He dicho antes que los estados dependientes y rezagados en la semiperiferia y la periferia respecto de los centros hegemónicos globales son más débiles que sus sociedades, y que los impulsos liberales recurrentes son distorsionados facilitando su captura y expoliación.
En consecuencia, cuando una fuerza política nacional consigue sobreponerse a dicho esquema de dominación y conquista, los poderes estatales tienden a descolonizarlos y liberarlos de tan grave condición, tanto por su propio interés como en razón del interés público y colectivo.
La captura de sectores y funciones estratégicas del Estado mexicano se intensificó a partir de las reformas constitucionales y legales de 2008, 2011 y 2014 en materia de derechos y justicia.
Entre otras causas, optamos por sistema jurídicos y de justicia de buena fe super garantistas que han sido tierra fértil para la colonización y abuso por parte de los más fuertes, desde luego, con la connivencia selectiva de sus propios operadores.
De allí que el mandato popular, reformas y políticas a partir de 2018, y refuerzo en 2024, se haya orientado en el sentido de transformar esa situación dañina y perjudicial que se ha extendido como gangrena, todavía peor, a capturar e infectar a la nación.
Del delicado esfuerzo de reconstruir las fuerzas de seguridad e inteligencia, a cambiar la política educativa y cultural, potenciar la paridad de género, las minorías étnicas y los derechos sociales, hasta propiciar el desarrollo regional y el rescate de recursos estratégicos, las políticas imoyksadas por el proyecto de la Cuarta Transformación tratan de recuperar al Estado y la nación.
Ha tocado el turno a la justicia que se halla en proceso de cambio estructural mediante la reforma y la elección judicial, y está en curso la reforma al juicio de amparo.
Invito a leer –y a difundir mucho más– las razones y términos de las modificaciones propuestas para constatar con evidencias, datos y argumentos pertinentes y suficientes los ajustes que se proponen al llamado juicio de garantías.
En síntesis, se trata de bloquear las malas prácticas, desenmarañar el procedimiento y aumentar la eficacia de su función protectora de intereses en verdad legítimos, no oportunistas o lícitos.
La exposición de motivos de la iniciativa de reformas al amparo es una sólida pieza argumentativa y los cambios propuestos su consecuencia coherente, en particular en sectores y ámbitos sensibles de alto valor económico, como lo son las transacciones financieras, y en segmentos procesales muy complicados, por ejemplo, la ejecución de las sentencias de amparo.
Desde el análisis jurídico, político, económico y social del Derecho las reformas a la ley de amparo, y otras más que hacen falta, significan la ventana posible para sacar al Estado de derecho y justicia del calabozo en el que se encuentra para colocarlo a la luz del sol de la integridad que requerirá, además de normas, una clase política y jurídica judicial consciente de su papel para salvar a México.