Ante la extinción de instituciones y órganos autónomos, especialmente los vinculados a la transparencia y la rendición de cuentas, el periodismo de investigación puede ser la alternativa democrática, ética y necesaria para la defensa del derecho a saber.
La creación de PIPAI (Periodistas de Investigación por el Acceso a la Información Pública) se erige como muestra de resistencia. Se trata de una red nacional de periodistas liderada, entre otras figuras, por Sandra Romandía e Ivabelle Arroyo, que ante la ausencia de instituciones garantes se ha propuesto realizar informes trimestrales sobre el estado de la transparencia y el acceso a la información pública en el país.
La falta de transparencia tiene consecuencias
Cuando la información se oculta, la democracia se degrada. La opacidad gubernamental, la discrecionalidad en el ejercicio del poder y la falta de rendición de cuentas son algunos de los peores males que puede padecer una nación. Sin transparencia, la corrupción florece y, consecuentemente, la impunidad. Hoy México enfrenta un grave retroceso en derechos que costaron décadas de lucha social y política.
La rendición de cuentas, que tardó años en abrirse paso, con el actual régimen sufrió un severo retroceso. Ejemplos sobran: desde figuras públicas como Gerardo Fernández Noroña y otros más que exhiben bienes de alto valor sin preocuparse por dar explicaciones, hasta Adán Augusto López, exgobernador y exsecretario de Gobernación, cuya riqueza acumulada no guarda relación con sus ingresos formales. Tampoco puede soslayarse el caso del hijo del expresidente, que sin empleo conocido pasó en pocos años a ser empresario, político, comerciante de arte y beneficiario de contratos millonarios.
Es el ejercicio del poder sin fiscalización, sin transparencia y sin consecuencias. Lo que en otros tiempos hubiera obligado a comparecencias, investigaciones o al menos explicaciones públicas, hoy se reduce a burlas, indiferencia institucional y silencios cómplices.
De la lucha al desmantelamiento
La historia de la transparencia ha sido larga y accidentada. Miguel de la Madrid, tras la debacle económica y corrupción del sexenio de José López Portillo, impulsó la llamada “Renovación Moral”. Para ello creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la primera instancia encargada formalmente de vigilar el uso de los recursos públicos. Aunque el concepto fue concebido por Samuel del Villar, intelectual y jurista, finalmente acabó marginado por presiones de las élites políticas.
Años después, los movimientos sociales, organizaciones civiles y voces progresistas dentro del Congreso retomaron la exigencia. Esta presión ciudadana encontró eco durante el sexenio de Vicente Fox, cuando en 2002 se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
A partir de la reforma constitucional de 2014, el IFAI evolucionó en el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), con autonomía constitucional y amplias facultades. El INAI no solo obligaba a las dependencias federales a responder solicitudes de información, sino también a partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y cualquier entidad que manejara recursos públicos. Además, protegía los datos personales de los ciudadanos frente a instituciones públicas y privadas.
Durante casi dos décadas, el INAI contribuyó a construir una cultura de apertura gubernamental. Muchos casos de corrupción fueron investigados a partir del acceso a documentos públicos que, de otra manera, habrían permanecido ocultos. Su labor se convirtió en un contrapeso clave al poder.
Eliminar obstáculos
Desde 2018, el INAI fue blanco de ataques sistemáticos por parte del Ejecutivo, que lo calificó de organismo “oneroso, innecesario y duplicado”. Lo dejó agonizante cuando el Senado se negó a nombrar a nuevos comisionados, impidiendo que el pleno pudiera sesionar. Finalmente, en 2024, en el marco de una reforma administrativa y bajo el argumento de la austeridad, el INAI fue disuelto.
Su desaparición representa un grave retroceso en materia de derechos humanos y control democrático. Si bien su marco legal subsiste y algunos estados conservan organismos locales, el vacío que deja a nivel federal es profundo y preocupante.
La respuesta ciudadana
En este contexto, el periodismo de investigación se vuelve más urgente. Redes como PIPAI adquieren la dimensión estratégica de documentar, denunciar y visibilizar las fallas estructurales del Estado en materia de transparencia.
En su primer informe, PIPAI reveló que de 833 solicitudes de información realizadas entre junio y agosto de 2025, más del 35% fueron respondidas de forma incompleta, evasiva o simplemente negadas; con ligas rotas, datos parciales o sin justificación válida. También señalan una creciente “resistencia burocrática y tecnocrática” al derecho de acceso a la información.
El colectivo cuestionó el papel de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Raquel Buenrostro, quien, según denuncian, actúa como “juez y parte”, favoreciendo la opacidad bajo un discurso de legalidad. Lejos de garantizar la rendición de cuentas, se ha convertido en protectora de intereses políticos, perpetuando un sistema donde los altos funcionarios se vuelven intocables e impunes.
El periodismo de investigación se reafirma como herramienta de vigilancia social y un canal para ejercer presión democrática, más aún cuando las instituciones garantes de transparencia han sido debilitadas o eliminadas.
Frente a la opacidad oficial, la corrupción institucional y la indiferencia política, el compromiso de quienes documentan, investigan y difunden la verdad es más relevante que nunca.
Enhorabuena por esta iniciativa, una luz en tiempos de sombras institucionales.
X: @diaz_manuel