Abortar en Guanajuato sigue siendo un delito que se castiga con cárcel. Ayer jueves, el congreso de ese estado rechazó nuevamente la despenalización del aborto y con 19 votos en contra y 17 a favor, la iniciativa que buscaba reformar el Código Penal estatal para permitir la interrupción voluntaria del embarazo fracasó.
La semana pasada hubo un intento por resolver el tema, pero el resultado fue un empate: 18 votos a favor y 18 en contra. La falta de acuerdo obligó a posponer la decisión hasta este jueves.
La votación, precedida de una tensa sesión con fuertes manifestaciones tanto de colectivos feministas como de grupos provida, refleja la profunda polarización que existe en el estado sobre este tema. Las posturas, de ambos bandos, extremistas: dentro del recinto ondeaban los pañuelos verdes, símbolo del apoyo al derecho al aborto; afuera, resonaban las plegarias de los grupos provida. El colmo fue el sorpresivo cambio de postura de Luz Itzel Mendo: “Hoy quiero decirlo con toda claridad: hoy he cambiado de opinión”. Su decisión de votar con el PAN en contra de la despenalización, abandonando la posición de su partido, provocó una ola de abucheos e insultos. Inmovilizada en el estrado, la diputada recibió gritos de “¡Traicionera, no eres compañera!” por parte de las diputadas de Morena.
Guanajuato es uno de los estados más conservadores de nuestro país, tanto, que la decisión tomada ayer en el congreso contrasta con la tendencia nacional, donde 23 de los 32 estados ya han despenalizado el aborto, algunos voluntariamente y otros por orden judicial.
Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una decisión histórica en 2021, declaró inconstitucional penalizar el aborto, obligando a los congresos estatales a adecuar sus legislaciones. Sin embargo, la resistencia en estados como Guanajuato demuestra la lentitud y la irregularidad con la que se ha implementado esta reforma a nivel local.
El rechazo en el congreso ante la interrupción legal del embarazo, no significa el fin de la lucha por la despenalización. Ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte que, como el caso de Coahuila o Chihuahua, puede obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizarlo.
Por otro lado, Movimiento Ciudadano, junto con organizaciones feministas y civiles, anunció una solicitud formal de Alerta de Violencia de Género por agravio comparado. Esta acción, en respuesta a la negativa de las iniciativas para garantizar el derecho a decidir, se basa en el argumento de que la legislación estatal coloca a las mujeres guanajuatenses en desventaja respecto a otras entidades. Como explicó la especialista Mari Carmen Rivera, autora de la solicitud, este mecanismo legal, previsto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, busca obligar al Estado a cumplir con la ley, remediando la desigualdad generada por leyes injustas.
La sesión del congreso de Guanajuato ha puesto de manifiesto la compleja realidad del debate sobre el aborto en México. Mientras la SCJN ha establecido un precedente legal claro, la resistencia política en algunos estados continúa, dejando a las mujeres en una situación de vulnerabilidad y desigualdad. La lucha por el derecho a decidir sobre el propio cuerpo sigue siendo una batalla crucial en el camino hacia una sociedad más justa e igualitaria.