No se trata de defender a la gobernadora Maru Campos. Según se ha informado, agentes de la CIA intervinieron en la operación que desmanteló un laboratorio de drogas en Chihuahua. Sin embargo, las acusaciones que pesan sobre Campos, mismo si fuesen verificadas, son muy menores en relación con los señalamientos hechos contra el gobernador Rubén Rocha.
En primer lugar, porque se ha informado que el operativo en Chihuahua contó con la presencia de las fuerzas armadas. Este elemento es indicativo de que el gobierno federal, sea el ejército o la Guardia Nacional, tuvo conocimiento sobre los eventos. Y en segundo lugar, y sin el ánimo de restar legitimidad al argumento de que la FGR de Ernestina Godoy debe investigar el caso pues podrían haberse violado las leyes federales en materia de seguridad nacional, la CIA ha operado desde siempre en territorio nacional, al igual que otras agencias extranjeras.
El asunto de Campos es, en resumen, un evento dónde una gobernadora podría haber incurrido (insisto, podría, si efectivamente no se informó a ningún agente del gobierno federal, como no parece ser el caso) en contravención de una ley federal, y dónde se desmontó un sitio de producción de drogas en la sierra de Chihuahua. Godoy estará obligada a investigarlo y a contar la verdad sobre los hechos, si de verdad le interesa. Lo dudo.
El caso de Rocha es inmensamente más dramático y sintomático de una crisis de mayor calado. Por un lado, se ha confirmado la existencia de un narco estado en Sinaloa, sumado a las sospechas de una red criminal que bien podría extenderse hacia todas las capas del morenismo, desde alcaldes y gobernadores hasta funcionarios del gobierno federal.
Y por el otro, si el gobierno de la presidenta Sheinbaum opta por continuar protegiendo a Rocha, podría conducir a una gravísima crisis con el gobierno de Estados Unidos; dónde un presidente sin escrúpulos estaría decidido, de considerarlo necesario, a intervenir militarmente en territorio mexicano o a incluir a México en la lista de países que apoyan el terrorismo, al lado de Cuba, Irán, Pakistán, entre otros, con las dramáticas consecuencias que esta decisión en Washington podría suponer para el país.
Los voceros del obradorismo seguirán hablando del caso de Campos como una suerte de respuesta desesperada ante la crisis mayúscula presentada por el vergonzoso asunto de Rocha. Sin embargo, la opinión pública y los mexicanos debe tener claro que las acusaciones que hoy pesan sobre el gobernador de Sinaloa, el senador Inzunza y los otros sinaloenses señalados representan una amenaza sin precedente en los últimos años en términos de gobernabilidad, seguridad, relación con Estados Unidos y la imagen de México en el mundo.