En estos días se ha celebrado con bombo y platillo la reforma laboral que obliga a plataformas digitales como Uber, Didi y Rappi a formalizar como trabajadores a quienes ganen más de un salario mínimo mensual. La narrativa oficial es atractiva: justicia laboral para los “invisibles digitales”, acceso a seguridad social, aguinaldo, vacaciones y otras prestaciones. Pero bajo ese discurso de derechos, lo que se está gestando es un experimento de alto riesgo que puede distorsionar el mercado, frenar la inversión, crear nuevas bolsas de informalidad y, sobre todo, hacer que el consumidor final cargue con todo el peso del cambio.
Un precedente riesgoso, disfrazado de justicia
Este modelo coloca a México como pionero en América Latina al imponer obligaciones fiscales y de seguridad social a las plataformas, sin una política integral para combatir la informalidad real. Mientras tanto, millones de vendedores de comida, tianguistas, comisionistas y freelancers siguen operando sin RFC, sin pagar cuotas al IMSS o Infonavit y sin someterse a ningún control institucional. La desigualdad de trato es brutal: se grava a quien es visible tecnológicamente, y se ignora a quien vive en la opacidad cotidiana.
Empresas formales con estructuras más pesadas
Para las plataformas, la carga administrativa y financiera es enorme. Deben calcular cuotas, retenciones, reportes individuales y asumir una relación cuasipatronal que rompe su modelo original. Esto puede hacer inviable operar en ciudades medianas, zonas rurales o rutas de baja demanda. Uber ya ha advertido que hasta un tercio de sus conductores podría dejar de operar. Las empresas podrían elegir retirarse de ciertos mercados y concentrarse solo en zonas rentables, dejando a comunidades sin servicio.
Auge del mercado negro de comisionistas
Si la formalización implica menos ingresos netos o más trabas operativas, muchos conductores y repartidores buscarán alternativas: apps informales, grupos de WhatsApp, o modelos de pago directo en efectivo. El resultado será una “uberización clandestina” donde el control fiscal y la protección al usuario se evaporan. En vez de regular con inteligencia, se empujará a miles al margen del sistema.
Sindicalismo clientelar y captura partidista
Detrás de esta reforma también hay una agenda política. El principal dirigente sindical de conductores y repartidores está vinculado al PT y al bloque gobernante. El riesgo es que el nuevo modelo laboral no construya derechos reales sino redes de control sindical al servicio del oficialismo. Sindicatos clientelares que sustituyan justicia por lealtad política.
El papel de los abogados: entre la convicción y el interés
Muchos abogados celebran esta reforma. Pero hay que preguntarse: ¿lo hacen por principios o por negocio? Detrás de cada obligación nueva hay litigios, contratos, asesorías, peritajes y consultorías que pueden generar ingresos a despachos y asesores laborales. Mientras tanto, otros abogados con visión técnica o empresarial advierten que esto podría colapsar modelos que han democratizado el acceso al trabajo flexible y el emprendimiento individual.
El consumidor final: el gran perdedor
Nada de esto es gratis. Si las plataformas deben pagar más, subirán sus tarifas. Si pierden conductores, habrá menos disponibilidad. Si se concentran en zonas rentables, se creará un vacío en las zonas periféricas. Y si surgen mercados negros, el usuario quedará desprotegido. Todo este peso lo absorberá el consumidor formal, ese ciudadano que paga IVA, que usa apps legales, y que termina subsidiando a un Estado que no toca a la informalidad estructural.
Epílogo: libertad y futuro
La libertad de trabajar sin un patrón, de elegir horarios y de operar por cuenta propia ha sido una conquista para millones de personas. Romper ese modelo sin una alternativa viable, por razones fiscales o políticas, es empobrecer el futuro del trabajo. La verdadera justicia no se construye con reformas coercitivas ni con sindicatos del poder. Se construye con reglas claras, equitativas y con respeto al ciudadano. El problema no es formalizar, es hacerlo sin sentido común y a costa de quien siempre paga: el consumidor final.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR | PROMETEO
Banquero a nivel directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx