El Presidente AMLO sabe muy bien que si de esta coyuntura conflictiva de los enfrentamientos con la criminalidad transnacional sale con victorias de impacto, el tránsito de la Guardia Nacional desde un estatus semi-civil a otro integrado a la institución militar por excelencia como es la SEDENA, será suave y factible. No escogió ni provocó la coyuntura pero la va a aprovechar.

Este debate ha sido largamente anunciado por quienes entendimos de inicio que se había generado un cuerpo armado nuevo (innovación institucional) semi-militarizado, es decir, formación militar y tareas de policía civil (cuerpos intermedios se les llama, existen en muchos países, ubicados entre las policías preventivas y el ejército profesional) con un marco constitucional negociado con la oposición, contradictorio y heterogéneo, aprobado en Cámara de Diputados y en Senado. Se dispuso que atacara el tema de la seguridad pública y el de la seguridad interior simultáneamente.

Al no haber marco legal constitucional sobre la segunda (seguridad interior), dicho cuerpo se asimiló por completo al primero (seguridad pública) apoyado en un inexistente en la práctica (me refiero en forma completa e integral) Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las columnas más leídas de hoy

La Guardia Nacional se contempla en la Constitución Política de 1917, en la Ley del Servicio Militar y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pero no existía una Ley Orgánica que la sustente por lo que había un vacío legal que buscó cubrirse con la emisión de esa Ley Orgánica ausente.

El dictamen aprobado reforma los artículos 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123 de la Constitución Política con la creación de la Guardia Nacional, que estará encargada de prevenir y combatir el delito en todo el país.

La investigación de los delitos, del fuero federal (en donde se clasifican los tipos penales de la delincuencia organizada) y del fuero común (en donde se tipifican los del crimen ordinario), corresponden al Ministerio Público (MP), a las Policías y a la Guardia Nacional. Pero estos dos últimos actuarán bajo la conducción jurídica del MP.

También puedes leer

Primero operó (teóricamente) con un mando mixto: civil administrativo ubicado en la SSPC, en donde se adscribió inicialmente a la GN y táctico- estratégico-militar ubicado en la SEDENA. Las contradicciones fueron creciendo, porque la GN se abocó enteramente a combatir a la criminalidad transnacionalmente organizada “de la mano del ejército”.

Pronto el gobierno se dio cuenta de ello, y retiró de facto a la GN de la SSPC desapareciendo el “mando mixto” y quedando de facto también integrada a SEDENA. Lo que hoy se está procesando es la formalización de lo que existe desde hace dos años: su plena integración en SEDENA cediendo toda la parte administrativa legal.

La oposición “despertó” hace unas semanas y se opone con gran despliegue publicitario y declarativo a lo que existe desde hace tiempo y se modificó “en sus narices”. Las elecciones son infinitamente más importantes para ellos.

Hoy están alarmadísimos por el cambio planteado para formalizar una modificación de facto pero coadyuvaron directamente y con todos sus votos en Diputados y el Senado al nacimiento defectuoso y contradictorio de la GN.

Su falta de propuesta al respecto les reduce hoy al escándalo mediático cuando pudieron haber concertado una reforma a la altura de las urgentes circunstancias. Pero su apuesta era y es por el fracaso.

El gobierno también se equivocó, hacen falta muchos más cambios que un cuerpo armado nuevo y distintas formulaciones técnicas, tácticas y discursivas y otro comportamiento de ética pública, para derrotar a un crimen organizado globalizado muy poderoso. Lo mejor hoy es la inexistencia de contubernios oficiales en el primer círculo del poder con las grandes organizaciones criminales, incluyendo las de “cuello blanco”.

Pero tampoco basta con ello. Las patrañas que se repiten afirmando dicho contubernio criminalidad y gobierno federal son producto del dinero (voceros, propagandistas, seudo-periodistas, locutores, etc.) y la desesperación (los liderazgos políticos opositores). La seguridad pública es constitucionalmente deber de un poder y cuerpo civil.

Es verdad. Pero el crimen transnacional es un tema de seguridad nacional en su variante de seguridad interior, y entonces ¿De quién es deber actuar?. Del gobierno federal ¿Mediante qué cuerpo? ¿El ejército?. Entonces no regresarán a los cuarteles hasta la derrota completa del crimen globalizado. ¿Se dan cuenta de la contradicción y del desfase jurídico?. Además no hay Ley de Seguridad Interior.

El gobierno federal no procede a atacar las antinomias de fondo, quiere dejar todo como está y solo completar la adscripción de la GN a SEDENA. Otra falla importante. Entonces, es necesario que resolvamos el tema de las competencias jurisdiccionales de los cuerpos armados en los marcos constitucionales definidos desde 1917, y resolvamos hacia adelante el tema.

Las policías preventivas a defender a la ciudadanía de la criminalidad del fuero ordinario, y la Guardia Nacional con el apoyo de ejército y marina, a defender a la sociedad, a la República Federal, la riqueza nacional, al Estado, el Orden Constitucional vigente. Ambas, condiciones para el desarrollo con progreso social. Rompamos el nudo gordiano actual. Lo ideal sería avanzar hacia la reforma de la reforma.

El Presidente ha dicho que al NO poder procesar reformas constitucionales, van por reformas a los ordenamientos secundarios. Bien, veamos hasta donde se puede avanzar así. No es desdeñable lo que pueda lograrse.

Ahora bien: en este contexto problematizado, mantener la bandera de la lucha contra la militarización es absurdamente pueril, lo único que expresa es la esterilidad propositiva de quienes atacan estos planteamientos, que no son los ideales, pero los que se han tomado en términos de tres grandes circunstancias o realidades en materia de seguridad, crimen transnacional y corrupción pública:

a) articulación al interior de todas las instituciones del Estado de subestructuras de la criminalidad transnacional (incluyendo cuerpos armados);

b) imbricación de redes de criminalidad de cuello blanco que capturaron al Estado y han saqueado la riqueza nacional y las finanzas públicas con élites políticas y económicas;

c) vulnerabilidad amplificada del orden constitucional en todo el territorio de la República.

Incorporar a la institución militar a distintas tareas dentro de la administración pública –no gobiernan los militares- no es quizá lo mejor, pero ha sido una vía concebida por el Presidente AMLO para atacar los tres azotes mencionados de la situación nacional.

El argumento más socorrido para adscribir la GN a la SEDENA es que puede terminar penetrada y dominada por el crimen globalizado. Hay una experiencia de por medio. Quien dirigió a la Policía Federal (García Luna) está acusado en las cortes de Nueva York por criminalidad transnacional. No es gratuita la inmensa desconfianza.

Partamos de cómo estamos y luego discutamos si las medidas son las mejores o hay otras. Otros ejemplos: la marina administra hoy los puertos y las aduanas marítimas. ¿Cómo quedaron luego del experimento privatizador de las Administraciones Portuarias Integrales, siendo temas de la seguridad nacional en México y en todos lados?: totalmente cooptadas por el crimen transnacional, ahogadas en complicidades criminales.

Es el mismo caso de los aeropuertos, también áreas de la seguridad nacional, dominados por el crimen globalizado para cargamentos de drogas y tráfico de personas, incluso VIP que venían de Asia y pagaban hasta 25-30,000 dólares por persona.

Todo arreglado para ser trasladados a Nueva York o Miami, incluyendo hospedaje de primera. La industria de la construcción en las “obras monstruo” de cientos de miles de millones de pesos. Mismo caso, sector predilecto del “crimen de cuello blanco” con asociaciones delictuosas de capital mixto.

Lo que sí considero es que debieran ser medidas de emergencia nacional y sean canceladas en cuanto la situación lo permita. Cuanto antes mejor. No hacer de la excepcionalidad, una normalidad.