Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el manejo de la política energética alcanzó una estructura mafiosa nunca antes vista ni con los peores del pasado.
Múltiples investigaciones periodísticas coinciden en que detrás del entramado estuvieron los hermanos López Beltrán, quienes construyeron una red de poder e influencia que abarcó desde Pemex y CFE hasta organizaciones privadas.
El epicentro fue la creación de la Ayudantía Presidencial, donde fueron incorporados amigos cercanos de los López Beltrán —muchos de ellos exalumnos de la escuela Logos, propiedad del padre de Juan Pablo de Botton Falcón—, miembros del llamado Grupo Tabasco y otros colaboradores designados por el presidente. Desde las oficinas de presidencia operaron, coordinaron y controlaron sectores estratégicos, multimillonarios contratos energéticos y el huachicol.
La red de poder
El periodista Ramón Alberto Garza, en Código Magenta, reveló cómo los hermanos López Beltrán infiltraron a sus aliados en dependencias del gobierno federal. La denominada “pandilla de Andy y Bobby” se incrustó en posiciones clave de Pemex, Hacienda, el SAT, la CFE, la ASEA, Aduanas, la UIF, CENAGAS y CENACE, entre otras.
Los nombres que más se mencionan en las investigaciones son: Antonio Martínez Dagnino Asaf, director del SAT; Daniel Asaf, jefe de la Ayudantía Presidencial; Paloma Rachel Aguilar Corral, administradora de Recursos del SAT; Marcos Herrería, director de Administración y Finanzas de Pemex; Adrián Alipi Mena, titular del CENAGAS; Rogelio Hernández Cázares, presidente de la CNH; y Ángel Carrizales López, director de la ASEA, además, funcionarios de segundo nivel en Sener y la CRE, encargados de autorizar proyectos y licencias.
El grupo de influencia también incluye a Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO, y su hija, Carmelina Esquer Camacho, nombrada directora de Pemex Procurement International (PPI), filial de Pemex en Houston, y quien coincidió con la esposa de José Ramón López Beltrán, la cual trabajaba como bróker en contratos vinculados a la empresa paraestatal.
Negocios al amparo del poder
La red de los hijos presidenciales se cubría con nombramientos estratégicos: en la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, quien presuntamente se enriqueció con el proyecto Dos Bocas, mientras facilitaba que todo se ejecutara de acuerdo con las instrucciones del llamado “grupo familiar”, la cobertura siguió en Veracruz donde a muchos les dio cabida para protegerlos.
En Pemex, Octavio Romero, miembro del Grupo Tabasco, permitió maniobras relacionadas con hidrocarburos y operaciones de huachicol. En la CFE, Manuel Bartlett Díaz coordinó con los López Beltrán el presunto huachicol del diésel, acompañado de Miguel Reyes, director de CFE Energía, y de funcionarios de la ASEA y CENAGAS.
Uno de los casos más señalados fue la obstrucción al proyecto del gasoducto a Yucatán. Fuentes del sector aseguran que se frenó para justificar el negocio millonario de la compra del diésel utilizado en las plantas de Mérida y Valladolid.
Extensión estatal y empresarial
El cártel energético no se limitó al ámbito federal, la red operó en los gobiernos estatales con aliados cercanos: Alfonso Durazo en Sonora, Américo Villarreal en Tamaulipas, Rubén Rocha en Sinaloa, Adán Augusto López y Carlos Merino en Tabasco, Layda Sansores en Campeche, Joaquín Mena en Yucatán y Mara Lezama en Quintana Roo. En cada estado se promovieron o bloquearon proyectos energéticos según convenía.
A nivel privado, el grupo impulsó la creación de asociaciones empresariales. La Asociación Energía Puesta en Marcha, encabezada por Lizeth Perla Padilla, cercana al senador Esquer, agrupa a gasolineros y compañías del sector energético, obligándolas a participar en la negociación y coyotaje.
Otra organización es la AMGN, donde el Grupo Diavaz, de Luis Vázquez Sentíes, mantiene el mando y vínculos directos con los López Beltrán. Su sobrino, Alfredo Bejos, funge como vicepresidente, reforzando la red de intereses en perjuicio de sus agremiados.
Infiltración en empresas privadas
René Buentello Carbonel, ex vicepresidente jurídico de Sempra Energy, sus hermanos Carlos y Hugo, uno detenido por fraude y otro por corrupción en Segalmex están en la red de amigos de Andrés López Beltrán.
En TC Energy varios exfuncionarios de la CFE relacionados con el grupo pasaron a ocupar cargos jurídicos o directivos, replicando el modelo de influencia.
El control continúa
Aunque López Obrador dejó el cargo, la estructura persiste. El control, aseguran, se mantiene a través de la secretaria de Energía, Luz Elena González, cercana al Grupo Tabasco y, según el periodista Ramón Alberto Garza, vinculada con uno de los hijos del expresidente. Su papel, garantizar la continuidad de los intereses construidos en el sexenio anterior.
A pesar de las presiones internacionales, particularmente de Estados Unidos, Francia, España y Reino Unido, y de sectores del nuevo gobierno, como la Secretaría de Economía o Altagracia Gómez, presidenta del Consejo Asesor Empresarial, el cártel energético sigue intacto.
El cártel energético se consolida como una de las redes de poder más sólidas del México contemporáneo. Su poder radica en la red de funcionarios, empresarios y aliados que se colocaron estratégicamente durante seis años. El entramado concentra los negocios y un sistema paralelo de control político y económico, difícil de desmontar sin consecuencias institucionales.
X: @diaz_manuel