Desde luego que hay muchas interpretaciones. La nuestra es que México está transitando irreversiblemente hacia procesos electorales con electoras ciudadanas y electores ciudadanos que cada vez menos en proporciones marginales se comportan como clientelas políticas, como objetos de “campañas negras” y otras trapacerías de ese tipo.

Lo dominante es una ciudadanía en proceso de consolidación sin retrocesos al hacer propios el voto libre no corporativo, la alternancia política en cargos de gobierno, la pluralidad ideológica y el uso de ese voto libre ciudadano como efectivo instrumento de castigo y premio conforme a sus visiones e información. Esto se perfila como lo fundamental más allá de las “campañas negras” que las ha habido antes, las hubo hoy y que deben prohibirse puntualmente en la legislación electoral como factores no propios de una contienda democrática sometida a reglas civilizadas y como factor de distorsión política.

No se trata de ninguna manera que sean un gran negocio para los medios de comunicación, no afectan la democracia y la legalidad electoral en México.

Si a lo anterior agregamos una eficiente organización y operación electoral del INE, un comportamiento general aceptable de funcionarios ciudadanos y funcionarios profesionales –en la campaña hubo parcialidad manifiesta en segmentos muy localizados y evidentes-, así como la canalización institucional de quejas e impugnación, estamos ante un conjunto de elementos que en todo el mundo se llaman constitutivos de la democracia electiva y representativa.

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De igual manera, la opción de los mexicanos es precisa: no quieren violencia política, desean un proceso social hacia el cambio institucionalmente desarrollado, con negociaciones y consensos, con toda responsabilidad de la clase política, y depuración de todos aquellos responsables que agravian a la ciudadanía y al patrimonio público con actitudes de corrupción inaceptable.

Así se aprecia la gran visión histórica que tuvieron quienes desde la izquierda mexicana en 1977-78 y los líderes del gobierno del PRI de aquellos años, quienes pactaron una reforma política de apertura electoral para que la izquierda comunista y socialista accediera a compromisos y responsabilidades institucionales con la vía pacífica al cambio político con profundo sentido social, con las mayorías vulnerables.

Los nombres de Arnoldo Martínez Verdugo, Valentín Campa, Ramón Danzós Palomino y del lado del oficialismo, el Presidente José López Portillo y Jesús Reyes Heroles (el ideólogo), sin duda, captaron perfectamente bien que la vía mexicana no era regresar a la lucha armada sino ir a una lucha ideológica-política compleja y accidentada para quienes defendían las opciones desde el gobierno y quienes concebían de un proceso largo de acumulación de fuerzas que trajera el cambio social en México mediante la democracia electoral verdadera. El aglutinamiento de la izquierda en nuevas organizaciones más amplias a partir de la ruptura en el PRI de la Corriente Democrática, fortaleció dicha opción.

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Morena está ante la gran posibilidad de llevar la organización estructurada de esta fuerza político social a partir de su triunfo en 2018 pero especialmente a partir de 2021, a muchos estados de la República en donde la simpatía y el apoyo al programa de la 4T-4R ha sido refrendado, desarrollando un gran trabajo de organización y consolidación política, de funcionamiento de sus instituciones internas y de una dinámica social con liderazgos modernos y transparentes. No puede dejarse pasar esa gran oportunidad. Mucho ayudaría al programa de cambio en curso un trabajo de ese tipo, en el norte, en el centro y en el sur de la República.

A los ciudadanos hubo muchas cosas que no les gustaron del proceso político actual desde el gobierno en el sentido federal del término, candidatos no debidamente legitimados ante las bases sociales, un expediente fácil de buscar su reelección a pesar de deficientes funciones de gobierno o de representación popular (diputados, alcaldes) en donde los funcionarios de los 4T-4R no hicieron lo suficiente para ganar el voto, y los ciudadanos decidieron castigar esa actitud.

En ese contexto o entorno socio-político las “campañas negras” pueden ser eficientes, porque en sí mismas, captan a los más desinformados y desatentos, a ellos si pueden aturdirlos y manipularlos, los que en el caso de este proceso electoral, son una minoría. Las “campañas negras” jamás funcionan entre ciudadanos satisfechos con una gestión pública y debidamente informados. Comunicar también es administrar y gobernar. Esta parte debe también revisarse con total apertura en todos los niveles. La denuncia del “bombardeo mediático distorsionador” de verdades y realidades no existentes No puede sustituir a la autocrítica propia de líderes honestos y sin autocomplacencias de por medio. Denunciar y autocriticar es lo correcto.

Hubo castigo a MORENA sí, el cual están exagerando en algunos medios, también, pero lo hubo, un gran refrendo nacional al programa y liderazgo (Presidente AMLO) de la 4T-4R, también lo hubo y sin duda alguna, en el norte, el centro y el sur de México.

El voto de castigo de ninguna manera es una desautorización para continuar con el proceso de cambio, o reducir la base social que lo sustenta, simplemente hubo muchos ciudadanos que no están de acuerdo con distintas cuestiones y lo manifestaron.

Hay que definir políticas focalizadas para recuperarlos. Si se quieren reformas constitucionales se tiene que convencer y no vencer, pactar y no descalificar, así lo mandataron los ciudadanos. Pero por unas vías o por otras la 4T-4R va y eso también ha sido el mandato inapelable del ciudadano en toda la República.