Hablar de violencia en México no es un ejercicio retórico. Es memoria viva. Es ausencia en la mesa. Es una generación que creció viendo retenes en la carretera y contando muertos en el noticiero como si fueran parte del paisaje.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” no fue una tragedia inevitable. Fue una decisión política tomada sin la arquitectura institucional necesaria para sostenerla. El resultado fue devastador: miles de muertos, desaparecidos, familias desplazadas, comunidades enteras atravesadas por el miedo y un país que aprendió a normalizar lo inaceptable.
Muchos crecimos en ese ambiente. No porque lo eligiéramos, sino porque alguien decidió que esa era la ruta.
Lo que Diego Enrique Osorno describe en La guerra de los Zetas, tiene nombre: necropolítica. El poder administrando la muerte como forma de control territorial. No fue una categoría académica; fue la experiencia concreta de madres buscando a sus hijos, de jóvenes que no volvieron, de pueblos que dejaron de salir por las noches.
Y hubo responsabilidad política. El caso de Genaro García Luna, quien fuera Secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón y hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, evidenció hasta qué punto el Estado fue vulnerado desde dentro. Cuando las instituciones se debilitan, no es el poder el que paga el precio: es la gente.
Por eso lo ocurrido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco —que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes— no puede leerse como una nota roja más. Es el Estado mexicano enfrentando a una organización que durante años desafió su autoridad y sembró violencia en distintas regiones del país.
En la conferencia del 23 de febrero, encabezada por Claudia Sheinbaum Pardo, se explicó que la operación fue producto de inteligencia, planeación y coordinación. Hubo intercambio de información con Estados Unidos, pero la ejecución fue responsabilidad de fuerzas mexicanas, bajo principios de soberanía y cooperación sin subordinación.
La diferencia con 2006 no es retórica: es estructural. No se trata de administrar una guerra interminable, sino de actuar con inteligencia, coordinación y control institucional. La política actual de seguridad combina atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación. El objetivo no es la épica, sino recuperar la autoridad del Estado sin convertir la violencia en costumbre.
Habrá comparaciones fáciles. Equiparar cualquier uso de la fuerza con la estrategia iniciada en 2006 borra diferencias sustantivas en diseño y conducción. Las analogías apresuradas pueden servir para la polémica, pero no ayudan a comprender el momento.
La reacción violenta fue inmediata: bloqueos, incendios, intentos de sembrar pánico. En cuestión de horas se instaló un Centro de Mando y se restableció la circulación en las carreteras. El respaldo institucional fue amplio.
También hubo desinformación. En escenarios de seguridad, la responsabilidad pública —política y mediática— no es opcional. Informar exige prudencia; opinar exige datos.
Alguna vez Andrés Manuel López Obrador habló del Ejército como pueblo uniformado. Recordarlo hoy es reconocer que detrás de cada uniforme hay una familia que espera. Cuando un elemento de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas pierde la vida en cumplimiento de su deber, no es una cifra más: es una historia interrumpida.
Y al mismo tiempo están las otras familias: las que siguen buscando a sus desaparecidos, las que fueron desplazadas por el miedo, las que han aprendido a vivir con la ausencia. Ningún operativo borra ese dolor.
Respaldar al Estado no significa celebrar la muerte. Significa reconocer que había un límite que debía ponerse dentro del marco de la Constitución y la ley. Ningún país puede permitir que organizaciones armadas disputen el control territorial y condicionen la vida cotidiana de su población.
La fortaleza real no se medirá en un solo operativo. Se medirá en la capacidad de sostener el límite, romper redes financieras, combatir el lavado de dinero, frenar el flujo ilegal de armas y, sobre todo, evitar que la violencia vuelva a convertirse en parte del paisaje.
Que llegue el día en que ninguna madre tenga que buscar a su hijo. Que las familias puedan volver a casa.
Que la siguiente generación no crezca contando muertos como rutina.
La violencia no puede seguir marcando el ritmo del país.
Si el Estado pone límite, ahora le toca sostenerlo.
Ojalá dentro de diez años estemos hablando de otra cosa.
Eso sí sería fortaleza.