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Encaremos la verdad, hubo corrupción en el gobierno de Claudia Pavlovich Arellano, y en un nivel que es difícil de imaginar, los quebrantos a las finanzas públicas de Sonora fueron tantos, que alcanzaron todos los niveles de la administración pública, desde el despacho de la entonces jefa del Poder Ejecutivo, hasta las direcciones generales y de área, pasando claro está por las secretarías, consejerías, organismos públicos desconcentrados y demás.

Un cálculo a nivel somero habla de casi 8 mil millones de pesos entre desvíos, faltantes y trácalas, aunque la verdad es que los desfalcos pueden ser mucho mayores si partimos de los créditos sin justificación, las obras no realizadas, pero reportadas como terminadas, el saqueo sistemático al Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y demás instancias.

Todo esto ha arrojado una situación inédita, en la que hay 172 auditorías en ejecución, 17 de ellas especiales, 13 sobre obras que se asume que no fueron realizadas o que fueron dejadas en niveles deficientes, y otras 142 que son consideradas “normales”.

En sí se trata del mayor proceso de investigación y análisis de las cuentas de un gobierno que se haya realizado en la historia de Sonora, y la máxima con la que operan el Secretario de la Contraloría en Sonora, Guillermo Noriega Esparza y sus sabuesos, es la de seguir el rastro del dinero a fin de encontrar los pecados que se cometieron durante el sexenio 2015-2021 en Sonora.

Lo más lamentable son claro los antecedentes, la exgobernadora Claudia Pavlovich hizo campaña prometiendo que acabaría con la corrupción y que combatiría los excesos de Guillermo Padrés Elías y sus compinches en el gobierno.

De las auditorías que hay contra el gobierno de Claudia Pavlovich, nominada para ser Cónsul de de México en Barcelona por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, llama la atención que todos los caminos conducen a los mismos lugares: Ricardo Martínez Terrazas ex secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Enrique Claussen Iberry, ex secretario de Salud y ex titular del Isssteson; y Raúl Navarro Gallegos, ex titular de la Secretaría de Hacienda, en este caso por las auditorías especiales que hay en su contra.

Las auditorías especiales, son precisamente las que le rascan a lo obvio, los casos en que hubo desvíos multimillonarios y enormes negocios, se dice que de las cosas más difíciles de ocultar son el amor y el dinero, y en este caso todos en Sonora saben que los funcionarios del gobierno de Claudia Pavlovich movieron enormes fortunas y se enriquecieron ellos e hicieron millonaria a la familia de la ex gobernadora.

La Secretaría de Infraestructura tiene 4 auditorías especiales, una por permisos eventuales de transporte, otra mas presuntos desvíos en la construcción del nuevo hospital general (mismo que vino a inaugurar el presidente y al que le metió su gobierno casi 1 mil millones de pesos), otra más por ingresos y egresos del Fondo para la Modernización del Transporte y una más por el desvío de los recursos destinados al mantenimiento de las escuelas. A Ricardo Martínez Terrazas le andan pisando los talones y de él se señala que fue muy cercano de Sergio Torres, el esposo de la gobernadora.

Enrique Claussen, el compadre de la exgobernadora Pavlovich tiene 3 auditorías, una por la construcción del ya mencionado hospital, en el que se invirtieron 2 veces los recursos para terminarlo, otra más por la eficacia y transparencia de los recursos empleados en 2020 y 2021 para adquisiciones de bienes y Servicios durante la contingencia por Covid-19 y una más en su carácter de ex director del Isssteson, en especial por el manejo de pensiones, jubilaciones y adquisiciones de bienes y servicios, entre ellos medicinas y equipo médico de septiembre de 2015 a septiembre del 2021.

Raúl Navarro Gallegos, pieza en el gabinete del ex gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera (1991-1997) tiene ni más ni menos que 4 auditorías en marcha, 1 por la construcción del nuevo hospital general y la gestión de los recursos relacionado, otra más por la resignación de recursos presupuestales por la pandemia de Covid-19, una por la enajenación de bienes inmuebles del del gobierno del estado, a manos de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, y una más por la inscripción por compraventa, cancelación de gravámenes, extinciones de dominio y otros trámites ligados a la propiedad de bienes inmuebles.

Es decir 11 de 17 “investigaciones especiales” van a esas dependencias por el rastro del dinero, y aunque hay otras como la de la televisora Telemax por la “Estafa Maestra”, otra a la Financiera para el Desarrollo de Sonora, otra a la Comisión de Vivienda, a la Secretaria de Gobierno, a Seguridad Pública y una más a la Secretaría de Desarrollo Social, el eje de la corrupción se centra en esas 3 dependencias.

Demian Duarte en Twitter: @Demiandu

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