Hay momentos en los que la política internacional deja de operar bajo reglas, equilibrios y consensos, y se convierte abiertamente en un sistema de chantaje, donde el poder ya no persuade ni negocia: presiona, castiga y amenaza, convencido de que el mundo terminará cediendo. Ese punto parece haber llegado.
Y lo que hoy ocurre alrededor de Groenlandia, la violencia interna en Estados Unidos y la escalada económica contra aliados históricos no es una suma de exabruptos: es un patrón. Y es peligrosamente coherente.
El anuncio de imponer aranceles del 10% —con la amenaza explícita de elevarlos al 25%— a países europeos que se oponen a la apropiación de Groenlandia marca un quiebre mayor. Ya no se trata de bravatas ni de globos de ensayo. Se trata de coacción económica directa para forzar la cesión de territorio soberano bajo el argumento de la “seguridad nacional”. Un argumento tan elástico que sirve para justificar sanciones, intimidación comercial, amenazas militares y la demolición deliberada del derecho internacional.
El mensaje es brutal en su simpleza: o aceptan negociar la venta de Groenlandia, o pagarán el precio. Donde antes había diplomacia, hoy hay extorsión; donde había alianzas, ahora hay facturas; y donde se hablaba de seguridad colectiva, se impone una lógica primaria: obediencia o castigo.
La reacción europea no es menor. Dinamarca, Alemania, Francia, Finlandia; pronunciamientos de Francia, Reino Unido y otros miembros de la OTAN; el rechazo categórico del parlamento groenlandés “por cien generaciones”. Todo indica que esta vez no se trata de una anécdota ni de una provocación pasajera. Es una línea roja. Y aun así, la respuesta sigue siendo cautelosa, contenida, casi temerosa de escalar el conflicto con un actor que parece disfrutar llevar cada crisis al borde del abismo.
Mientras tanto, el frente interno estadounidense se degrada con rapidez alarmante. Las arbitrariedades del ICE y de otras agencias federales ya no se limitan a migrantes indocumentados: alcanzan a ciudadanos, residentes legales, veteranos de guerra, personas detenidas o golpeadas por “parecer” extranjeras. Hay muertes, abusos sistemáticos, impunidad. El caos crece, el reclamo social también, pero todavía no alcanza la masa crítica necesaria para frenar la maquinaria.
Se filtra incluso la posibilidad de recurrir a leyes del siglo XIX para justificar estados de excepción, toques de queda y despliegues federales sobre ciudades enteras, bajo el argumento de que los gobiernos locales “no pueden controlar” la protesta social. El manual autoritario clásico, actualizado con lenguaje empresarial y amenazas arancelarias.
Todo esto ocurre dentro de una caja china del poder. Cada escándalo tapa al anterior. Groenlandia cubre al ICE. El ICE cubre la ruptura con aliados. Los aranceles cubren la violencia. El ruido sustituye al análisis; el cansancio reemplaza al juicio. Y en ese torbellino, el abuso se normaliza.
Algunos todavía creen que se trata de una estrategia brillante: un ajedrez temerario donde se apuesta a que nadie se atreverá a responder por miedo a perder intereses comerciales. Puede ser. Pero también puede ser algo más simple y más peligroso: la conducta de un sicofante de la política, un empresario metido a gobernante que confunde intimidación con liderazgo, y que parece divertirse empujando cada límite solo para ver quién parpadea primero.
El problema es que esto no es un ring ni una negociación inmobiliaria. Es el equilibrio global. Apostar a que nadie responderá equivale a jugar con fuego en un almacén de pólvora.
El mundo observa como aquel personaje de la anécdota: recostado en la hamaca, pidiendo el antídoto antes de que el alacrán pique. Todavía no duele. Pero ya se ve venir. Y cuando finalmente ocurra, no bastará con alegar sorpresa.
Entonces ya no se discutirá si todo fue un bluff, una estrategia o una locura. Se discutirá por qué, viéndolo venir, el mundo decidió esperar.
El chantaje puede funcionar un tiempo, pero siempre deja cicatrices. Los imperios no suelen caer cuando ya no pueden imponer su fuerza, sino cuando descubren que nadie está dispuesto a seguir legitimando su despotismo no ilustrado. Creer que el mundo cederá eternamente por miedo a perder mercados o contratos es una apuesta temeraria: confunde intereses con sometimiento y paciencia con resignación.
Si esta deriva no encuentra un límite claro, no será Groenlandia el problema central ni los aranceles ni siquiera la violencia interna normalizada. El verdadero daño será haber aceptado que el poder puede sustituir a la ley, que la intimidación puede reemplazar al consenso y que la paz puede administrarse como una mercancía más.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser quién provoca la crisis. La pregunta pasa a ser quién permitió que ocurriera.