Con el triunfo de Donald Trump en 2024, distintas voces analíticas sonaron las alarmas en torno a una posible deriva autoritaria. No se equivocaron en términos de la voluntad del presidente. Puede asegurarse sin ambages que el republicano ha demostrado claras tendencias autocráticas, desde el desprecio que ha manifestado hacia los jueces federales que han invalidado sus decretos, hasta su deseo de convertirse en el rey del mundo.
Sin embargo, la democracia constitucional estadounidense ha contestado. Mediante una votación de seis contra tres, la Suprema Corte de Justicia, cuya mayoría de sus miembros fueron conservadores nominados por presidentes republicanos y por Trump mismo, declaró ilegales un buen número de medidas arancelarias impuestas por la Casa Blanca sin consentimiento del Congreso.
A juicio del tribunal, la ley invocada por Trump para justificar su medida (International Emergency Economic Powers Act de 1977) no representa una base jurídica que soporte los decretos arancelarios del presidente. Declaró, pues, que había extralimitado sus competencias ejecutivas. Ha representado, sin duda, un fuerte golpe contra un mandatario cuya marca insigne ha sido la guerra comercial.
Se ha tratado de un acto propio de un Estado cuya democracia constitucional se resiste a sucumbir ante los arrebatos de un presidente que sueña con ser tirano. A diferencia de otros tiempos, cuando el poder del monarca era absoluto, que no existían tribunales constitucionales y que los órganos legislativos solo registraban las decisiones del ejecutivo, los Estados modernos deben contar, para su sobrevivencia, con un sano sistema de contrapesos que obstaculice que uno de los poderes se imponga sobre los otros.
En México, en contraste, la reforma judicial hizo que la nueva Suprema Corte, hoy capturada políticamente, no funcione más en los hechos como un tribunal revisor ni constitucional, sino como un mero órgano de ratificación jurídica de las decisiones llegadas desde el Ejecutivo.
De acuerdo con un estudio reciente, la Suprema Corte mexicana ha favorecido en la mayoría de sus decisiones al gobierno federal, en detrimento de los intereses genuinos representados por particulares, partidos de oposición o entidades federativas. El país atraviesa por una crisis sin precedente en materia de Estado de derecho y de definición de sus valores en tanto que Estado que se jacta de abrazar la modernidad.
En conclusión, y a reserva de conocer sus detalles, la decisión de la Suprema Corte estadounidense ha sido ejemplar. Por un lado, ha puesto un límite a las pretensiones autoritarias de Trump, y a la vez, ha enviado un mensaje optimista en términos del valor del respeto al Estado de derecho.