En medio de la creciente presión de agencias de investigación estadounidenses sobre el flujo de dinero ilícito en México, las autoridades nacionales han intensificado su vigilancia sobre el sector de traslado de valores.
Dos de las principales empresas del ramo, Transportes Lock S.A. de C.V. y Global Servicios de Traslado de Valores, S.A. de C.V., enfrentan graves señalamientos que incluyen violaciones regulatorias, inseguridad operativa y presuntos nexos con lavado de dinero.
Transportes Lock S.A. de C.V., propiedad de José Luis Terrazas Rugerio, ha sido objeto de múltiples controversias. Fuentes oficiales indican que la compañía está bajo investigación por posibles vínculos con el lavado de dinero, en un contexto de colaboración bilateral con Estados Unidos.
Además, en un incidente ocurrido en Puebla, la empresa sufrió un robo millonario sin contar con un contrato formal vigente con el gobierno estatal, lo que ha generado dudas sobre su cumplimiento normativo.
La firma también ha protagonizado accidentes graves, como el registrado en la Central de Abasto, donde una de sus unidades causó lesiones a una persona civil, sin una respuesta inmediata por parte de la compañía.
Por otro lado, Global Servicios de Traslado de Valores, S.A. de C.V., dirigida por Gerardo Ordóñez Castillo, ha enfrentado medidas más drásticas. En julio de 2025, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla canceló su registro y procedió a su clausura por presentar informes falsos a las autoridades, violando las normas de operación y seguridad en el traslado de capitales.
La empresa acumula un historial de asaltos recurrentes, con al menos tres robos en un lapso de siete meses en carreteras de Puebla, resultando en pérdidas superiores a los 10 millones de pesos. Adicionalmente, en 2018, la compañía fue vinculada mediáticamente a una controversia al transportar 20 millones de pesos decomisados, destinados al Comité Ejecutivo Nacional de un partido político, lo que ha levantado sospechas sobre el manejo de recursos.
Fuentes cercanas a las investigaciones revelan que las autoridades podrían intervenir las empresas en las próximas fechas, asegurando sus activos y bienes.
Este escrutinio se enmarca en una lupa internacional sobre el movimiento de efectivo en México, donde las fallas operativas de estas empresas podrían ocultar redes de operaciones financieras ilícitas.
Las autoridades continúan las indagatorias para garantizar la integridad del sector, mientras el traslado de valores en el país enfrenta desafíos crecientes en materia de seguridad.