Las elecciones judiciales continúan ocupando titulares. No es para menos, pues representan uno de los más nefastos sucesos públicos que han tenido lugar en la historia de México.
El lunes pasado se dio a conocer que el INE, en una votación de seis contra cinco en el seno de su Consejo General, había determinado que cada uno de los “candidatos” ganadores a la Suprema Corte, al Tribunal de Disciplina y al Tribunal Electoral, así como a otros cargos menores, debían pagar unas multas que oscilarían entre los ochenta y ciento cincuenta mil pesos.
En otras palabras, la autoridad electoral ha determinado que efectivamente la aparición de los nombres de estos individuos en los acordeones sí que constituyó un delito electoral, y que los resultados de los comicios estuvieron determinados por los propios papales que circularon en todo el país.
Si se considera el salario de estos futuros ministros y magistrados se concluye que la pena es irrisoria. No tendrán -se estima- grandes dificultades para cumplir con la sanción impuesta.
Sin embargo, lo que sí que resulta trágico es que haya sido la propia autoridad electoral la que ha reconocido las inconsistencias, y que, no obstante estas revelaciones a la vista del pais entero, estos hombres y mujeres serán los responsables de velar por el respeto de la Constitución.
¿Dónde se ha visto que los integrantes de los más altos tribunales judiciales de un Estado hayan tenido que pagar multas por haber cometido o formado parte de procesos irregulares mismos que les condujeron a desempeñar esos mismos cargos? La respuesta es: en el México del obradorismo.
El Tribunal Electoral, no obstante, bien podría invalidar la decisión del INE, lo que no sería sino una agravante adicional a la impunidad electoral cuya principal consecuencia ha sido el desmantelamiento del poder judicial.
Como he señalado, los propios juzgadores deberán sus cargos a procesos ilegales, según la propia determinación de las autoridades electorales. El país vive momentos sin precedentes. En una suerte de tragicomedia, México retrocede cada día en materia de democracia y de. Estado de Derecho. Estos conceptos valen hoy muy poco.