Rubén Rocha Moya necesitó apenas 33 horas para descubrir que una cosa es tener constitucionalmente el cargo, y otra muy distinta tener políticamente el poder.
Después de 112 días de licencia, Rocha decidió regresar a gobernar Sinaloa. Lo hizo por la libre, sin hablarlo con la presidenta Claudia Sheinbaum y rodeado todavía por una estructura política propia, funcionarios, colaboradores, amigos y leales que recordaron que, licencia o no, el rochismo seguía vivo.
El viernes regresó. El domingo volvía a irse.
No hizo falta una destitución ni una orden presidencial conocida. Bastó algo políticamente mucho más eficaz, dejarlo solo.
Sheinbaum se desmarcó. Morena se desmarcó. Gobernadores y legisladores del oficialismo cerraron filas alrededor de la presidenta, y Rocha entendió el mensaje.
En México ya sabemos quién manda. Manda Claudia Sheinbaum.
Pero el episodio dejó abierta una pregunta bastante más inquietante, ¿quién gobierna Sinaloa?
Porque mandar y gobernar no son necesariamente la misma cosa.
Rocha puede abandonar el despacho sin que desaparezca el rochismo. Sus hombres siguen ahí, sus relaciones políticas siguen ahí, sus compromisos, alianzas y adversarios también. Y el Congreso local acaba de ofrecer una imagen extraordinaria de ese vacío, este lunes debía avanzar la definición del nuevo gobernador interino y la sesión terminó suspendida.
Sinaloa tiene entonces un poder presidencial claramente identificado, pero un poder local todavía en disputa.
¿Gobierna Rocha desde fuera?, ¿Gobiernan quienes heredaron su estructura?, ¿Gobiernan los grupos políticos que intentan sobrevivirlo?, ¿Gobierna realmente el Estado en todo el territorio?
¿O existen zonas donde el crimen organizado conserva suficiente capacidad económica, territorial y armada para disputar en los hechos decisiones que constitucionalmente corresponden al gobierno?
La última pregunta exige especial cuidado. Las acusaciones estadounidenses contra Rocha y otros funcionarios sinaloenses son precisamente eso, acusaciones, no sentencias. Rocha las niega y en México las investigaciones continúan. Pero reducir el problema de Sinaloa al expediente judicial del gobernador sería perder de vista algo mucho mayor.
Lo ocurrido estos días es también una radiografía del problema que enfrenta Morena. Durante años, el movimiento conquistó territorios apoyándose en liderazgos locales fuertes. Gobernadores que ganaron elecciones, construyeron grupos, repartieron posiciones y terminaron convirtiéndose en pequeños centros de poder.
Eso funcionó extraordinariamente bien para conquistar el país, pero puede ser mucho menos útil para gobernarlo.
Porque un movimiento construido alrededor de liderazgos territoriales corre siempre el riesgo de convertirse en una confederación de caudillos; todos pertenecen al mismo partido hasta que los intereses del gobernador chocan con los intereses del centro.
Rocha acaba de comprobar dónde termina esa autonomía. Y por eso 2027 adquiere una dimensión que va mucho más allá de una elección intermedia.
Ese año se renovarán 17 gubernaturas. Y en al menos 11 estados gobernados por Morena ya aparecen entre los aspirantes personajes formados, impulsados o cercanos a los gobernadores actuales.
Ahí está la siguiente batalla de Claudia Sheinbaum. No solamente necesita que Morena gane gubernaturas. Necesita decidir qué fracción de Morena las gana.
Si llegan candidatos que deben su carrera, estructura y lealtad fundamentalmente al gobernador saliente, Morena podrá conservar el territorio electoral, pero Sheinbaum heredará nuevos feudos con cacique incluido.
Si logra impulsar gobernadores políticamente compatibles con su proyecto y sujetos a reglas institucionales comunes, habrá comenzado una transformación mucho más profunda: convertir un movimiento construido alrededor de liderazgos y lealtades personales en un verdadero instituto político.
Esa diferencia parece semántica, pero no lo es. Es la diferencia entre un partido que gana elecciones y un partido capaz de gobernar el poder que acumuló.
Sinaloa acaba de mostrarle a la presidenta el tamaño del problema.
Rocha regresó creyendo que todavía podía ejercer el poder que ganó en las urnas en 2021. Treinta y tantas horas después descubrió que la correlación política había cambiado.
Sheinbaum ganó ese pulso, ésa era la batalla fácil.
La difícil comienza ahora, desmontar o disciplinar a los poderes locales sin fracturar al movimiento que los creó; sustituir lealtades personales por reglas; impedir que cada gobernador fabrique a su sucesor; y hacerlo, además, en estados donde el poder político convive —y en algunos territorios compite— con poderes económicos y criminales.
Por eso la imagen del Congreso sinaloense suspendiendo la decisión sobre el sucesor de Rocha resulta tan poderosa.
Hay una silla vacía.
Alrededor de ella están los rochistas, los grupos de Morena, los intereses locales, Palacio Nacional y, como realidad imposible de ignorar en Sinaloa, el poder del narcotráfico.
Todos miran la misma silla.
La presidenta ya demostró que puede decidir quién no debe sentarse en ella.
Ahora falta demostrar algo mucho más importante, quién puede sentarse, quién podrá gobernar y, sobre todo, a quién obedecerá cuando lo haga.
Porque después del episodio Rocha la pregunta ya no es quién manda en México, eso quedó bastante claro.
La pregunta es si Claudia Sheinbaum conseguirá que quienes gobiernan también reconozcan ese mando.
Y esa respuesta no la conoceremos en Sinaloa, la conoceremos en junio de 2027.