Una de las bases de la democracia es la expresión de la voluntad popular como resultado de la deliberación.

El invento del voto fue la manera de dar cauce a la formación de la voluntad ciudadana y, el debate, el medio para que el voto fuera producto de una decisión entre opciones y, a su vez, resultado del convencimiento.

De aquellos tiempos de la democracia directa, cara a cara, poco queda; pero permanece su esencia. Ahora se trata de una democracia indirecta o representativa que se manifiesta a través del Parlamento o poder legislativo en las Cámaras que lo conforman.

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Entonces está la idea de debatir antes de votar, y de votar conforme a los argumentos que han logrado convencer.

Los partidos, ciertamente disciplinan a sus legisladores o parlamentarios y regularmente éstos votan en el sentido que establece la fuerza política a la que pertenecen.

De todas formas, la hipótesis de que debe de ganarse el debate para ganar las votaciones, es uno de los supuestos necesarios del Congreso.

En consecuencia, la aspiración de que exista un amplio debate en torno a la iniciativa que presentó el Ejecutivo en materia eléctrica, es una pretensión elemental en el régimen democrático.

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Existe entre los grupos de interés, entre las fuerzas políticas y el partido en el gobierno, una pretensión de resolver o anunciar el sentido que darán a la votación en el Congreso, pero hacerlo así implica relegar o cancelar un debate necesario para valorar el sentido de la iniciativa presentada, así como de las críticas que se formulan.

Es necesario plantear que la democracia es necesariamente un régimen deliberativo, no sólo como un recurso necesario para dar expresión a la voluntad popular, sino también para incentivar la conciencia social y la vida civil.

Dar cabal expresión al debate político y dar saciedad a las opiniones, es un medio para construir a cabalidad el espacio de lo público.

Más, todavía, cuando la materia de la polémica se refiere a un asunto que apenas había sido objeto de una reforma en la pasada administración, y sobre la que ahora se plantea una nueva modificación constitucional. Un debate incompleto sobre la materia, es muy probable que fuera motivo de una reforma adicional en el futuro cercano, lo que sin duda sería causa de la instrumentación de una política pública errática, inconsistente y con graves problemas de perspectiva y, por lo tanto, incierta.

Un debate consistente es inaplazable e inevitable, especialmente ante el hecho de que la iniciativa formulada por el gobierno carece de un consenso previo y del antecedente de un ejercicio de acuerdos. Ahora tiene que realizarse una intensa discusión, ordenar los argumentos, calificar las propuestas, contrastar hipótesis y datos para, finalmente producir un resultado debidamente sustentado

Samuel Palma I @vsamuelpalma