Uno de los contenidos más controvertidos del Plan B presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum es aquel relacionado con el uso de los poderes de la federación para realizar reformas en el interior de las estructuras de las entidades federativas.

Según ha anunciado la presidenta, y de acuerdo con los documentos que han circulado, la reforma pretende reducir los salarios, erogaciones y privilegios de cabildos, alcaldes y diputados locales. Algunos han señalado que esto representaría una clara intromisión del poder federal en la vida de los estados libres. Sin embargo, conlleva, a mi juicio, mayores complicaciones.

Si bien las 32 entidades federativas cuentan con su propia constitución y leyes secundarias, están insertas en un pacto federal regulado al nivel de la Constitución. En otras palabras, y derivado de la influencia del federalismo estadounidense, los estados que conforman la unión están sujetos a las disposiciones emanadas de la carta magna. Es a partir de sus postulados y principios de donde se desprende el derecho que las rige internamente. Se trata de un principio fundamental de toda federación.

Una vez que el Plan B haya sido consumado, los congresos locales deberán trasponer las nuevas leyes en su derecho interno. Seguramente algunas entidades, inconformes con los cambios, presentarán recursos ante la Suprema Corte, sin embargo, como se sabe, el máximo tribunal jurisdiccional mexicano tiene entre sus principales atribuciones dirimir las controversias suscitadas entre la federación y las entidades.

No resultará una sorpresa que la nueva Corte, sujeta a la influencia política emanada desde el poder ejecutivo y del obradorismo, deseche cualquier recurso de presunta controversia constitucional promovida por un gobernador o un congreso local inconforme. Puede anticiparse que el máximo tribunal convalide la reforma y que la entidad federativa en cuestión se vea obligada a reformar su derecho interno, en línea con el nuevo texto.

Por otro lado, la presidenta Sheinbaum ha asegurado que las motivaciones del Plan B no son otras que ahorrar recursos. ¿Por qué no haberlo promovido a través de los propios congresos locales morenistas, cuyo control cae debajo de la órbita del partido oficial? ¿Por qué no lo hicieron los gobernadores morenistas, mismos que controlan la inmensa mayoría de los gobiernos estatales? ¿De verdad se busca ahorrar recursos, o simplemente, colgar una medalla a la presidenta Sheinbaum como la gran adalid de la austeridad republicana abanderada por su antecesor?