Controla la ruta del expediente.
– Normaliza el maltrato al justiciable.
– Opera con resentimiento hacia abogados y partes.
Cuando el juez es inexperto, el secretario manda. Cuando el juez está agotado, el secretario sustituye.
Este fenómeno explica por qué en diversos juzgados civiles del TSJ CDMX —como los numerados 33, 64, 52, 34, 46, 45, 20 o 67— existen asuntos con sentencia firme detenidos por años en etapa de ejecución, bajo criterios contradictorios y sin sanción alguna.
3. Prácticas sistémicas que exhiben la disfunción
Los ejemplos se repiten en distintas entidades y fueros:
– Juzgados del Estado de México que otorgan suspensiones provisionales contra ejecuciones ordenadas por ellos mismos, asumiéndose indebidamente como “auxiliares en materia de amparo”.
– Salas civiles en la Ciudad de México que resuelven asuntos complejos y de alto impacto económico de manera unitaria, evitando deliberación colegiada.
– En el ámbito federal, litigar en juzgados de distrito o tribunales colegiados se convierte en un sistema de protección institucional, sobre todo cuando los jueces son de reciente integración.
Un amparo directo o indirecto tarda en promedio seis meses. Una revisión, otros seis meses. Con quejas eincidentes, el proceso se extiende fácilmente a 18 o 24 meses, sin garantía de ejecución.
Es un sistema excesivo en tinta, costoso y omiso en justicia efectiva.
4. Extorsión y colapso del pequeño y mediano comercio
El impacto económico es inmediato. El pequeño y mediano comercio enfrenta una triple presión:
1. Extorsión criminal, que no se denuncia por desconfianza absoluta en fiscalías.
2. Imposibilidad de ejecutar contratos, rentas, pagarés o sentencias.
3. Costos judiciales prohibitivos, como edictos que superan los 50 mil pesos para emplazar a quien se oculta.
El mensaje es devastador: es más caro acudir a tribunales que perder el negocio.
Esto empuja a la informalidad, al cierre y a la normalización de la extorsión.
5. Patrimonio, adultos mayores y despojo impune
El despojo patrimonial —especialmente contra adultos mayores— se ha vuelto recurrente:
– Fraudes procesales.
– Simulación de juicios.
– Uso abusivo de medidas cautelares.
– Omisiones deliberadas en la ejecución.
Con una cifra negra superior al 90%, el patrimonio deja de estar protegido por el Estado y depende exclusivamente de la capacidad económica del afectado para litigar durante años. Esto no es solo injusticia: es destrucción de ahorro y transferencia forzada de riqueza.
6. El impacto macroeconómico de la incertidumbre judicial
Sin certeza jurídica:
– El capital exige mayores garantías.
– El crédito se encarece.
– Los proyectos productivos se posponen.
– La inversión se vuelve defensiva.
México no crece poco solo por razones fiscales o monetarias, sino porque hacer valer derechos es impredecible. Y en economía, la imprevisibilidad se traduce en menor inversión y menor crecimiento.
7. El T-MEC bajo presión silenciosa
El T-MEC no es solo comercio; exige Estado de derecho, protección a inversiones y ejecución de contratos.
Cuando inversionistas observan que en México:
– una sentencia firme no se ejecuta,
– un juez se extralimita,
– un amparo se prolonga por años,
– o un despojo queda impune, el riesgo país no se compensa con mano de obra barata.
La falta de certeza jurídica es hoy uno de los mayores riesgos para la continuidad y profundización del T-MEC.
8. Disciplina judicial: la gran ausente
Pese a la Reforma Judicial:
– No existen informes mensuales públicos de sanciones.
– No hay métricas claras de desempeño por juzgado.
– La judicatura y el tribunal de disciplina operan más como escudos institucionales que como correctores.
Sin consecuencias, la dilación se normaliza.
9. Sin ejecución no hay Estado de derecho
La justicia mexicana no fracasa al dictar sentencias; fracasa al hacerlas cumplir.
Y ese fracaso tiene un costo económico, social y patrimonial enorme.
– Sin ejecución no hay contratos.
– Sin contratos no hay inversión.
– Sin inversión no hay crecimiento.
10. Propuestas mínimas y urgentes
1. Métricas públicas por juzgado (tiempos y ejecución).
2. Informes disciplinarios mensuales verificables.
3. Plazos fatales en ejecución con sanciones reales.
4. Reforma integral de edictos y notificaciones.
5. Rotación y evaluación obligatoria de secretarios de acuerdos.
6. Resoluciones colegiadas obligatorias en asuntos de alto impacto.
7. La Reforma Judicial se impuso, si bien se puede justificar conque su tiempo de implementación es reciente. Eso es inaceptable en términos de justicia pronta y expedita, así como la capacidad de los jueces responsables. Improvisando, imponiendo es garantía de malos resultados y baja inversión por falta de credibilidad en el Estado de derecho. Esta es la última semana de labores en varios tribunales, otros ya disfrutan de sus vacaciones. El 2026 es un año clave para ver si este tipo de Reforma tiene solución o requiere nuevamente cirugía mayor.
Mario Sandoval. CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero y abogado con más de 30 años de experiencia profesional a nivel directivo.