El PRI y el debate eléctrico

Si un tema ha dominado el debate público, es la reforma constitucional que en materia eléctrica presentó el gobierno de la república al Congreso. Al respecto se decantó una primera discusión, que no debate, sobre el trato que se le debiera dar a la iniciativa, en donde se perfilaron dos posturas encontradas; la primera con la pretensión de que ocurriera un rechazo inmediato a la misma, mientras la opuesta aspiraba a que se manifestara una posición de aceptación.

Dentro del primer grupo se ubica a los inversionistas y empresarios que se verían afectados con la modificación de reglas sobre las formas de participación y de regulación a la participación de la iniciativa privada en la electricidad; en el segundo, el gobierno y su partido aspiran a crear nuevas reglas por juzgar que las vigentes no son justas y afectan a la Comisión Federal de Electricidad y debilitan la rectoría del Estado.

Los grupos parlamentarios se alinearon en una u otra perspectiva, como parte de un posicionamiento de reacción inmediata que dio cuenta de una evidente polarización sobre el tema; en el conteo de los posibles votos producto de ese primer ejercicio, se encontró que no se tenían los necesarios para aprobar la reforma constitucional, mientras el PRI con sus 71 legisladores en la Cámara de Diputados se declaró en situación de examinar la iniciativa en cuestión.

Ser fiel de la balanza resulta complicado, pero se puede salir bien librado de ese papel si la determinación que se toma resulta clara y debidamente sustentada, y esa es la pretensión que ha manifestado el PRI, a pesar de las suspicacias de quienes quieren encontrar en el espacio abierto a la discusión y al debate una argucia para obtener ganancias que den rendimiento a una posible colaboración con el gobierno.

Buena parte de las críticas al PRI por pronunciarse a favor del debate, provienen de sospechas que de antemano pretenden ubicarlo en el lado opaco de una negociación que nadie sabe que se esté llevando a cabo, pero que se estigmatiza y condena por la suposición que se efectúa, o que habrá de instrumentarse, para rendir la plaza; ello no obstante que el gobierno ha negado participar de negociación alguna y de que no se dispone de algún dato duro sobre de que el PRI lo esté buscando o intentando. Pero los especuladores del arreglo político pretenden convertir su presunción en obviedad y en pronóstico de sucesos, desde donde lanzan duras admoniciones al partido que supuestamente lo lleva a cabo.

Pronto se conocerá el desenlace de esta iniciativa, pero mientras ello ocurre, el debate que ha reclamado el PRI se lleva a cabo en el plano de los discursos y argumentaciones de los distintos actores, en tanto ocurre una deliberación mejor organizada. Este hecho ya es, en sí mismo positivo, pues permite formar y construir un conocimiento y un criterio que norme la opinión pública e influya en la vida cívica.

La razón pública habrá de resolver el debate y ese es un hecho de gran valor, pues es la vía para salir del mero fustigar ideológicamente, de la polarización y del duelo de adjetivaciones que acaba por hostilizar y confrontar sin resolver, pero sí delimitando una pugna entre amigos-enemigos que nada ayuda al país.

El debate de la iniciativa no es un recurso para ocultar negociaciones inconfesables -como pretenden opiniones insidiosas-, sino una vía para fortalecer la vida pública; por lo pronto ya se exhiben respuestas que polemizan sobre la óptica y decires del gobierno, desde la perspectiva de alguna de las cúpulas empresariales; sin duda que eso es positivo. Conviene profundizar sobre las razones, el examen y los datos que se aportan, hacer sobre ellos el más riguroso análisis y convenir lo que conviene al país desde una óptica compartida por su capacidad de acreditar la razón pública.

Con ello se logrará estabilidad en las disposiciones, certeza en los procesos y debido soporte a las disposiciones legales. Todo esto sería difícil obtenerlo con un debate presuroso y apremiado por los intereses en disputa; pues sin quedar debidamente clara la razón pública, se abren posibles ajustes futuros, en tanto de no triunfar en su expectativa, el gobierno podría recurrir a otras medidas disciplinarias y abrir una lucha interminable por las vías jurídicas y políticas; por otra parte, si el sector privado se siente confrontado de forma arbitraria, podrá retirar inversiones e iniciar una controversia interminable.

Hizo bien el PRI, el debate es la respuesta; se requiere debatir a fondo, no hay duda; primero debatir y luego decidir.