El camino para reconocer los derechos políticos de las mujeres en México para cerrar --de una vez y por todas-- la brecha histórica de violencia, discriminación y desigualdad ha sido largo, difícil y complicado, además de que ha estado lleno de obstáculos y resistencias no solo de la sociedad, sino también de las mismas instituciones que tienen la obligación de garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos.
Recientemente en México, luego de largas batallas legales, se logró establecer los principios constitucionales para que las mujeres tuvieran las condiciones de igualdad en el ejercicio de sus derechos políticos, tanto a nivel municipal, estatal y federal, incluso en los órganos legislativos, donde se logró la paridad de género (mismo número de legisladores hombres y mujeres), como un piso y no un techo que restringiera la participación femenina.
Sin embargo, la reciente sentencia emitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX-JEL-204/2021) constituye un retroceso en la agenda de género y los derechos de la mujer, pues viola flagrantemente la propia Constitución al impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, acentúa su discriminación, la desigualdad, al interpretar que “no puede haber un mayor número de mujeres que de hombres en el Congreso de la capital del país.
Dicha sentencia, emitida por el consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) y, posteriormente ratificada por el Tribunal Electoral capitalino, marca un retroceso en materia de paridad de género porque de un “plumazo” cambia la prelación de las listas electorales y, elimina a mujeres que obtuvieron una mayor votación, para colocar a varones.
El argumento de los magistrados es que no debe haber un mayor número de mujeres en el Congreso local y, por ende, las eliminan para ser sustituidos por hombres, sin importar que las mujeres recibieran un mayor número de votos de los ciudadanos que participaron en el pasado proceso electoral, inventándose términos jurídicos inexistentes, y olvidándose que carecen de facultades o atribuciones para colocarse por encima de los electores que decidieron favorecer con sus votos a mujeres por encima de caballeros.
Esta situación, sin lugar a dudas distorsiona la voluntad popular, emitida en los votos, y en una decisión cambia la composición del Congreso de la capital del país, violando flagrantemente los derechos electorales y violentando las garantías de las mujeres.
Además, los magistrados electorales violan la propia Constitución al dejar a un lado, al menos tres jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que garantizan el acceso y la libre participación de las mujeres, olvidando que la paridad de género es un piso y no un techo, que quiere decir que tiene que haber un equilibrio en el número de legisladores varones y mujeres, pero no limita que alguno de los géneros pudiera tener mayor porcentaje, como ocurrió en estas pasadas elecciones a favor de las damas.
El “ajuste” que hizo el Tribunal Electoral abona a perpetuar el sistema de exclusión en agravio de las mujeres, que se ha mantenido en la historia de la humanidad. Además, establece un peligroso antecedente legal, porque ya varios estados de la República han tomado dichos criterios para, de manera mañosa, impedir la mayor participación de las mujeres en los órganos legislativos.
Por ello, es necesario que los magistrados vuelvan a revisar su sentencia y establezcan los criterios constitucionales ante esta resolución altamente violatoria a los derechos de las mujeres y reinterprete su sentencia, para evitar que con ella se limite el acceso a los cargos públicos e integración de los congresos.
La decisión del Consejo local electoral es verdaderamente vergonzosa, pero más vergonzoso es el juicio que hizo el Tribunal Superior de la Ciudad de México, queriendo arreglar la plana al propio Consejo, alegando derechos humanos que no están siendo violentados, lo que significa un retroceso a nivel nacional, porque la Ciudad de México es caja de resonancia nacional y mundial.
Los países avanzados en materia de derechos humanos nos están viendo a detalle, porque somos el primer país en haber logrado la paridad constitucional en los tres Poderes, en los tres niveles y en los órganos autónomos, a nivel internacional.
Además, México es reconocido como un país que ha logrado el mayor avance en los temas de protección de los derechos políticos de las mujeres. En este sentido, estas mañas, falsas salidas y trampas que han existido desde que empezaron las cuotas de género, no deben permitirse, porque manchan el avance ya reconocido por la ONU y organismos internacionales por el trato –y no maltrato-- de los derechos humanos dentro de nuestro país.
Punto Cero
La semana pasada se consumó el arribo de la priista Mirna García Morón a la Comisión de Derechos Humanos en la entidad mexiquense, lo que nadie se explica es, ¿por qué un Congreso con mayoría morenista, le cedió el lugar a esta persona identificada como policía represora y, además, espía?. Lo que queda claro es que, a su coordinador, Maurilio Hernández González le brotó -de nuevo- la piel priista. Hay que estar atentos porque se viene el relevo en la gubernatura y así como se ven la cosas, el “profe” exigirá la reelección de Alfredo del Mazo.