Violencia e inseguridad forman ya parte del paisaje; se han perdido capacidad de asombro y de indignación frente a lo que ocurre. Las noticias son recurrentes y muy preocupantes porque la situación amenaza en extenderse ante la pasividad, impotencia o negligencia de las autoridades, particularmente de las del orden federal. Logros aislados y grosera manipulación de cifras hacen creer que las cosas están bajo control y mejorando.

Este lunes, en la zona tarahumara de Chihuahua fueron asesinados los padres jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora al intentar proteger a una persona, guía turístico que buscaba refugio en el templo, perseguido por una persona armada quien fue ejecutada el interior de la iglesia. Los tres cuerpos fueron sustraídos por los criminales. En hechos vinculados secuestraron a 4 personas, entre éstas un menor. Un episodio de tantos que ocurren en muchas partes del país. Una población a merced de los más violentos y sanguinarios.

Hay lugares donde la batalla al crimen se ha ganado y en otros, contenido; sin embargo, amplias zonas de territorio nacional siguen bajo su dominio, son los hombres de hora y cuchillo a cargo de la policía y de la justicia; administran, cobran y prestan; hasta obras sociales emprenden. Siempre a su modo, con todas sus implicaciones. La acción criminal fue ejecutada, presuntamente, por José Noriel Portillo jefe criminal en la zona y al que se le imputan varios homicidios desde 2018.

El presidente reconoció que es una zona donde hay fuerte presencia del narcotráfico y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tuvo una desafortunada expresión de que el crimen contra los sacerdotes fue circunstancial, una manera absurda de trivializar los hechos.

Desaciertos y decisiones infortunadas han llevado a imputarle al presidente un supuesto vínculo o acuerdo con la delincuencia organizada, como hicieran en días pasados Porfirio Muñoz Ledo y el excandidato presidencial Francisco Labastida. No hay tal, aunque sí una política pública en materia de seguridad que parte de un mal diagnóstico y que origina acciones equivocadas e ilegales. Cumplir y hacer cumplir la ley es premisa obligada del ejercicio republicano del poder.

La realidad se impone. Ayer el con el reporte de mayo se acredita que en lo que va de este gobierno ha habido más homicidios dolosos que en toda la gestión de Felipe Calderón. La evidencia es contundente, el gobierno ha fracasado en materia de seguridad.

De siempre López Obrador ha suscrito la falsa tesis de que la causa de la criminalidad es la pobreza; es decir, que el hambre lleva a las personas, particularmente a los jóvenes, a tomar el camino de la vida criminal. Por lo mismo se ha decidido que los programas sociales focalizados en jóvenes habría de frenar el curso delictivo.

Esa postura es indefendible. Se delinque porque hay impunidad, no porque exista pobreza como lo revelan los hechos trágicos en la Tarahumara; de hecho, delincuentes no son los más pobres. Por otra parte, cuánto tiempo llevaría combatir la marginación que padecen millones de jóvenes mexicanos y si es cierto que las políticas sociales asistencialistas son la mejor vía para llevar oportunidades y progreso a ese grupo demográfico.

Más que erróneamente criminalizar a la pobreza importa la pronta respuesta de las autoridades para enfrentar al crimen. Muchas causas inciden en la actividad criminal y, por lo mismo, es preciso atacarlas en varios frentes. Abatir la impunidad reviste la mayor importancia. El Estado debe reivindicar el monopolio legítimo de la violencia a partir de la autoridad de que está investido y de su comportamiento dentro del marco legal. Decir que violencia no se ataca con violencia es igualar al criminal con las instituciones de justicia y dejar en estado de indefensión al inocente. La violencia legítima es contraria a la violencia criminal y, efectivamente, las autoridades tienen la obligación de actuar. Se debe hacer con eficacia, inteligencia, estrategia, con firmeza y con apego a la civilidad propia de la legalidad.